¿Delinquió el Gobierno vasco "comprando noticias" a medios afines?

¿Patrocinio?, ¿publicidad ilegal?, ¿trato de favor? Los interrogantes se dirimen en los tribunales de justicia del País Vasco a raíz de la denuncia presentada por UPyD en Vitoria contra el Gobierno de Íñigo Urkullu, a quien acusa de vulnerar la ley y pagar a medios de comunicación afines al PNV, pertenecientes al Grupo Noticias, por informaciones favorables a sus intereses que no estaban identificadas como publicidad. La vulneración se entiende en un contexto de trato de favor y financiación a determinados diarios (Deia, Noticias de Álava y Noticias de Gipuzkoa) y emisoras de radio (Onda Vasca).

La investigación recae en la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la capital alavesa, que este lunes ha tomado declaración como investigado –“imputado” hasta la reforma procesal– al ex director de Comunicación del lehendakari, Iñaki Bernardo. El responsable de prensa de Urkullu dimitió en octubre pasado como consecuencia de su imputación y la admisión a trámite de la querella, en la que se dilucida la presunta comisión de tres delitos: prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación con las Administraciones. El volumen de lo supuestamente defraudado ascendería en el único ejercicio examinado de 2013 a 241.180 euros, aunque el debate político no atañe tanto a la cantidad como al fondo de la cuestión sobre el presunto uso de dinero público para favorecer a medios de comunicación “amigos”.

Bernardo, cuyo abogado ha pedido el archivo de la causa, es el único querellado hasta el momento, pero el caso puede ampliarse ya que UPyD ha anunciado, tras su paso por el juzgado, que solicitará a la jueza “la imputación” de todos los responsables de Comunicación de los distintos departamentos del Gobierno en su ánimo de involucrar hasta los propios consejeros.

UPyD justifica este paso en que el ex director de Comunicación –que ha rehusado comentar su declaración ante los medios– sólo ha asumido su responsabilidad en dos de los doce contratos presuntamente irregulares suscritos con el Grupo Noticias, los firmados por él mismo desde el Departamento de Lehendakaritza (Presidencia). El partido magenta confirma que Bernardo ha mantenido la línea argumental del Gobierno vasco desde que saltara la polémica, hace año y medio. Son contratos de patrocinio, y no de publicidad, que no vulneran la ley, ha alegado en consonancia con la tesis defendida por el Gobierno.

UPyD sostiene lo contrario. El partido que fundara Rosa Díez está casi desaparecido en toda España pero cuenta en el País vasco con su único cargo electo en una asamblea legislativa. Su parlamentario, Gorka Maneiro, es además el coordinador de la Gestora que rige los destinos de la formación desde que Andrés Herzog dimitió tras el descalabro electoral del 20-D. La organización, que se ha retirado de un buen número de procesos judiciales contra la corrupción por falta de recursos, sigue adelante con este procedimiento.

Maneiro ha resumido en las puertas del juzgado la naturaleza del hecho que denuncia y el papel que pretende llevar a cabo. “Queremos que se haga justicia y se pueda saber si el Gobierno vasco vulneró la legalidad vigente y trató de manera favorable a un determinado medio de comunicación, financiándole de ese modo ilegalmente y utilizando el dinero público para beneficiarle y beneficiarse a sí mismo a través de la compra de noticias , ha señalado. En su opinión es “un escándalo democrático” que el Gobierno tratara de sacar “ventaja política” utilizando el dinero de todos en “beneficio” propio, para que “hablarán bien” de las acciones que lleva a cabo.

REPORTAJES AD HOC

El escándalo estalló en 2014 cuando UPyD denunció que el Gobierno vasco pagaba a medios afines al PNV (los rotativos Deia, Noticias de Gipuzkoa, Noticias de Gipuzkoa y la emisora Onda Vasca) por la difusión de informaciones, reportajes y entrevistas que carecían de indicativos publicitarios, de tal forma que el receptor podría pensar que se trataba de noticias originadas espontáneamente por la redacción pese a estar subvencionadas.

En un primer momento Maneiro identificó cinco contratos por un importe de 86.763 euros, 93.070 con IVA. El Gobierno pagó 34.330 por una página en la que expertos en Educación argumentaban contra la LOMCE, la conocida como Ley Wert; 14.520 por reportajes sobre temas sanitarios; 14.500 por una doble página de entrevista a la directora de Osalan ( Instituto vasco de Seguridad y Salud Laborales); 11.797 por espacios radiofónicos sobre la diáspora vasca; y 11.616 por entrevistas en la misma radio a representantes de la cultura autóctona.

Posteriormente sumó otros 7 casos, por una cantidad global de 148.110 euros (IVA incluido), en los que a su juicio también se vulneraba la ley de Publicidad y Comunicación vigente, aprobada en 2010 por el Gobierno de Patxi López. Según esta normativa no se pueden difundir campañas institucionales de publicidad que no se identifiquen claramente como tales y que no incluyan la mención expresa de la administración contratante. Y tampoco se pueden contratar campañas para menoscabar u obstaculizar las actuaciones de otro poder público.

Con las publicaciones incorporadas por Maneiro en esa segunda fase las acusaciones se ampliaban al conjunto de los departamentos del Gobierno Vasco. En el nuevo listado se incluían reportajes sobre servicios sociales (41.500 euros), ciencia e investigación (24.079), emergencias (18.785), medio ambiente (17. 500), administración pública (12.000), promoción de la empresa vasca (11.616) y un suplemento dedicado a la figura del escritor Ramón Saizarbitoria (13.915).

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En la mayoría de las informaciones no se identificaba el espacio ocupado por la noticia como publicitario; en algunos se ponía como cintillo “página especial” y en el resto constaba “publicidad” en el encabezado sin ninguna referencia a quien la contrataba. Entre los contenidos figuraban, por ejemplo, noticias del Gobierno vasco sobre los protocolos de coordinación de emergencias y seguridad vial o sobre el servicio de atención y participación ciudadana, Zuzenean, con entrevista incluida en este caso al viceconsejero de Función Púiblica.

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Además UPyD identificaba al ampliar su denuncia otros trece contratos sospechosos, por un precio abonado de 72.607 euros, referentes todos a Onda Vasca, sobre los que no logró comprobar, porque el Gobierno no le remitió los audios, si el oyente había sido advertido de que se encontraba ante programas patrocinados o publicitados por el Ejecutivo autonómico.

REPROBACIÓN UNÁNIME

La polémica llegó al Parlamento Vasco donde toda la oposición, desde EH Bildu hasta el PP, respaldó los argumentos de Maneiro y sacó adelante una reprobación de la actuación del lehendakari y su Gobierno en julio de 2014. El pleno de la Cámara acusó a Urkullu de vulnerar la ley con la compra de informaciones favorables en sus medios afines. El lehendari habló de vacíos legales sobre patrocinios y asumió “errores” pero no ilegalidades. También rechazó que su Ejecutivo dispensara un trato de favor al grupo mediático afín o que el objetivo de las inserciones realizadas fuera coadyuvar a su financiación.

Los grupos se posicionaron con contundencia contra la actuación del Gobierno vasco pero ninguno, salvo UPyD, fue más allá del debate político, donde las acusaciones de “engaño”, “abuso de poder” y “autopropaganda” resonaron con fuerza en el hemiciclo.

El PNV y el Ejecutivo se defendieron argumentando que su actuación estaba amparada por la figura del patrocinio y que su contribución al Grupo Noticias era del 13,9% del presupuesto de publicidad institucional, algo “equitativo” que se situaba por debajo del porcentaje de su audiencia, del 19,2%, en el País Vasco.

El Parlamento exigió por dos veces la recuperación del dinero invertido por el Gobierno vasco en esa publicidad estimada irregular, pero el Ejecutivo presentó un informe jurídico que impedía reclamar su devolución a los medios. Según ese dictamen se trataba de “servicios efectivamente prestados” y no cabía su anulación porque las informaciones contratadas habían sido publicadas.

ÚLTIMOS DATOS

La discusión política concluyó con la aprobación de una serie de medidas correctoras encaminadas a introducir un mayor rigor en las inserciones publicitarias institucionales. Urkullu se comprometió a incluir una cláusula en todos los contratos de patrocinio, por la que el Gobierno obligara a los medios a identificar de modo expreso la participación del Ejecutivo. También se acordó que cada cuatro meses remitiría a la Cámara un informe sobre la inversión publicitaria realizada.

El último envío, fechado en enero de este año, acaba de llegar al Parlamento. En él [ver cuadro adjunto] se da cuenta del total del gasto, 1.208.313 euros, destinado a publicidad durante el segundo cuatrimestre, de mayo a agosto, de 2015. En medios escritos el que más inversión recibe es el Grupo Vocento (123.670 euros), editor de El Correo y el Diario Vasco y líder de difusión en Euskadi, seguido a distancia del Grupo Noticias (58.299). En Televisión la práctica totalidad de lo invertido va destinado a la televisión pública vasca, ETB (392.654), y en Radio el más beneficiado es el Grupo Prisa (168.807) por delante de la radio pública (119.068). Onda Vasca, en tercer lugar, recibe 36.725.

El Gobierno vasco gastó más de 1,2 millones de euros en publicidad institucional. Patricia López

Desde UPyD se reconoce que la información ofrece un mayor control, aunque sigue observando que proporcionalmente Onda Vasca continúa recibiendo “más dinero público que el que le corresponde por su octavo lugar en niveles de audiencia”. A este respecto Maneiro ha transmitido este lunes, ante el palacio de Justicia, que la situación “no ha cambiado” y que el Gobierno vasco “trata mejor a determinados medios de comunicación”. Ha reconocido que la práctica de favorecer a medios afines puede darse en otros lugares pero ha insistido en que como parlamentario vasco su ámbito de actuación es la comunidad autónoma. El objetivo político de UPyD, ha explicado, es controlar que se hace con el dinero de los contribuyentes, impedir que cualquier institución lo utilice en beneficio propio y reclamar justicia para que no salgan impunes quienes hayan podido cometer delitos.