José María Llanos, portavoz de Vox en 'Les Corts', y Juanfran Pérez Llorca, recién investido presidente de la Generalitat. EE
Denunciar al Gobierno por el abandono hidráulico de Valencia: la difícil ofensiva que exploran PP y Vox
Ambos partidos carecen de un plan concreto para hacer pagar al Ejecutivo por la inejecución de las infraestructuras de la 'zona cero' de la dana.
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Ni PP ni Vox tienen una hoja de ruta clara para que el Gobierno responda ante los tribunales por la inejecución de las obras hidráulicas de Valencia. En particular, por las previstas en la fatídica cuenca del Poyo, donde no se realizaron los desvíos ni los encauzamientos ideados por los ingenieros antes de la trágica dana.
Lo expresado en el debate de investidura de Juan Francisco Pérez Llorca fue una mera declaración de intenciones. José María Llanos, portavoz de Vox en Les Corts, manifestó que, "si Sánchez no responde, hay que denunciar por negligencia y por negar el socorro a los valencianos". Llegó a tildar la desinversión de "conducta criminal".
El propio Pérez Llorca recogió el guante de Vox. Anunció una Iniciativa Legislativa Popular para instar al Ejecutivo central a acometer el proyecto, y agregó una amenaza si no llega a ejecutarse. "Tomaremos acciones legales por negligencia, por abandonar la protección de la vida de los valencianos", dijo.
La realidad tras las palabras pronunciadas es que no existe un plan para cumplir con dicha ofensiva judicial. Las fuentes consultadas precisan que primero se impulsará la mencionada ILP, y que la posibilidad de denunciar se explorará después.
Está por ver, en cualquier caso, que llegue a materializarse dicha denuncia. Las mismas fuentes consideran que un proceder lógico sería encargar a la Abogacía de la Generalitat que analice si se trata de una circunstancia punible.
Existe ya una reclamación civil abanderada por la Asociación de Damnificados L'Horta Sud contra la Generalitat Valenciana y contra la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Gobierno de España. "No se llevaron a cabo aquellas medidas de alerta previstas para que se diera una autoprotección", argumentaron sus impulsores. Solicitan 58 millones a ambas administraciones.
En el plano penal, sin embargo, la jueza instructora descartó la responsabilidad del Ejecutivo central y centró su investigación en el envío del mensaje ES-Alert a la población. La magistrada no vio opción de atribuir al Estado responsabilidad alguna por no haber ejecutado las infraestructuras ideadas para las zonas de la tragedia.
En cualquier caso, la realidad es que la inacción del Gobierno resultó letal. El proyecto para desviar, encauzar y laminar el agua de la cuenca del Poyo fue redactado por la empresa Typsa en 2010 y recibió en 2011 la declaración de impacto ambiental positiva, firmada por la entonces secretaria de Estado Teresa Ribera.
Pese al impulso de la iniciativa por parte del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, su Ejecutivo no dejó presupuestadas las obras, que tenían un coste de tan solo 240 millones de euros.
Su sucesor, Mariano Rajoy, tampoco impulsó la actuación en las dos legislaturas de su presidencia, que concluyó de forma abrupta con la moción de censura de 2018 que llevó a Pedro Sánchez al poder.
La grave crisis que sufría España fue la excusa de los populares para paralizar no solo las obras de la cuenca del Poyo, sino el grueso de las grandes actuaciones hidráulicas proyectadas en el conjunto de España.
Sin presupuesto
Ya como ministra desde 2018, Teresa Ribera tampoco desarrolló el proyecto, pese a conocerlo de primera mano. Argumentó tras la dana que ya había caducado su declaración de impacto ambiental.
Pero lo cierto es que tampoco la actualizó, y tuvo margen para hacerlo entre 2018 y 2022, año este último en el que el PSOE aprobó sus primeros presupuestos generales del Estado sin apostar por las infraestructuras del Poyo.
Ese mismo año, la Confederación Hidrográfica del Júcar lamentó en una presentación, al referirse a la cuenca del Poyo, la "paralización de proyectos y obras por falta de disponibilidad presupuestaria y problemas ambientales".
El Gobierno socialista solo ha retomado el proyecto tras la tragedia. El pasado 17 de diciembre, mientras Carlos Mazón acaparaba el foco mediático en la comisión de investigación de la dana del Congreso, comunicó, a través de una discreta nota de prensa el anuncio de una nueva licitación de la redacción de los proyectos.
Los mismos no serán una realidad hasta, al menos, 2031. El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ha establecido un plazo de 36 meses "que incluye tanto la redacción de los proyectos como los procesos de participación y consenso social, además de la tramitación ambiental asociada".
Es decir: la empresa de ingeniería que resulte adjudicataria para diseñar los diez proyectos esbozados por el ministerio, si se cumplen los plazos estipulados, tardará tres años en tener lista la nueva solución.
Y cuando esta esté lista y haya sido validada con la preceptiva declaración de impacto ambiental (DIA), solo entonces, ya a finales de 2028, el proyecto habrá vuelto a la casilla de salida, en la que ya estuvo en 2011: pendiente de que el Gobierno lo incluya en sus presupuestos y licite las obras.
Está por ver cuánto duran estas últimas, pero los proyectos más costosos, los dos desvíos (denominados vías verdes) del barranco del Poyo al río Turia, tuvieron en el proyecto anterior un plazo de ejecución también de tres años.
Si se repiten los mismos, y solo si se ejecutan todas las obras a la vez, la totalidad del proyecto quedaría completado en 2031, dos décadas después de la fecha en la que pudieron haber empezado.
