PODEMOS/ZARAGOZA EN COMÚN

Zaragoza promueve otra línea de tranvía tras la ruina de 387 millones de la primera

El debate divide a la ciudad que no olvida la hipoteca de 639 millones de euros de la primera.

La primera línea del tranvía de Zaragoza a su paso por Independencia.

La primera línea del tranvía de Zaragoza a su paso por Independencia. Efe

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Uno de los proyectos estrella del exalcalde socialista Juan Alberto Belloch, el tranvía de Zaragoza y la construcción de su única línea, se ha visto salpicado por sospechas de corrupción, irregularidades en la contratación de las obras y una ciudadanía divida sobre su prioridad. Desde hace meses, con la llegada de Zaragoza en Común (Podemos e IU) al gobierno de la capital del Ebro, se comienza a promover una segunda línea de tranvía que continúe vertebrando la ciudad de este a oeste. El Ayuntamiento ya ha establecido un calendario para aspirar a la construcción de la segunda línea en varios años.

Sin embargo, en las últimas horas, según un informe del Tribunal de Cuentas, al cual ha tenido acceso EL ESPAÑOL, se describen las numerosas irregularidades acaecidas en la primera línea – y única - del tranvía de Zaragoza. Junto al demoledor informe del Tribunal de Cuentas, queda pendiente de resolución judicial las “obras fantasma” pagadas pero nunca ejecutadas o la hipoteca de 639 millones de euros hasta el año 2040 con cargo a todos los zaragozanos.

EL TRIBUNAL DE CUENTAS SEÑALA

El consistorio zaragozano, según un informe del Tribunal de Cuentas (TC), pagó a la SEM (sociedad de economía mixta) Los Tranvías de Zaragoza, 600.000 euros de más por la ejecución de la línea 1. Así queda reflejado en el documento oficial elaborado por el órgano fiscalizador al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Un informe preliminar que dibuja una arquitectura de irregularidades y falta de control municipal en cada uno de los procedimientos para la construcción del tranvía de Zaragoza.

El informe detalla que la SEM Los Tranvías de Zaragoza adquirió dos cobros indebidos. Uno de ellos – el más importante – corresponde a una bonificación en la certificación por pronta ejecución de la obra. Estipula el TC en sus conclusiones, que “no debió percibirse” la bonificación por parte de la SEM, un plus de alrededor de 416.000 euros según avanzó hace pocos días el Ayuntamiento de Zaragoza.

Otro de los abonos indebidos se debió a una revisión de precios que no se ajusta a derecho, según el tribunal fiscalizador, en este caso a la Ley de Contratos del Sector Público. Lo que condujo al ingreso indebido de 200.000 de los 1.223.557 euros que se transfirieron a la SEM Los Tranvías de Zaragoza. 

El detalle de estos dos pagos indebidos, que suman un total de 616.000 euros, “quizá serán reclamados” por el Ayuntamiento de Zaragoza a la SEM, según aclaró el portavoz del Gobierno de Zaragoza, Fernando Rivarés. Sin embargo, el TC señala numerosas “incidencias e irregularidades” más en la mayor parte del proceso de contratación de la infraestructura del tranvía zaragozano. Desde el anteproyecto del tranvía hasta el Plan Intermodal son criticados por el órgano fiscalizador por su “falta de control de legalidad en el pliego de condiciones o el indebido desglose en el informe de valoración de las ofertas de los criterios de adjudicación”.

Pedro Santisteve, alcalde de Zaragoza, junto a Colau y Ribó.

Pedro Santisteve, alcalde de Zaragoza, junto a Colau y Ribó. Efe

Y remarca el informe del tribunal que "constituyen incumplimientos de la normativa de contratos y no resultan conformes con los principios de publicidad, transparencia y objetividad que han de regir la contratación pública”. Pero también pone en alerta el proceso de selección de un socio privado para pertenecer a la SEM. La sociedad Los Tranvías de Zaragoza está participada por el Ayuntamiento en un 20% y en un 80% restante socios privados (CAF, FCC, Acciona, Tuzsa, Concessia e Ibercaja). Especifica el informe que el pliego del contrato para seleccionar el socio privado se produjo con “carencia e indefiniciones” al no haberse definido “con carácter previo a la licitación el presupuesto del contrato”.

El Tribunal de Cuentas subraya la falta de control por parte del consistorio: “Ni los informes del director de obra y la comisión técnica ni el acuerdo de aprobación municipal aludieron a las modificaciones realizadas, su alcance, ni a qué se debían ni se ofreció explicación alguna de las mismas”, explica el órgano fiscalizador en cuanto a la variación de importes en las obras de la línea uno del tranvía.

LO QUE NO SE CUENTA

Pese al demoledor informe del Tribunal de Cuentas, aún queda por dirimir determinadas irregularidades en el tranvía zaragozano. Algunas de ellas se encuentran actualmente en el Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza a instancias de la Fiscalía Anticorrupción. Se trata de las llamadas “obras fantasma” del tranvía. La magistrada que lleva el caso, Nicolasa García, estudia la documentación que afecta al concurso por el que la gestión acabo en manos de la UTE Acciona-FCC, perjudica la creación de la mencionada SEM y también, a la facturación de cuatro obras cobradas por la UTE pero que nunca llegaron a realizarse.

La SEM, nunca negó los hechos. Es más, la sociedad defendía la legalidad en incluir obras no ejecutadas pese al cobro posterior, pero explicaba en su momento que las certificaciones no incluían trabajos realizados no previstos en un inicio. Desde el pasado mes de mayo, la Fiscalía Anticorrupción estudia el caso tras la denuncia que interpuso un particular en el juzgado por la comisión de cuatro delitos: prevaricación, falsedad documental, malversación de caudales públicos y delitos continuados relativos a la ordenación del territorio. La querella presentada detalla que “las obras fueron validadas por técnicos, es decir, certificadas y cobradas, pero no llegaron a realizarse”.

“Las obras fantasma” resultarían ser cuatro obras no ejecutadas pero finalmente certificadas y abonadas a la UTE. Una de las obras que queda detallada es el traslado de la fuente de la plaza de España – el monumento a los mártires de la religión y la patria - por un importe de 200.000 euros. La segunda “obra fantasma” sería el traslado de la fuente de la plaza Paraíso por un importe de 487.578 euros.

La tercera partida investigada es la construcción de una nave de servicios en las cocheras de Parque Goya, por una valor total de 700.350,87 euros. Cierto es que no se construye la nave fijada en un inicio, pero se edifica unos pequeños “talleres” por un importe de casi 60.000 euros. Pese a ello, en el presupuesto final de ejecución se estipula como cobrado la primera cuantía. La cuarta obra inexistente se trata del cambio de ubicación de la salida del aparcamiento público anexo al centro comercial Puerta Cinegia, en plena plaza de España. El montante total supone 108.796,05 euros.

En conjunto, las cuatro obras cobradas por la UTE (FCC y Acciona) pero nunca ejecutadas supusieron para las arcas públicas un coste de 1.496.724,92 euros. En su momento, el Ayuntamiento zaragozano y la SEM, reconocieron públicamente las obras certificadas que no llegaron a ejecutarse porque se “compensaron” por otras obras no incluidas en el proyecto. Todavía está pendiente de resolución judicial el caso de las “obras fantasma” del tranvía de Zaragoza. Pese a ello, diversos juristas consultados por este diario reconocen que esta práctica es “ilegal, aunque sea por el sistema de precio alzado”. 

EL PP LO CALIFICA DE “DESMADRE” Y EL PSOE APLAUDE

Una vez conocido el informe preliminar del Tribunal de Cuentas, se sucedieron una cascada de reacciones por parte de los grupos políticos en el Ayuntamiento de Zaragoza. Sin duda, el más crítico con lo detallado en el informe fue el concejal del PP, Sebastián Contín. “La ejecución de la obra ha sido un desmadre total”, explica el edil en declaraciones a EL ESPAÑOL. Contín entiende que el informe ilustra un “permanente e insultante incumplimiento de los pliegos, incidencias e irregularidades que resulta asombrosa” y pide aclarar responsabilidades políticas para saber “quiénes son los responsables”.

Por otro lado, el partido que ocupaba el Gobierno de Zaragoza en el momento de la construcción del tranvía, el PSOE, califica el informe de “éxito en la gestión”, al confirmarse que no hubo sobrecostes en la obra. “No ha habido mala gestión o malversación de caudales públicos” afirman a este diario fuentes socialistas.

RIVARÉS CONTRA EL BANCO DE ESPAÑA

Las cuentas del Ayuntamiento de Zaragoza desglosan una situación cercana a la quiebra técnica. Así lo desvelaba el Banco de España en un reciente informe el pasado mes de mayo. El banco emisor certificaba que Zaragoza era la única ciudad de España que seguía aumentando su deuda municipal. Un informe que evidenciaba la mala gestión de las legislaturas socialistas, pero sin duda, un revés para el nuevo Gobierno de Zaragoza capitaneado por Pedro Santisteve (Podemos e IU).

Sin embargo, lo que delataba el informe iba más allá. El Banco de España obligaba al consistorio zaragozano a que todas las deudas que acumula la sociedad del tranvía computarán en el balance municipal. La decisión del Banco de España certificaba que el Ayuntamiento de Zaragoza debía más de 1.000 millones de euros, lejos de los 800 que se contabilizaban y defendían hasta ahora.

Desde la publicación del informe del Banco de España, el Consejero de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, negaba el informe y su pésima repercusión financiera para el consistorio. Es más, en el momento de la publicación del informe, Rivarés explicaba para EL ESPAÑOL que “los casi 300 millones del tranvía solo son a efectos contables para Zaragoza, pero computan como deuda para el Gobierno de España”. La situación es heredada y estamos haciendo frente a ella”.

El mencionado informe del Tribunal de Cuentas sobre las irregularidades manifiestas en la línea uno del tranvía, también avala la decisión del Banco de España que niega Fernando Rivarés. En su apartado de conclusiones – en el último párrafo – explica que “la propiedad económica de la inversión involucrada en el contrato de gestión del servicio público del tranvía era del Ayuntamiento”, y aclara, “debiéndose registrar la inversión pendiente de financiación pública como gasto público del Ayuntamiento, incrementando el déficit público”.

Y el informe del TC concluye afirmando que “la deuda financiera efectiva mantenida por el Ayuntamiento es un déficit calculado en 256 millones de euros, como préstamo de asociación público-privada por la construcción del tranvía”.

A pesar de la rotundidad del informe del Tribunal de Cuentas, que replica la misma posición jurídica que el Banco de España, el Consejero de Hacienda, Fernando Rivarés, negaba la mayor. “El informe dice que es una decisión del Banco de España”, explicaba al tiempo que concluía afirmando que desde una posición política “esos 256 millones de euros no son deuda de la ciudad, solo computan en términos de contabilidad nacional”.

ZARAGOZA DIVIDA POR LA LÍNEA DOS DEL TRANVÍA

El tranvía de Zaragoza – su única línea – fue construido entre 2008 y principios de 2013. La factura completa que dejaron las obras fue de cerca de 400 millones de euros. Sin embargo, nunca se publicaron las facturas de manera clara y transparente. Pese a las dos peticiones de los grupos municipales de formar una comisión de investigación en el Ayuntamiento, a día de hoy, se desconoce la factura global. “Los zaragozanos no saben cuanto ha costado el tranvía, ¿qué tomadura de pelo es esta?, decía recientemente el edil popular Sebastián Contín.

Actualmente, tras el estudio de viabilidad de una segunda línea impulsado por el exalcalde Belloch y heredado por el actual alcalde, Pedro Santisteve, se debate su viabilidad económica. Fuentes de Zaragoza en Común (Podemos e IU) reconocen a EL ESPAÑOL que la realización de una segunda línea de tranvía no estaba contemplado en su programa electoral. Pese a ello, han impulsado una consulta ciudadana sobre el trazado para conocer el coste total de la línea. 

Zaragoza en Común se compromete a tomar una decisión sobre la construcción de la segunda línea a finales de 2017, cuando la consultora IDOM-TYPSA entregue el proyecto al Ayuntamiento, junto con una propuesta viable de financiación, y se haya aclarado la participación de otras instituciones como la de los gobiernos central y autonómico o la UE así como la situación de las arcas municipales.

El concejal del PP, Sebastián Contín, en rueda de prensa.

El concejal del PP, Sebastián Contín, en rueda de prensa. Álvaro Sierra

El alcalde Santisteve, hace pocas semanas, consideraba que lo último sería hablar de la financiación. Una decisión vinculada al coste global de la alternativa elegida y a la disposición financiera de otras instituciones nacionales o europeas. Una decisión, remarcaba Santisteve, que “no se tomará en despachos”, sino que se abrirá un proceso de participación para “escuchar a los barrios”. Y efectivamente, el próximo mes de diciembre los zaragozanos están llamados a elegir uno de los cuatro trazados presentados por el consistorio. Pese a ello, el voto de los ciudadanos solo valdrá un 30% en la decisión final.

La construcción de una segunda línea del tranvía, eje oeste – este, divide a la ciudadanía. Así lo contempla una encuesta reciente de Heraldo de Aragón realizada por A + M sobre la ejecución de una nueva línea de tranvía junto a un plan estratégico de movilidad. Según la encuesta publicada, el 67,5% de los encuestados apoyan un referéndum vinculante para decidir sobre la construcción del segundo vial.

El mismo estudio, revelaba la situación de indecisión y división en la ciudad de Zaragoza. Si a día de hoy se convocara una votación para decidir sobre la segunda línea, tan solo recibiría un 43,6% de apoyos, por el contrario, un 36% de ciudadanos muestran su negativa a la implantación de una segunda línea. El 20,4% de los votantes no tienen definida su posición. Si se aplicará el factor financiero, el 29,7% mostraría su apoyo “dependiendo del coste”, junto a un 36,1% que lo considera prioritario y un 25,5% “prescindible”. Es más, al desvelar la previsión de coste en la segunda línea en unos 200 millones de euros, la mayor parte de los indecisos se traslada al “no”. En concreto, un 39,1% apoyaría su puesta en marcha, un 37,8% la rechazaría, y un 23,1% no se pronuncia.