El fiscal cree que la causa contra el Govern debe ir al TS cuando sean aforados

La Fiscalía no es partidaria de que la causa abierta en la Audiencia Nacional contra los exmiembros del Gobierno de Cataluña sea asumida en este momento por la Sala Penal del Supremo, por lo que pedirá a la jueza Carmen Lamela que informe en ese sentido al instructor del alto tribunal, Pablo Llarena.

Este criterio es compartido tanto por los fiscales de Sala que se encargan de las diligencias que instruye el Supremo contra Carmen Forcadell y exmiembros de la Mesa del Parlament como por el jefe y el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso y Miguel Ángel Carballo.

Fuentes del Ministerio Público explican que esa posición es "coherente" con la práctica seguida por el Supremo, que en los procedimientos que afectan a aforados y no aforados sólo asume la competencia sobre los primeros, y con la finalidad de la reciente reforma de las reglas de conexidad realizada en la ley 41/2015 para evitar la denominada "elefantiasis procesal".

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela tiene que informar este martes a Llarena sobre los "antecedentes fácticos, procesales e investigativos" de las diligencias que instruye contra los exmiembros del Govern y contra los líderes de Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. A la vista de ese informe, el juez del Supremo decidirá si reclama la causa de la Audiencia Nacional para acumularla a la que afecta a los miembros del Parlament.

La Fiscalía cree que el Supremo no debería asumir la investigación sobre los exconsejeros hasta que, a resultas de las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre, vuelvan a ser aforados. Ahora no lo son ya que, en aplicación del artículo 155 de la Constitución, el Gobierno de España les cesó.

En los recursos que han presentado contra la prisión acordada por Lamela, varios de los investigados, como Josep Rull y Jordi Turull, expresan su "aceptación" del artículo 155 de la Constitución, lo que han hecho "sin efectuar ni promover ningún tipo de resistencia", destacan.

Con ello secundan la línea de Carme Forcadell, a la que Llarena libró de la cárcel con una asequible fianza de 150.000 euros tras hacer una manifestación similar.

Los recursos de los investigados por la Audiencia Nacional omiten, sin embargo, una renuncia clara a la vía unilateral seguida para la declaración de independencia, lo que sí hicieron en el Supremo Lluis Corominas o Lluis Guinó, que quedaron en libertad sin fianza.

Si la causa de la Audiencia Nacional permanece en este tribunal, los recursos de los exconsejeros serán resueltos por la Sala de lo Penal, que el pasado día 6 ya confirmó la prisión de Sánchez y Cuixart.

Para los investigados, en cambio, el procedimiento debería ser asumido desde este momento por el Supremo, una posición que para la Fiscalía tiene mucho que ver con la expectativa de recibir un tratamiento similar al de los miembros del Parlament en cuanto al mantenimiento de la libertad.

"Los exconsejeros, lo mismo que los Jordis, lo tienen muy fácil: que vayan a declarar ante Lamela y acaten la legalidad, renunciando a la declaración unilateral de independencia", dicen fuentes de la Fiscalía.

Las mismas fuentes señalan que, en todo caso, la mayoría de los exconsejeros volverán a ser aforados en breve, dado que la ley electoral no impide que se presenten a los comicios de diciembre y previsiblemente resultarán elegidos. Por ello, consideran que el Supremo "puede esperarse un mes y asumir la causa sin tener que forzar ahora la asunción de la competencia sobre no aforados".