Yannick Charton, asesor fiscal, sobre la prórroga de Verifactu: “Hacienda nos ha hecho perder años de trabajo”

El Gobierno ha vuelto a rectificar respecto a Verifactu. Y lo ha hecho para ampliar otro año más su ‘puesta de largo’ para pymes y autónomos, hasta 2027. Algo que no ha gustado a aquellas empresas que han preparado a sus clientes para estar al día en 2026.

Yannick Charton, CEO de Valio Consulting, compañía especializada en asesoramiento fiscal y contable, resume ese malestar de la siguiente manera: “Hacienda nos ha hecho perder años de trabajo”.

Recordemos que Verifactu es un sistema mediante el cual, pymes y autónomos enviarán automáticamente a la Agencia Tributaria (AEAT) el registro de facturas. De esta manera, se pretendía reforzar la trazabilidad y la lucha contra el fraude.

"Duro golpe"

Con el nuevo giro del Ministerio, su aplicación para profesionales y empresas no será obligatoria hasta el 1 de enero de 2027 si tributan en el impuesto de sociedades, y el 1 de julio para el resto.

“Hemos dedicado tres años a preparar a cientos de pymes, y sin anuncio previo nos trasladan que habrá un año más”, apunta Charton.

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Por eso, desde su punto de vista, esta prórroga es “un duro golpe” para los profesionales que sí habían cumplido con los requerimientos de adaptación.

“Se ha invertido tiempo y esfuerzo en acompañar a nuestros clientes, estableciendo alianzas tecnológicas para llegar al último día del año con todo en orden. Y a menos de un mes nos anuncian otra prórroga”, se queja el CEO de Valio Consulting.

Recordemos que, desde sus orígenes, la intención del Gobierno con Verifactu ha sido aplicar progresivamente un sistema que reduzca la manipulación de facturas, garantice la integridad de la información contable y permita a la AEAT disponer en tiempo real de los registros de facturación mediante un software certificado.

Orígenes que se remontan a 2022, estando prevista su inicial entrada en vigor en 2025. Sin embargo, varios fueron los factores que retrasaron su ‘pistoletazo de salida’.

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Entre ellas, las dificultades técnicas, el coste de implementación para pequeños negocios y la presión de las patronales. Un cóctel que frenó su aplicación hasta 2026. Y a un mes de entrar en vigor, se ha producido un nuevo retraso que sitúa su obligatoriedad en 2027.

Una prórroga que, según los expertos, sólo tendrá sentido si se aprovecha para clarificar el marco regulatorio, ordenar la implantación y evitar una nueva oleada de confusión como la vivida en los últimos meses.

“Gran parte de las pymes han dejado atrás sus sistemas informáticos tradicionales para pasarse a soluciones tecnológicas nuevas”, incide Charton.

Y añade: “Es una vergüenza que, por un hecho político, hayamos trabajado más en fidelizar clientes probando programas y proponiendo soluciones que en atender a nuevos clientes”.

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Ese hecho político no es otro que satisfacer por parte del Gobierno a Junts, ya que era una de las medidas que la formación nacionalista pidió para darle su apoyo.