Le estaban investigando desde septiembre

La Fiscalía Superior de Andalucía denuncia a un consejero de Susana Díaz por prevaricación

La denuncia al asesor de Economía está relacionada con su etapa como vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla

Antonio Ramírez de Arellano.

Antonio Ramírez de Arellano. Junta de Andalucía

La Fiscalía Superior de Andalucía venía investigando desde el pasado mes de septiembre si el consejero de Economía y Conocimiento de la Junta, Antonio Ramírez de Arellano, pudo haber cometido un presunto delito de prevaricación administrativa y otro de falsedad en documento público en su anterior etapa como vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla (US). Ahora ha dado un paso más y le ha denunciado.

La Fiscalía ha confirmado que acaba de remitir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el decreto en el que insta la incoación de diligencias contra Ramírez de Arellano. Esto responde a que desde junio de 2015 tiene la condición de aforado al ser consejero del Gobierno andaluz.

El proceso arranca hace justo un año, cuando el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla le denunció por la supuesta adjudicación arbitraria de la redacción del proyecto de construcción del Centro de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Sevilla (Centrius), cuando este era el responsable de Infraestructuras en la Universidad Hispalense. La investigación se inició por la Fiscalía de Sevilla pero fue interrumpida al ser este elegido por la presidenta andaluza, Susana Díaz, para ostentar la cartera de Economía y, por tanto, al tener condición de aforado, siguió su curso en la Fiscalía Superior.

El origen del caso está fechado en septiembre 2008, cuando la Universidad de Sevilla firmó un contrato con un estudio de arquitectura para la redacción del proyecto del edificio Centrius, de 25.800 metros cuadrados y con un presupuesto de 34 millones, de los que 17,7 millones corrían a cargo del Gobierno central y de fondos europeos.

Según el Colegio, fue “contradictorio” que la licencia de obras para el edificio se concediera según un proyecto básico que fue visado el 13 de agosto de 2008, más de un mes antes de que, oficialmente, la Universidad encargara el trabajo a los autores mediante el contrato. Esta institución considera que la redacción del proyecto se adjudicó sin que existiera expediente de contratación, y a pesar de haberlo solicitado, la Universidad de Sevilla “nunca” ha puesto en manos del Colegio el expediente administrativo.

Ramírez de Arellano se defiende

Ramírez de Arellano ha negado la existencia de prevaricación administrativa, ha expresado su confianza en la justicia y ha pedido “respeto” a la tutela judicial y a la presunción de inocencia, según recoge Europa Press.

“Lo que se plantea es que no puede descartarse la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa y no otra cuestión. Esto es importante porque significa que no ha habido nuevas informaciones aparte de la propia denuncia (del Colegio de Arquitectos de Sevilla)”, ha manifestado en una rueda de prensa en Jaén, no sin considerar que se “debió presentarse desde el primer momento en sede judicial, si la entendió oportuna, y no en la Fiscalía de Sevilla, de forma que desde el principio hubiesen disfrutado de todas las garantías” previstas en el ordenamiento jurídico español.

También ha recalcado que “eran numerosos los pleitos” de carácter contencioso-administrativo que la Universidad de Sevilla y el ente colegial mantienen desde 2009 sobre la contratación del proyecto y construcción de un edificio de la Hispalense. Ha explicado que “aún continúan” y “han resultado en general contrarios a los intereses del colegio”. Pese a ello, se planteó, en marzo de 2015, una denuncia en la Fiscalía sevillana. Ha apuntado que remitió “en persona” copia de “todos los expedientes y diversas alegaciones elaboradas conjuntamente con los servicios jurídicos de la Universidad de Sevilla”.

C's remite al acuerdo con el PSOE

En Ciudadanos no han querido entrar a valorar esta denuncia contra Ramírez de Arellano porque, por el momento, es sólo eso, una denuncia. La formación naranja se remite al acuerdo firmado con el PSOE, por el que se establece que se apartará a cualquier imputado por corrupción política, y están convencidos de que los socialistas cumplirán lo firmado.

Desde el PP se han exigido explicaciones “inmediatas y contundentes” a Susana Díaz, y ha cuestionado si este debe seguir sentado en el Consejo de Gobierno. También han cuestionado su “fichaje”, porque como ha recordado la secretario general del PP-A, Loles López, este “se hizo sabiendo lo que había”, porque había denuncias previas contra él “por conceder a dedo” la redacción del proyecto de este edificio y montar los expedientes ‘a posteriori’.

Para el PP-A, con esta denuncia de la Fiscalía “queda claro que el Gobierno de Díaz no ha logrado despegarse de la sombra oscura que acompañó a los de sus padrinos, los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán”.