López Rupérez, expresidente del Consejo Escolar: "La ley actual de educación baja el nivel y las condiciones para promocionar"

Con una trayectoria a caballo entre la práctica docente y la gestión política, su visión sobre los problemas del sistema educativo español se centra en la necesidad de anteponer la evidencia empírica y el conocimiento a la inspiración ideológica.

Rupérez, de esta manera, explica a EL ESPAÑOL lo que se debería cambiar, a su juicio, para mejorar el sistema educativo a la vez que expone las claves para transformar la educación con un “optimismo” basado en la racionalidad y evidencia empírica.

Francisco López Rupérez, director de la Cátedra de Políticas Educativas de la Universidad Camilo José Cela, en su despacho. David Morales EL ESPAÑOL

Pregunta.– Para usted, ¿cuál es el principal problema que tiene nuestro sistema educativo?

Respuesta.– El método para desarrollar las políticas educativas. La educación, como disciplina aplicada, debe exigir que sus propuestas se sometan al rigor de la contrastación empírica, al igual que la ciencia médica. Si aplicamos ideas sin haber evaluado su impacto, estamos haciendo un flaco favor a la sociedad y a los alumnos, que serían como ratones de laboratorio.

En una investigación evaluativa que dirigí con un panel de expertos de primerísimo nivel, el criterio de calidad que peor salió para España fue justamente ese: basar las políticas educativas en el conocimiento, la evidencia empírica y la investigación. Llevamos siete leyes orgánicas de educación desde que hay democracia y solo una de ellas –la LOGSE– ha sido precedida por un Libro Blanco que hiciera un diagnóstico de la situación de partida. Además, ninguna de ellas ha realizado una evaluación de sus efectos –hay que retroceder hasta la Ley General de Educación de 1970 para encontrarla– para aprender de la experiencia y corregir los fallos.

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P.– ¿Qué deberíamos fortalecer para mejorar nuestro sistema educativo?

R.– Hay tres pilares esenciales en los que se apoya la mejora de los sistemas educativos de conformidad con la evidencia empírica: mejorar el currículo, la calidad del profesorado y la calidad de la dirección escolar. De esos tres pilares, sólo el primero ha sido objeto de reformas educativas, y en buena parte de los casos, sobre todo con gobiernos socialistas, ha habido una considerable inspiración ideológica, más que inspiración en la evidencia empírica. Esto ocurre porque para algunos sectores, la educación tiene bastante de doctrina, y la doctrina, por su propia naturaleza, rehúye la evidencia.

P.– ¿Y qué ha pasado con la mejora de la calidad del profesorado y de la dirección escolar?

R.– Vayamos por partes. Sabemos que el factor crítico por excelencia a la hora de explicar el resultado de los alumnos es la calidad del profesorado. Tenemos evidencia empírica muy robusta sobre esto gracias a investigadores como John Hattie. Bien, en España, por desgracia, llevamos décadas sin reformas sustantivas en las políticas centradas en los profesores.

Estas políticas deberían centrarse en dos aspectos: las políticas de selección y de acceso a la profesión docente, y las de desarrollo profesional y carrera. Los seres humanos somos esencialmente evolutivos. Necesitamos un sistema de estímulos vinculados a la evaluación del profesorado, no para el castigo, sino para la mejora profesional, que se configure en un plan de carrera profesional. Esto aquí no existe, pero sí en otros países de alto rendimiento educativo.

Francisco López Rupérez, posando en el despacho de su domicilio. David Morales EL ESPAÑOL

P.– ¿También hay que mejorar la calidad de la dirección escolar?

R.– Sí, es el tercer pilar para mejorar un sistema educativo. Una investigación nuestra mostró que la intensidad de la relación entre la calidad del liderazgo y los resultados de los alumnos era del 18,8 %. Es decir, es un factor que influye mucho. Sin embargo, seguimos sin tener un modelo de profesionalización sólido y consistente para la dirección escolar.

Cuando se analiza la evolución de la normativa sobre dirección escolar, desde la ley del 70 hasta ahora, no se aprecia un movimiento constructivo, sino una serie de ondulaciones, idas y venidas. La profesionalización ha sido frenada por un modelo de elección democrática –por el Consejo Escolar–, que ha predominado de hecho sobre la selección profesional.

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P.– En los últimos meses muchos profesores han denunciado que se sienten desprotegidos en las aulas. Dicen que han perdido autoridad. ¿Cómo ve esta percepción?

R.– Es un hecho cierto. Y tenemos la evidencia empírica de PISA que indica que los profesores españoles requieren mucho más tiempo que el promedio de la OCDE para empezar las clases, es decir, hasta que logran poner orden. Esto indica que hay un problema de clima escolar que incide en la práctica docente.

Este fenómeno es multicausal. Una de las causas tiene que ver con la dirección escolar. La disciplina justa es un factor clave, y un buen director debe tener una visión clara de a dónde quiere llevar a su escuela, priorizando las cuestiones de disciplina a fin de generar ese clima básico que posibilite una enseñanza efectiva y que comporta un respaldo al profesorado.

P.– ¿Qué otras causas existen?

R.– La otra gran causa tiene que ver con el facilismo educativo. La ley actual persigue promover el principio de igualdad de oportunidades, pero a través del facilismo: rebaja el nivel, da facilidades para una evaluación positiva, y rebaja las condiciones para la promoción... Cuando se reducen los estándares de exigencia, se trivializa la función al profesor. La función clásica del profesor, sobre todo en Secundaria, es instruir a los alumnos en un marco educativo donde se puedan transferir valores. La ley actual ha creado condiciones que difuminan esa función principal.

P.– ¿Ese facilismo es una de las causas de la bajada en el rendimiento, como hemos visto en PISA 2022?

Francisco López Rupérez. David Morales EL ESPAÑOL

R.– No hay investigación rigurosa en nuestro país sobre el impacto de leyes concretas. Sin embargo, en otros países con mayor tradición de investigación empírica se sabe que esos procedimientos de rebaja de nivel de exigencia no producen los efectos deseados. Disponemos de estudios rigurosos que demuestran que la rebaja de los estándares perjudica particularmente a los estudiantes vulnerables.

A esto se suma que la sociedad ha perdido algunos principios irrenunciables, como conferir autoridad al profesor. Es decir, la sociedad se ha alineado con el facilismo. Se ha extendido una concepción hedonista donde lo importante es que el niño “sea feliz” y en ese contexto los valores de la exigencia decaen. Al final, el facilismo es socialmente aceptado por las familias, que tratan de evitar a toda costa la frustración. Estamos ante un bucle donde la educación influye en la sociedad, que a su vez influye en la educación.

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P.– Usted defiende la extensión de la educación obligatoria hasta los 18 años, con un modelo de tres años de ESO y tres de Bachillerato/FP. ¿Por qué?

R.– Por la evidencia empírica disponible y por un consenso creciente entre especialistas. El término que emplea nuestra Constitución en su artículo 27 es “enseñanza básica” –que es obligatoria y gratuita– y lo básico es claramente contextual. Lo que se podía considerar básico en 1970 o en 1990 no es lo mismo que en 2025, con los desafíos que plantea la sociedad del conocimiento. La evidencia empírica, replicada recientemente con cálculos econométricos por investigadores de FUNCAS, por ejemplo, muestra que la extensión de la enseñanza obligatoria tiene un impacto positivo no sólo para los individuos, sino para el sistema económico.

Un ejemplo es el caso de Portugal, que en 2009 puso en marcha la extensión de la obligatoria hasta los 18 años. A partir de entonces, se advierte cómo la curva de abandono educativo temprano empieza a caer drásticamente, hasta situarse muy por debajo de España e incluso de la media de la Unión Europea.

Aun así, es un craso error pensar que esto consiste simplemente en extender el modelo de la ESO hasta los 18 años. Tiene que ir acompañado de un refuerzo de la Formación Profesional y una reconceptualización de la estructura de la Secundaria. La fórmula óptima es tres años de Secundaria inferior y tres años Secundaria superior, con la opción sea de Bachillerato general, sea de Formación profesional. Es el modelo de la mayoría de países de la OCDE que terminan la Secundaria inferior a los 15 años. Es por ello por lo que PISA mide los rendimientos a esa edad.

Francisco López Rupérez, expresidente del Consejo Escolar, durante la conversación con EL ESPAÑOL. David Morales EL ESPAÑOL

P.– ¿Cómo ve la posibilidad de un pacto educativo en España?

R.– Pues sigo siendo optimista aunque trato de conciliar el pesimismo de la razón con el optimismo de la voluntad, como diría Gramsci. La humanidad ha evolucionado y avanzado en la medida en que el pensamiento científico se ha impuesto al pensamiento mítico y lo racional ha desplazado a una aproximación a la realidad simplemente emocional.

Aunque las posiciones ideológicas y emocionales ante la realidad ofrecen resistencia, dado que somos seres racionales, si las evidencias son contundentes, al final la racionalidad, probabilísticamente hablando, termina imponiéndose, y ese conflicto cognitivo se decanta en favor de los hechos. Si logramos convencer a los actores principales de la importancia de un enfoque de las políticas educativas basado en evidencias, será más fácil encontrar el acuerdo. La gente, si las evidencias son sólidas, no podrá sostener que lo que es blanco, es negro, o viceversa.

Además, tengo alguna esperanza en que el desarrollo de la IA se aplique a las políticas educativas, como es el caso de Galicia. A nivel del sistema educativo en su conjunto, la IA –esencialmente la IA analítica– nos permite procesar grandes masas de datos, transformando la ingente información que tienen las administraciones educativas en conocimiento útil. Un conocimiento que puede servir para basar las políticas en datos. Esto facilitará el acierto y, con ello, el acuerdo.

En mi opinión, el acuerdo social en materia educativa debe preceder al acuerdo político, dado que el primero resulta más asequible que el segundo, pues la sociedad es más sensible a las evidencias que su clase política, y los políticos , en los tiempos que corren, suelen ir por detrás de la sociedad.