Miguel Ángel Gómez rotundo sobre los caseros de vivienda de alquiler: “No son especuladores con corbata”

El mundo del alquiler de viviendas vive tiempos revueltos. Por un lado, los precios no paran de subir llegando a máximos históricos en muchas ciudades. Por otro, está el fenómeno de la conocida como inquiokupación.

“El inquiokupa es un inquilino que entra legalmente con contrato, paga el primer mes y luego deja de pagar, quedándose en la vivienda durante meses sin consecuencias inmediatas”. Son palabras de Miguel Ángel Gómez Huecas, presidente de Amadei (Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias) y Fadei (Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias).

Hay quien puede pensar que el inquiokupa es un ‘rebelde’ que usa el elevado precio del alquiler como excusa para no pagar y así castigar al casero de la vivienda de alquiler.

“Los propietarios no son especuladores con corbata. En su mayoría son personas con una sola vivienda en alquiler. Y muchos tienen miedo por la desprotección legal en la que se encuentran a la hora de alquilar”, matiza Gómez Huecas

Dos caras de una misma moneda que, unidas, lo que están provocando es que haya alquileres más caros y se esté destruyendo la oferta de vivienda en alquiler.

Consecuencias de los inquiokupas

El hecho de que el fenómeno de la inquiokupación esté creciendo está dando lugar a una serie de datos nada halagüeños.

Las asociaciones de propietarios cifran en más de 25.000 los casos estimados de inquiokupación a nivel nacional. Se trata de una cifra extrapolada a partir de sentencias judiciales y no un dato oficial.

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Lo que sí está más claro es que, como consecuencia del fenómeno okupación, uno de cada cuatro pisos de alquiler se ha retirado del mercado.

Además, más del 75% de los desahucios en España son por impago del alquiler. Y el tiempo para recuperar una vivienda supera los 10 meses en muchos casos.

Las consecuencias para el propietario son “deudas acumuladas, gastos continuos como IBI, comunidad, suministros, abogados, hipoteca, más daño emocional y bloqueo del inmueble”, señala Gómez Huecas.

Mientras que, para la economía en general, son “pérdida de confianza en el sistema, colapso judicial, menos oferta de alquiler, más competencia por cada piso disponible, y subida de precios y endurecimiento de condiciones”.

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“Lo que antes era un caso aislado, hoy se ha convertido en una amenaza estructural. La consecuencia directa de la inquiokupación es un mercado más tenso, caro y desigual”, apunta el presidente de Amadei y Fadei.

¿Dónde está la solución? Según el experto, sólo se podrá resolver “reconociendo que el problema no es el propietario que exige garantías, sino el sistema que le impide protegerse”.

Por eso, concluye diciendo que “la legislación actual no distingue con nitidez entre el inquilino vulnerable y el que abusa. No se trata de elegir entre proteger al inquilino o proteger al casero, sino de diseñar una ley que no se convierta en un arma para el que actúa de mala fe”.