La administración Trump puso la desnaturalización como prioridad.
Estados Unidos apuesta por la desnaturalización: "Muchos corren el riesgo de perder la ciudadanía"
El Departamento de Justicia (DOJ) vuelve a poner en duda la ciudadanía de millones de personas.
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La administración Trump en Estados Unidos intensificó sus esfuerzos para revocar la ciudadanía de ciertos ciudadanos naturalizados. Según un memorándum citado por NPR, el Departamento de Justicia (DOJ) colocó a la desnaturalización entre sus cinco principales prioridades. De esta forma, el proceso civil para remover la nacionalidad se simplificaría.
El DOJ de EE. UU. redobla la apuesta por la desnaturalización
El Departamento de Justicia lanzó una normativa que permite que sus fiscales actúen con más libertad ante los casos de desnaturalización. El enfoque está puesto en ciudadanos que no nacieron en EE. UU. y que, según el gobierno, cometieron delitos como fraude, abuso infantil o violaciones a la seguridad nacional.
Sin embargo, expertos advierten que esta política del Departamento de Justicia puede tener efectos más profundos. La preocupación recae sobre quienes enfrentan procesos de desnaturalización y sus familias.
El presidente Trump hablando en el Departamento de Justicia.
“Personas que creían ser estadounidenses y que no han hecho nada malo, de repente, pueden correr el riesgo de perder la ciudadanía”, señaló Steve Lubet, profesor emérito de la Facultad de Derecho de Northwestern.
Hasta ahora, el DOJ no aclaró qué ocurrirá con los hijos de ciudadanos desnaturalizados ni qué destino enfrentan quienes quedan apátridas tras perder su nacionalidad.
¿Qué implica esta política para los ciudadanos naturalizados?
Aunque esta herramienta legal no es nueva, su uso masivo preocupa a expertos legales. Desde la organización Immigrant Legal Resource Center advierten que pareciera que solo están seguros quienes nacieron en Estados Unidos.
Según el memorando, los fiscales tienen vía libre para elegir qué casos perseguir. No hay una lista cerrada de delitos, lo que da margen amplio al DOJ para actuar.
Entre los delitos que pueden llevar a una persona a perder su ciudadanía se incluyen:
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Fraude en programas del gobierno, como Medicaid o cheques de ayuda
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Delitos sexuales, incluso si ocurrieron antes de la naturalización
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Vínculos con grupos ilegales u ocultamiento de antecedentes
Asimismo, abogados como Laura Bingham y Cassandra Robertson subrayan que estas políticas colocan en duda el valor de la ciudadanía adquirida y podrían violar garantías constitucionales.
