El presidente de la asociación, Christian Lesaec (d) y el Ceo de Vilches Abogados, Manuel Hernán, durante la rueda de prensa celebrada este jueves. EFE/Ana Escobar
Las víctimas de la dana reclaman a la Generalitat y a la CHJ 58 millones de euros por los daños de la riada
La demanda engloba 418 reclamaciones de 158 familias, 12 de las cuales han sufrido también la pérdida de seis personas en las inundaciones.
Más información: Los Reyes arropan de nuevo a las víctimas de la dana en el funeral de Estado: "Ellos sienten de verdad nuestro dolor"
La Asociación de Damnificados L'Horta Sud está preparando una demanda contra la Generalitat Valenciana y la Confederación Hidrográfica del Júcar reclamando responsabilidades patrimoniales por daños físicos, morales y en aquellos bienes que no hayan sido "suficientemente indemnizados", por valor de 58 millones de euros.
La demanda engloba 418 reclamaciones de 158 familias, 12 de las cuales han sufrido también la pérdida de seis personas en las riadas, según han anunciado este jueves en rueda de prensa.
Estas reclamaciones serán presentadas en primer lugar ante ambas administraciones, es decir, ante la Generalitat y ante la CHJ, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, que tendrán seis meses para responder.
Posteriormente, si fuese necesario, se presentaría ante la jurisdicción contencioso-administrativa, han explicado los letrados responsables de esta iniciativa.
En la presentación de la reclamación, Manuel Hernández, CEO de Vilches Abogados, el despacho que representa a la entidad, ha apuntado que "hay que ver si lo que sucedió era evitable. Se entiende que ha habido un anormal funcionamiento de la administración pública".
En el contenido de la reclamación, como la ha denominado Christian Lesaec, representante de la asociación de víctimas de la dana, figuran 15 lesionados, 107 viviendas, 102 vehículos y 12 empresas que se vieron dañadas por la riada del pasado 29 de octubre.
"Nuestra asociación está formada por más de 600 personas; y en esta reclamación administrativa vamos prácticamente todos, más de 400 personas", ha detallado Lesaec.
"Me siento súper orgulloso y vamos a dejar un mensaje bastante contundente a la Generalitat Valenciana y a la CHJ, es decir al Gobierno de España, para que sepan que esto no va a quedar en saco roto", ha asegurado.
La reclamación contra la Generalitat y la CHJ se fundamenta en dos principios básicos. En primer lugar, contra la Administración valenciana alegan la palmaria de avisos.
"Más allá de que vinieran lluvias torrenciales, lo cierto es que no se llevaron a cabo aquellas medidas de alerta previstas para que se diera una autoprotección", ha considerado Hernández.
Por otra parte, en cuanto a la reclamación al organismo de cuenca, ha destacado que "existen en la causa penal informes que dicen que las infraestructuras que hubieran podido evitar esa situación no se han ejecutado, y que los cauces por donde corría el agua no estaban en condiciones".
Por todo ello, llevan a cabo esta reclamación para reivindicar que, como consecuencia de una "mala infraestructura, de cauces no suficientemente limpios y de que no se alertó a la población, se producen una serie de daños que se podrían haber evitado".
Las administraciones ante las cuales se ha presentado esta reclamación tienen un plazo legal de seis meses para responder, admitir la responsabilidad o negarla, o también se puede producir el silencio administrativo, han señalado los letrados como opción más probable.
"Entonces deberíamos iniciar un procedimiento contencioso-administrativo", han añadido, "en un mismo procedimiento para evitar que existan discrepancias en las resoluciones judiciales".
Preguntados por la prevalencia de la causa penal y su desenlace sobre la administrativa, los letrados de Vilches han opinado que en este caso no será así, porque en la causa penal solo se investigan fallecimientos y lesiones, no daños materiales ni morales y nada sobre la omisión del deber de socorro.
"La prejudicialidad penal no es automática, sino que es a criterio judicial, la tiene que valorar el contencioso administrativo; y en este caso creemos que no afecta", por lo que los letrados consideran que ambos procesos, el penal y el administrativo, podrían discurrir en paralelo.
Esta reclamación ha sido presentada en el último día para hacerlo, ya que los perjudicados disponen del plazo legal de un año.
Tanto los letrados como los miembros de la asociación de víctimas tienen constancia de otras acciones similares por parte de otros perjudicados, aunque a título individual.
Las indemnizaciones, en caso de que finalmente se produjesen, se harían teniendo en cuenta las lesiones, bajas, secuelas o daños sufridos por cada uno de los reclamantes, según las mismas fuentes.
