Caso Pujol

La Policía identifica al testaferro del clan Pujol en Panamá

Busca el grueso de la fortuna de la familia del expresident tras José Cornelio Berniales, un panameño de 54 años que alquila su identidad para ocultar fondos.

Pasaporte de Berdiales Rodríguez.

Pasaporte de Berdiales Rodríguez.

La Policía busca en estos momentos el grueso de la fortuna de la familia Pujol en Panamá y se centra en la figura de un testaferro de nombre José Cornelio Berdiales Rodríguez y en un despacho: Alemán, Cordero, Galindo & Lee. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado disponen de información procedente de este bufete, similar al ya célebre Mossack Fonseca, que señala que constituye el epicentro de las finanzas ocultas del clan catalán por el que habrían pasado varios cientos de millones de euros.

Según aseguran a EL ESPAÑOL fuentes de la investigación, la Policía dispone en estos momentos del testimonio de al menos un intermediario que participó en el trasvase de fondos de Andorra a Panamá que ha facilitado varios números de cuenta así como la identidad de varios testaferros que han camuflado los movimientos.

Jordi Pujol en su comparecencia en el Parlament de Cataluña.

Jordi Pujol en su comparecencia en el Parlament de Cataluña.

Uno de estos fiduciarios, tal y como ya ha podido acreditar la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) es el ciudadano panameño de 54 años José Cornelio Berdiales, que participa en la constitución de varias entidades en Panamá y Belice tras las que se esconden los miembros de la familia del ex presidente autonómico catalán.

La reaparición de Piqué Vidal

Este testaferro se ha presentado ante varios notarios de la Ciudad de Panamá como "varón, mayor de edad, panameño, ejecutivo, casado y vecino de esta ciudad con cédula de identidad personal 8-231-554". Bajo el control de este ciudadano se encuentran las entidades Clipperland Foundation, Global Services Advisory Limited y Kopeland Foundation.

El testimonio que obra en poder de los investigadores sitúa en la maniobra de desvío de fondos a Panamá al abogado Joan Piqué Vidal, históricamente muy próximo a la figura de Jordi Pujol Soley y que fue condenado en 2005 a siete años de prisión por extorsionar a empresarios en colaboración con el juez Lluis Pascual Estevill. Piqué Vidal compareció recientemente ante la comisión de investigación parlamentaria del caso Pujol y aprovechó para defender al ex presidente cuando se le preguntó por su dinero en paraísos fiscales. Piqué Vidal llegó a justificar que Pujol tuviera "un rinconcito" en el extranjero y tan sólo encontró reproches "éticos" a su actuación.

La "falta de colaboración" del clan

Mientras la Policía rastrea a fondo la conexión panameña del clan catalán ha presentado un nuevo informe ante la Audiencia Nacional en la que denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 5 la "falta de colaboración" de los miembros del clan en la investigación. La UDEF requirió a los Pujol toda la información relacionada con sus sociedades instrumentales en España y se ha topado con que sólo le han facilitado información sesgada de las mismas.

Por ello la Policía subraya que "el Código de Comercio establece la obligación de todo empresario de llevar la contabilidad ordenada, adecuada a la actividad de la empresa que permita un seguimiento cronológico de todas sus operaciones". "A tales efectos", añade, "es práctica habitual en el ámbito empresarial conservar estos libros al menos el periodo de tiempo que pervive la acción civil". Al tiempo que "la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales establece un periodo de diez años en cuanto a la conservación de la documentación a las empresas que prestan servicios de inversión e inmobiliarios".

Pese a ello, la Policía desvela que las sociedades utilizadas por los Pujol para cobrar comisiones "no han aportado documentación alguna relativa a los documentos que atestigüen la condición de sus accionistas". Asimismo, recalca que "el hecho de haber entregado únicamente la información contable desde el año 2008 en lugar de todos los registros disponibles como recoge el requerimiento, además de haber obviado incorporar la información relativa a su accionariado, puede interpretarse como una falta de colaboración por parte de los responsables de las mercantiles".