El juez Vilaplana abre diligencias previas por la contratación de la mujer de Juan Espadas
El juez de los ERE, a instancias de Vox, ha estimado parcialmente la solicitud y le requiere al Servicio Andaluz de Empleo que aporte información.
21 diciembre, 2021 12:57Noticias relacionadas
El Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla ha abierto diligencias previas a petición del Grupo Parlamentario VOX en Andalucía sobre el proceso de contratación de Carmen Ibanco, la mujer del exalcalde de Sevilla y secretario general del PSOE-A Juan Espadas, en la Fundación Pública Andaluza de Formación y Empleo (Faffe).
Cabe recordar que Carmen Ibanco, mujer de Juan Espadas, fue contratada en 24 horas en febrero de 2007 para trabajar en la Faffe, un ente instrumental de la Junta de Andalucía hoy extinto. El pasado 10 de septiembre compareció en la Comisión de Investigación sobre esta Fundación en el Parlamento andaluz.
"Entré a trabajar en la Faffe porque vi un anuncio en el periódico y presenté mi currículo. Siempre he ocupado un puesto técnico y carente de responsabilidad política, soy una profesional acreditada en orientación laboral y empleo y soy licenciada en Psicología", aseveró entonces.
Desde que se publicó el anuncio en el periódico El País hasta que la mujer de Juan Espadas fue contratada transcurrieron diez días. Pero la oferta se publicó y abría un plazo de admisión de solicitudes que abarcaba desde el 21 de enero al 22 de febrero, pero en su caso, fue contratada en 24 horas, antes de que culminase el proceso de selección del ente público.
La diputada de Vox, Ángela Mulas, le requirió, entre otras preguntas en la citada Comisión de Investigación, que explicara cómo era posible que remitiese su currículo por correo electrónico "cuando en el anuncio [del periódico] sólo venían direcciones postales".
Ahora, el Juez Vilaplana, encargado de la instrucción de los ERE y titular del Juzgado de Instrucción nº 6, y tras la solicitud del Grupo Parlamentario VOX, demanda al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que aporte una serie de documentos, en una providencia, fechada el 30 de noviembre, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
El juez Vilaplana ha rechazado tres de las diligencias presentadas por Vox, y en concreto, las del bloque I, II y III del escrito, debido a que "la parte solicitante no justifica la pertinencia e idoneidad en cuanto a los hechos delictivos por los que se procede".
Pero sí ha estimado otras tres. La primera de ellas es la relativa a las bases reguladoras existentes para la ocupación de los puestos de trabajo relativos a puestos de Dirección de la Faffe y de Técnicos de Nivel E de dicha entidad. El juez quiere conocer “todos los requisitos valorables en las candidaturas presentadas por todos los ciudadanos interesados en acceder” al puesto de trabajo ofrecido.
También solicita al SAE que aporte "el registro de control horario de los puestos de dirección y Técnicos de nivel E de la Faffe durante los ejercicios de 2007 a 2011 a fin de acreditar la jornada la laboral prestada por los trabajadores de la Faffe que ocupaban dichos puestos de trabajo".
Por último, en las diligencias previas se solicita a la Junta de Andalucía que aporte "la totalidad de las candidaturas presentadas respecto de los puestos de Técnico de nivel E- directivo de la Faffe, de las convocatorias de 2006 y 2007 a fin de poder determinar el motivo por el que fueron seleccionadas ciertas candidaturas respecto de otras existentes en el proceso de selección".
Críticas al PP
Manuel Gavira, portavoz del Grupo Parlamentario VOX, ha aseverado que el Gobierno de la Junta de Andalucía "no está dando los pasos que consideramos oportunos para combatir la corrupción en Andalucía y acabar con la herencia de los enchufados del PSOE".
El parlamentario de VOX ha explicado que el último ejemplo "lo vimos con la aprobación del Proyecto de Ley de Trade". Gavira considera que el Gobierno de la Junta de Andalucía "está siendo pasivo con la corrupción y con los enchufes del PSOE".
Afirma que su partido "va a ser proactivo, y es por ello por lo que hemos solicitado al Juzgado, y nos lo ha concedido, la realización de una serie de pruebas para conocer efectivamente quiénes son los enchufados y qué actuaciones hacían dentro de la Junta de Andalucía".