Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Yolanda Díaz, ministra de Trabajo. Eduardo Parra / Europa Press

Sociedad

Es oficial: las empresas no podrán despedir a trabajadores que denuncien casos de corrupción

La medida también afecta a familiares que trabajen en la misma empresa y que pueden verse dañados.

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Las claves

Las claves

El Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley que prohíbe despedir a trabajadores que denuncien casos de corrupción en sus empresas.

La protección también se extiende a los familiares del denunciante que trabajen en la misma empresa y puedan verse afectados por represalias.

Los despidos de trabajadores que denuncien ilícitos serán considerados nulos, incluyendo delitos penales, fraudes o infracciones administrativas.

La medida será aplicable a cualquier trabajador, incluso aquellos que estén en periodo de prueba.

La situación es real: un trabajador denuncia una práctica irregular en su empresa. Y la misma, como represalia, decide despedirlo.

Para que esta situación no se repita, el Consejo de Ministros ha aprobado el conocido como anteproyecto de ley de Integridad Pública y medidas adicionales contra el blanqueo de capitales.

Su fin no es otro que luchar contra la corrupción, uno de los pilares del Gobierno presidido por Pedro Sánchez. “Se mandará al Congreso para que salga adelante”, afirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Familiares

El anteproyecto de ley, presentado por el Ministerio de Trabajo, tiene como objetivo impedir que los trabajadores que denuncien prácticas irregulares o corruptas en sus empresas puedan ser despedidos.

Pero va más allá, ya que la medida no sólo abarca a esas personas que realicen la correspondiente denuncia.

También se amplía a los miembros de su grupo familiar que trabajen en la misma empresa y, asimismo, se vean despedidos o afectados por cualquier otra medida coercitiva.

Para lograrlo, el anteproyecto de ley hará varios cambios tanto en el Estatuto de los Trabajadores (ET) como en la legislación correspondiente al despido.

La meta es que los despidos que las empresas ejecuten sobre aquellos trabajadores que hayan denunciado ilícitos o situaciones de corrupción sean considerados nulos.

Conviene recordar que denunciar ilícitos es el acto de avisar a la autoridad o a una empresa sobre una acción que es contraria a la ley. E incluye delitos penales, fraudes e infracciones administrativas.

En el caso de las irregularidades laborales o corporativas, abarca casos de corrupción, soborno o acoso dentro de una empresa.

Por último, y como han indicado desde el Ministerio de Trabajo, se aplicará a cualquier trabajador, incluidos aquellos sometidos al periodo de prueba.