Isabel Celaá, ministra en funciones, e Irene Montero, portavoz de Unidas Podemos.

Isabel Celaá, ministra en funciones, e Irene Montero, portavoz de Unidas Podemos.

Educación

Desmantelar la escuela concertada: la primera batalla del gobierno de coalición aún no formado

Isabel Celaá ha levantado ampollas en la comunidad educativa al sugerir que “elegir una enseñanza religiosa” no es un derecho.

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Isabel Celaá, ministra de Educación y Formación Profesional, en el XV Congreso de Escuelas Católicas, delante de 2.000 personas, sin pensárselo, alza la voz y concreta la que va a ser la primera batalla de un gobierno de coalición aún por constituirse: “De ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza. Esos hechos, los de elegir centros, formarán parte de los derechos que puedan tener los padres y madres en las condiciones legales que se determinen, pero no son emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución Española”. Fin de la cita.

En total, 71 palabras y 443 caracteres. Después, el murmullo, el abucheo y la desaprobación de un público absolutamente contrario a sus postulados. Sus declaraciones, para el auditorio, sonaron a lo que parece: un ataque directo a la educación concertada –y, concretamente, a la católica–. Coinciden, además, con un momento concreto: el pacto de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. Quizás, a un acercamiento al programa educativo de su socio preferente en el ejecutivo, a una intención clara: desmantelar, al menos parcialmente, la educación concertada.

Los postulados de Unidas Podemos así lo dictan desde hace tiempo. Pablo Iglesias, en repetidas ocasiones, ha puesto en jaque a esta parte de la comunidad educativa (un 33% de los alumnos de toda España). “Hay que reducir la concertada a situaciones experimentales, situaciones en las que se puedan experimentar determinados elementos de innovación”, avanzó, ya en 2014, en una entrevista en El Objetivo. “No me gusta –prosiguió– que se financie con dinero público a escuelas donde los métodos educativos no los deciden instituciones dependientes de la ciudadanía, sino instituciones privadas”.

Pablo Iglesias, en ese mismo espacio, acusó a la educación concertada de “segregar a niños y a niñas”. Un ataque directo, sin paliativos, a un modelo educativo que pretenden cambiar con el beneplácito del PSOE: la pretensión de Unidas Podemos es, concertada aparte, que la educación pública, la Formación Profesional y la Universidad sean gratuitas. Y, además, que la inversión del Estado crezca hasta el 5,6% del PIB.

Pablo Iglesias, en un mitin de campaña.

Pablo Iglesias, en un mitin de campaña.

El cambio sería, en este caso, la primera batalla del Gobierno de coalición. Irene Montero, que precisamente estudió en una cooperativa de enseñanza concertada, en este 2019, en el Congreso, así lo avanzó: “Nosotros pensamos, como ha dicho siempre la ley, que el sistema concertado debe ser subsidiario de la educación pública. Es la mejor forma de garantizar que, nazcas en el barrio que nazcas, vas a poder tener derecho a un futuro digno (…) Eso implica revertir los recortes, implica que haya condiciones dignas para el profesorado e implica que bajen los ratios de alumnos”, reconoció.

¿Un Lapsus?

Isabel Celaá, tras el murmullo y el abucheo, el nerviosismo y la desaprobación de su publicó, matizó. No quería decir, rectificando, en parte, que no haya libertad, sino que existen derechos para los padres aunque no emanen del artículo 27. ¿Ha sido, por tanto, un lapsus? Eso es lo que esperan los obispos, que han salido al corte de las declaraciones de la ministra en funciones. “Esto supondría un giro en la política educativa de extraordinaria gravedad para el derecho de los padres y la libertad de enseñanza de una sociedad tan plural”, han denunciado.

La Ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá

La Ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá EFE

El artículo 27, al que hace referencia Isabel Celaá, no ofrece lugar a dudas. Basta con hacer referencia a dos puntos concretos. “Los poderes públicos garantizarán el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”, señala el apartado tres. Y el sexto concluye: “Se reconoce a las personas físicas o jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales”. Lo que emana (o no) de la Carta Magna queda claro.

Por eso, las reacciones han sido contrarias a los postulados de la ministra en funciones. Pablo Casado, líder del Partido Popular, a través de su cuenta de Twitter, ha salido al paso: “La libertad de enseñanza es fundamental en democracia y está garantizada por la Constitución. Sánchez debe aclarar si está de acuerdo con Celaá y si éste es el modelo del nuevo gobierno de izquierda radical. Hablan de libertad, pero la cercenan cuando no se ajusta a su ideología”, ha escrito.

Las declaraciones, sin embargo, dejan claras las intenciones. El PSOE no lo llevaba en su programa, pero su coalición con Podemos podría impulsar la educación pública a costa de la concertada y la privada. A esto, además, podría seguirle la sustitución de la religión por una futura asignatura de feminismo, como Irene Montero pedía a través de su cuenta de Twitter.

No hay Gobierno, ni ministros, ni siquiera pactos que faciliten una posible investidura. La primera batalla de la coalición PSOE-Unidas Podemos, sin embargo, está clara: cambiar la educación, promover la pública y desmantelar, de algún modo, la privada y concertada. Eso se deduce de las palabras de Isabel Celaá, de las intenciones de Pabo Iglesias y de las propuestas de Irene Montero. Ninguno va (o parece ir) de farol.