Saltamontes en el que murió un joven en Vigo
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PP y BNG de Vigo confirman que promoverán un pleno extraordinario por el 'Caso Saltamontes'
Entre otras cuestiones, piden la destitución de la concejala de Seguridad y que Abel Caballero dé explicaciones
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El PP y el BNG de Vigo han llegado a un acuerdo para promover conjuntamente un pleno extraordinario con motivo de la imputación por homicidio imprudente de la concejala de Seguridad, Patricia Rodríguez Calviño, por su presunta responsabilidad en el accidente mortal registrado en las fiestas de Matamá de 2024.
"Habrá pleno extraordinario", informó la presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, quien aseguró haber llegado a un acuerdo con los nacionalistas para registrar la convocatoria y "forzar al gobierno local a dar la cara". "Es inaceptable que una persona imputada por unos delitos tan graves continúe al frente de la ciudad de Vigo", criticó.
Asimismo, Sánchez explica que el acuerdo recoge los siguientes cuatro puntos: la destitución inmediata de Patricia Rodríguez Calviño, exigir a Caballero que dé explicaciones, la creación de una Comisión de Investigación y que la corporación municipal traslade sus condolencias a la familia del fallecido "en nombre de la ciudad de Vigo".
Por su parte, el portavoz municipal del Bloque Nacionalista Galego en Vigo, Xabier P. Igrexas, detalló que la solicitud será formalizada en las próximas horas por ambos partidos.
"Abel Caballero tendrá que someterse al control y a las preguntas de la oposición en el Pleno extraordinario por el caso Saltamontes", afirmó Igrexas, que criticó el "silencio permanente e insultante" mantenido por el Gobierno municipal desde que se produjo el accidente en el que perdió la vida el vecino Iván Castaño. El portavoz nacionalista denunció que, desde que el pasado 7 de mayo se conoció la imputación de la concejala de Seguridad por un delito de homicidio imprudente, el alcalde se limitó a "ratificar su confianza en ella y mantenerla en el cargo", pese a la petición de cese inmediato formulada por el BNG.
En esta línea, Igrexas calificó de "demoledor" el auto judicial en el que el juez instructor apunta a la responsabilidad de la dirección política del área de Seguridad por la "gestión negligente" de una atracción que carecía de autorización municipal para funcionar pero para la que no se ordenó su precinto. En este sentido, criticó que la única respuesta oficial del Gobierno local fuese “un audio con declaraciones enlatadas” del portavoz municipal, Carlos López Font, expresando respaldo a la actuación de la concejala.