Denuncian por homicidio imprudente a un general y a un coronel por la muerte de los guardias de Barbate

El general jefe de la Zona de la Guardia Civil de Andalucía y el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz afrontan una segunda denuncia por su gestión en el trágico episodio que terminó con el asesinato de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz) el pasado mes de febrero, arrollados por una narcolancha. En este caso, por un posible homicidio imprudente.

Ha sido la asociación profesional JUCIL, la mayoritaria en el Instituto Armado, la que ha interpuesto esta denuncia en los juzgados de Barbate por un presunto delito de homicidio por imprudencia y delitos de lesiones graves por imprudencia, tal y como ha podido confirmar EL ESPAÑOL con esta asociación.

JUCIL exige que ambos mandos den explicaciones y se investigue su presunta responsabilidad en los hechos ocurridos en el puerto gaditano el pasado 9 de febrero. Según la denuncia, la intervención policial en el Puerto de Barbate se realizó "bajo condiciones extremadamente peligrosas y sin los medios adecuados para enfrentar la situación".

En este sentido, JUCIL añade que "los superiores jerárquicos, a pesar de conocer los riesgos, ordenaron realizar una intervención para la que los guardias civiles que participaron no estaban preparados ni contaban con los recursos necesarios".

La denuncia de esta asociación se basa en las declaraciones realizadas por el jefe del equipo de los GEAS en sede judicial durante la investigación que está intentando localizar a los autores del asesinato. En este sentido, la denuncia revela que "el sargento que dirigía el equipo recibió una llamada del coronel jefe de Cádiz en la que se le indica que el superior jerárquico, el general jefe de la Zona de Andalucía, requiere al equipo GEAS para que acuda al puerto de Barbate".

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La denuncia continúa explicando que "en esa llamada se comunica al coronel que no pueden salir con la lancha de la Guardia Civil, ya que es muy pequeña y hay riesgo de que les pasen por encima con las narcolanchas". Esta aseveración, precisa JUCIL, "se comunica al superior incluso en dos ocasiones, entre otros comentarios, dado que no es posible realizar lo que es solicitado por los superiores ahora denunciados, por el riesgo sobre la vida de los agentes si salieran con la lancha".

Fotograma de un vídeo grabado desde la narcolancha de Kiko 'El Cabra' de la supuesta embarcación que sí arrolló y mató a los guardias civiles en Barbate. EL ESPAÑOL

El escrito de denuncia detalla que la embarcación de la Guardia Civil asignada para la intervención era "insuficiente frente a las narcolanchas, por ser estas significativamente más grandes y poderosas". Además, indica que los agentes asignados "no estaban adecuadamente preparados ni equipados para una operación de este tipo, lo que aumentó el riesgo para sus vidas".

Falta de preparación

La denuncia recoge que los componentes de los equipos GEAS no están preparados para este tipo de intervenciones policiales, mientras que los dos componentes del GAR que los acompañaban como refuerzo, carecían de los medios necesarios, por ejemplo, cascos protectores para afrontar la operación.

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JUCIL recuerda que ambos fallecidos sufrieron contusiones en la cabeza provocados por el paso sobre ellos de la narcolancha que los arrolló.

La denuncia también hace referencia a las condiciones meteorológicas desfavorables en el momento de la intervención, así como a las declaraciones previas de las autoridades que sugieren una falta de preparación y de medidas adecuadas por parte de la Guardia Civil para enfrentar este tipo de situaciones.

Además, en su denuncia, añade que la lancha de la Guardia Civil es un "equipo antiguo", con unas medidas inadecuadas para el fin que se encomendaba al equipo, "ya no solo hay que fijarse en la diferencia abismal entre las lanchas, lo cual se dejó constancia al superior que ahora se denuncia, y el riesgo de muerte que existía, la facilidad con la cual podían pasarles por encima y causar daños trágicos e irreparables (como sucedió), sino que la preparación de los agentes no era acorde a la intervención otorgada a los mismos por los superiores".

Mientras los GEAS no están preparados para estas intervenciones, los GAR carecen de entrenamiento en el ámbito náutico, "y aunque tuvieran algo de conocimiento, fueron asignados sin medios de protección, sin casco, sin chaleco protector antibalas, sin armas largas, portando una simple arma corta como los demás agentes".

"Fue el GEAS quien tuvo que otorgar un casco y neopreno para la actuación policial, casco que no sirvió de nada dado que los dos fallecidos tuvieron contusiones fatales en la cabeza, como se pueden observar de las autopsias contenidas en el atestado policial", señala la denuncia.

JUCIL ha señalado que estas circunstancias, como la mala calidad de los medios, la falta de preparación de los guardias civiles y las malas condiciones climatológicas, "eran conocidas por los ahora denunciados, quienes obligaron a realizarla, al ser superiores y los agentes no poderse negar, para que salieran".

Segunda denuncia

Esta es la segunda denuncia que se produce contra ambos mandos. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Barbate ya tiene abiertas diligencias contra el general y el coronel de la Guardia Civil que dieron la fatídica orden el pasado 9 de febrero de enviar a los guardias civiles en una zódiac contra seis narcolanchas.

Tras cumplir con esa orden, dos de los guardias fueron asesinados después de que una de las semirrígidas les embistiera y pasara por encima de su embarcación.

Según la denuncia de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), de la que ya dio cuenta EL ESPAÑOL, que ha dado lugar a la apertura de las diligencias, fueron ellos quienes decidieron que los agentes acudieran a la bahía de Barbate en esa embarcación.

La denuncia apuntaba a la infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales que resultaba de aplicación a ese tipo de servicios. En consecuencia, AUGC solicitaba que se abriera una investigación penal por si pudiera existir la presunta comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores, previsto en el artículo 316 del Código Penal.