Pedro Bretón, sobre el impago del alquiler por el inquilino: “Un propietario puede perder más de un año de ingresos”

El mercado del alquiler sigue disparado. Los precios no paran de aumentar mes a mes, entre otras razones por una oferta cada vez más reducida. Pero no es el único factor que está condicionando el sector.

Desde la Sociedad Española de Alquiler Garantizado (SEAG), la saturación de los juzgados se ha convertido en uno de los factores más invisibles, pero más determinantes, de la crisis del alquiler en España.

“Un propietario que se enfrenta a un impago prolongado puede perder fácilmente más de un año de ingresos. Ante ese riesgo, muchos optan por subir precios, exigir más garantías o retirar su vivienda del mercado”, afirma Pedro Bretón, CEO de SEAG.

Lentitud judicial

Los datos no mienten: cuando se inicia un proceso para recuperar una vivienda, o resolver un impago, su duración puede superar el año e, incluso, alcanzar hasta siete. Y eso se traduce en inseguridad jurídica. Dicho de otra forma, los propietarios optan por no poner o mantener sus inmuebles en el mercado de alquiler.

Desde SEAG están convencidos de que, si se redujeran dichos tiempos, habría más vivienda de alquiler disponible.

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Y es que el efecto dominó de esta lentitud repercute en todo el sistema: menos oferta, precios más altos y acceso más restringido.

Ya en 2023, los nuevos contratos de alquiler se encarecieron un 4,1%, frente al 2,4% de los ya existentes. Además, los inquilinos se enfrentan a fianzas más elevadas, avales obligatorios y mayores requisitos de solvencia.

La deuda media nacional por impago de alquiler alcanzó los 7.957 euros en 2024, un 4,23% más que en 2023. Las cifras más elevadas se dan en Cataluña (10.996 euros), Baleares (10.234 euros) y Madrid (9.813 euros).

¿Y qué hay detrás de estas cifras? Miles de procesos judiciales pendientes que agravan la precariedad del sistema. Sólo en Cataluña se registraron más de 5.500 lanzamientos por impago, seguida de Andalucía (2.712) y la Comunidad Valenciana (2.517).

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“Cada mes de retraso judicial añade incertidumbre y tensiona aún más los precios. Si un propietario tarda más de un año en recuperar su vivienda, el impacto no solo lo sufre él, sino todo el mercado”, añade Bretón.

Y concluye: “Si queremos reactivar el mercado del alquiler, y aliviar la crisis habitacional, es urgente modernizar los juzgados, digitalizar los procesos y dotar de recursos a la Administración. Sin ello, la vivienda seguirá siendo un activo de riesgo y no un derecho accesible”.