Los efectos de la DANA de Valencia en el municipio de Paiporta.
El Gobierno dará movilidad y flexibilidad a altos funcionarios para trabajar en la zona arrasada por la dana
Los ayuntamientos dicen que estas medidas son "parches" frente a las "necesidades reales de personal" que tienen.
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El Gobierno central tiene previsto adoptar medidas de flexibilidad con los funcionarios de administración local con habilitación nacional para que puedan trabajar en los ayuntamientos de la dana si así lo desean y reforzar así el número de efectivos en los municipios que fueron arrasados el pasado 29 de octubre de 2024.
Dos son las vías a aplicar para aliviar de carga de los consistorios, que desde hace meses vienen reclamando un refuerzo de personal para poder ejecutar el presupuesto del que disponen para reconstruir las infraestructuras dañadas.
Por un lado, permitir una mayor movilidad de los habilitados nacionales para que todo aquel que quiera pueda optar a una plaza en un ayuntamiento afectado por la dana siempre que haya una vacante.
En esta circunstancia pueden hallarse personas cuya plaza, por ejemplo, se encuentre fuera de la provincia de Valencia y desee trasladarse a otro ayuntamiento con la intención principal de "acercarse a casa" mediante una comisión de servicios.
Esta permite a un funcionario con su plaza en Teruel, por ejemplo, optar a ocupar una vacante de las mismas características en otra localidad. Y la intención del Gobierno es permitirlo de forma amplia en los ayuntamientos afectados por la dana.
La comisión de servicios, eso sí, tiene un condicionante: se otorga por un plazo determinado, con una fecha de caducidad para volver al puesto de origen. Y he ahí el segundo guiño que pretende ofrecer el Ejecutivo para dotar de personal a los consistorios de los pueblos devastados por las inundaciones.
La intención, según fuentes del Gobierno consultadas por EL ESPAÑOL, es ser "flexibles" con el periodo temporal, de manera que no estén obligados a volver a su destino original mientras estén ejecutando labores de reconstrucción.
Las medidas, eso sí, no terminan de convencer a los alcaldes, que consideran que no soluciona el problema de personal que tienen ahora mismo para encarar la fase de recuperación del territorio.
Lo cierto es que en cada ayuntamiento los habilitados nacionales tan solo son tres personas: el secretario del ayuntamiento, el interventor y el tesorero. Es decir, que la medida no tendría un impacto considerable en la estructura administrativa de cada municipio.
Falta de personal
Conviene apuntar que los pueblos afectados por las inundaciones reclaman desde hace meses un refuerzo de funcionarios y de técnicos para sacar adelante las labores de reconstrucción y poder ejecutar el presupuesto con el que cuentan para ello.
Tras las inundaciones, el Ejecutivo central transfirió a las arcas de los 78 municipios arrasados un total de 1.746 millones de euros.
Sin embargo, los consistorios toparon con dos problemas principales: la falta de efectivos, de músculo administrativo para tramitar expedientes y licitar obras, y, por otro lado, el tiempo.
Este corría en su contra, pues los proyectos que deseasen ejecutar debían recibir el visto bueno por parte del Ministerio antes de acometerse y la fecha que marcó el Gobierno en una orden publicada en el Boletín Oficial del Estado fue febrero de 2026.
En este punto, la Diputación de Valencia que preside Vicente Mompó intervino y aprobó el pasado mes de julio un crédito de 10,3 millones de euros para asistir a los municipios y pudieran así contratar técnicos ante las diferencias que planteaba la idea inicial en el seno del gobierno valenciano. Por lo pronto, 85 de 103 municipios en total, han pedido recibir el dinero que les corresponde.
La medida adoptada ahora por el Ejecutivo central, si bien los ayuntamientos reconocen que puede "ayudar", lo cierto es que no tendrá unas consecuencias significativas en las plantillas municipales, dado que tan solo afecta a los habilitados nacionales, tres personas por ayuntamiento.
