Crisis de refugiados

¿Sabías que la UE también tiene su ‘green card’ para inmigrantes muy cualificados?

Bruselas trata de darle un nuevo impulso a la ‘tarjeta azul’, que ha fracasado por exceso de burocracia.

El comisario de Inmigración, Dimitris Avramopoulos, en una reciente rueda de prensa

El comisario de Inmigración, Dimitris Avramopoulos, en una reciente rueda de prensa

  1. Crisis refugiados
  2. Comisión Europea
  3. Cuota de refugiados

Estados Unidos sigue siendo el destino favorito de los inmigrantes muy cualificados, que luchan por conseguir las codiciadas ‘green cards’ para vivir y trabajar allí. La Unión Europea trató de copiar este modelo -cambiando el color- y creó en 2009 su propia ‘tarjeta azul’ para competir en la atracción de personas con talento. Siete años después, muy pocos ciudadanos extranjeros (o comunitarios) conocen este permiso especial de trabajo. Y los que saben de su existencia no lo utilizan por las trabas burocráticas.

La Comisión ha propuesto este martes una reforma para darle un nuevo impulso a la tarjeta azul. Es uno de los pilares de la respuesta a la actual crisis migratoria que más se ha descuidado hasta ahora: abrir canales de inmigración legal.

“Si queremos competir con la ‘green card’ de Estados Unidos, necesitamos una tarjeta azul que tenga el mismo atractivo”, ha dicho el comisario de Inmigración, el conservador griego Dimitris Avramopoulos, al presentar su plan de reforma. “Pasaremos de un sistema fragmentado, rígido y poco atractivo a otro que sea auténticamente europeo, sostenible y eficaz”, sostiene Avramopoulos.

En estos momentos, la Unión Europea no resulta un destino atractivo para los inmigrantes con mucha formación y talento, que son precisamente los que tienen un mayor impacto positivo en la economía. Sólo el 31% de estas personas altamente cualificadas han elegido Europa para instalarse y trabajar, mientras que el 57% prefiere Estados Unidos.

Aunque la UE ha superado a EEUU como principal receptora de estudiantes extranjeros, la mayoría de ellos no se quedan después de licenciarse. Únicamente lo hacen entre el 16% y el 30%, según un estudio difundido este martes por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Las razones del fracaso de la tarjeta azul

La tarjeta azul no ha servido para resolver el problema. En 2014, el último año para el que hay datos disponibles, sólo se concedieron 13.852 en toda la UE. El 90% las acapara Alemania, el único país miembro que parece haberle encontrado alguna utilidad a este instrumento. En España se otorgaron únicamente 39 tarjetas azules en 2014, de acuerdo con los datos de la Comisión.

Si se suman la tarjeta azul y los diferentes sistemas nacionales de los estados miembros, la UE recibe al año alrededor de 80.000 inmigrantes muy cualificados. En contraste, Canadá y Australia acogen a 60.000 cada uno.

El principal motivo del fracaso de la tarjeta azul es la dificultad para obtenerla, según la propia OCDE. Uno de los mayores obstáculos se encuentra en el umbral salarial. Sólo pueden beneficiarse de este permiso especial los inmigrantes que cobren más de 1,5 veces el salario medio del país en el que vayan a residir. Es decir, más de 33.800 euros anuales en el caso de España o más de 47.600 euros en el caso de Alemania. Y esto excluye a un gran número de trabajadores.

También se exige una oferta de trabajo de al menos 12 meses y pruebas que demuestren un alto nivel de formación. Y los beneficiarios de la tarjeta azul en un país de la UE tienen muy difícil ir a trabajar a otro estado miembro. Además, en muchos países existen normas, condiciones y procedimientos nacionales paralelos que limitan el acceso a este régimen.

Los cambios que propone Bruselas

En estos momentos, la crisis de refugiados absorbe toda la atención de la UE. El último plan de Bruselas consiste en exportar el modelo del acuerdo con Turquía a los países de África. La prioridad es reforzar los controles fronterizos, frenar los flujos migratorios y repatriar a las personas que consigan llegar. Pero el comisario de Inmigración ha defendido también la necesidad de abrir nuevas vías legales de inmigración.

A juicio de Avramopoulos, hay dos motivos importantes para dar ahora un nuevo impulso a la tarjeta azul. En primer lugar, ya hay sectores que no pueden cubrir la demanda de trabajadores muy cualificados. Por ejemplo, Bruselas prevé que en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación habrá alrededor de 756.000 puestos de trabajo vacantes de aquí a 2020, mientras que en la sanidad la cifra aumenta hasta el millón. Además, debido al envejecimiento de la población en la UE, el número de personas que trabajan caerá en 20 millones durante el mismo periodo.

Si la UE no actúa, las personas de mayor talento seguirán eligiendo a sus principales rivales económicos -EEUU, Canadá o Australia- como destino de trabajo. Para hacer más atractiva la tarjeta azul, la Comisión propone flexibilizar las normas. En primer lugar, se establece un régimen único para toda la UE y se suprimen los sistemas paralelos nacionales. Además, se reduce el umbral salarial con una horquilla flexible (entre 1 y 1,4 veces el salario medio) y excepciones para los recién licenciados y sectores con mucha demanda.

La tarjeta azul seguirá estando restringida a los trabajadores con contrato, pero ahora servirá uno de seis meses en lugar de tener que haber firmado por un año. Los trámites se acortan de 90 a 60 días y se mejora la movilidad entre estados miembros. Los refugiados que cumplan las condiciones también tendrán acceso a este permiso especial, algo que hasta ahora no era posible. Y se refuerzan los derechos de los beneficiarios y sus familias a la hora de acceder a un estatuto de residencia de larga duración.

La reforma tendrá un impacto positivo anual de entre 1.400 y 6.200 millones de euros al año gracias a los inmigrantes muy cualificados que se desplacen a trabajar a la UE, según los cálculos de Bruselas. No obstante, esta vez no habrá cuotas comunitarias. Cada país mantendrá el poder de fijar el número de personas a las que concede la tarjeta azul. Reino Unido, Irlanda y Dinamarca no participan en este sistema.