Migrantes de 'La Fortaleza', uno de los centros de Quórum77, durante una actividad en el campo de fútbol, en una imagen hecha pública por la empresa gestora del centro.
El "plan B" de Canarias para reubicar a los 2.000 menas de Quórum77: "Es un trámite lento; son niños, no cajas de fruta"
El Gobierno regional sostiene que cuenta con una estrategia en caso del cierre de la ONG, la mayor adjudicataria del sistema de acogida canario.
Más información: El 'régimen de terror' de Aroa y 8 trabajadores de La Fortaleza, un centro de 'menas' de Gran Canaria: "Les torturaban, pegaban y escupían en la comida".
Días después del registro policial en la sede de Quórum77 y del cierre judicial del centro de Arinaga —en el sureste de Gran Canaria— donde vivían 148 menores migrantes no acompañados, el Gobierno de Canarias intenta enfriar la crisis.
"Estamos en emergencia y todas las posibilidades están abiertas, pero no podemos actuar de forma impulsiva", dijo el pasado viernes la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado.
La ONG, que gestiona más de una decena de centros en las islas, sigue siendo responsable de casi 2.000 menores. Es, con diferencia, la mayor adjudicataria del sistema de acogida canario.
Aunque el Ejecutivo no prevé rescindir el contrato por ahora, ya cuenta con un plan de contingencia para asumir la gestión si la entidad cesa en su actividad.
Agentes de la Policía Canaria registran por orden judicial la sede en Las Palmas de Gran Canaria Quórum Social 77, el pasado jueves.
"Tenemos preparada una estrategia. Hay que tener en cuenta que tratamos con niños y niñas. No son cajas de fruta. Los centros son sus hogares y cualquier movimiento puede desestabilizar su vida cotidiana", añadió Delgado en rueda de prensa.
Secreto de sumario
La investigación, dirigida por el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas, se inició tras una denuncia por presunto maltrato y humillación a menores en uno de los centros. La propia Dirección General de Infancia del Gobierno autonómico trasladó el caso a la Fiscalía.
El dispositivo clausurado esta semana, conocido como José García I (Arinaga), albergaba a 148 jóvenes. Todos han sido ya reubicados. En mayo se cerró también La Fortaleza I, con otros 43. En total, 191 menores han sido desalojados.
La causa, que se encuentra bajo secreto de sumario, investiga posibles delitos de lesiones, amenazas, odio y omisión del deber de impedir delitos. Las entradas y registros se han saldado por ahora con la detención de dos directivos de la ONG.
Efectivos de la Policía Canaria durante la entrada por orden judicial a uno de los centros de acogida de Quórum77.
Un PSOE incómodo
Entre los arrestados figura Enrique Quintana Ramos, director de todos los centros de Quórum77 y responsable legal de los menores ante la Administración. Militante socialista, fue elegido secretario de Acción Social del PSOE de Gáldar en 2022. Aunque fuentes del partido aseguran a EL ESPAÑOL que "no tiene cargo orgánico en la Agrupación de Gáldar".
La otra detenida es Delia García, presidenta de la ONG. Ambos acudieron a trabajar con normalidad al día siguiente de su detención. A través de los canales internos de comunicación, pidieron "tranquilidad" a la plantilla. Un contraste llamativo con lo ocurrido meses atrás: cuando se clausuró La Fortaleza I, García despidió a seis trabajadores implicados en el caso.
En la actualidad, Quórum77 mantiene activos centros en Vecindario, San Juan de Telde (1 y 2), Casa del Marino (Las Palmas), Teror, Las Mesas, La Aldea, San Luis (Tafira), y dos dispositivos en Fuerteventura, además del clausurado de Bandama.
![Quintana, el socialista arrestado por el maltrato de menas en sus centros: Están tranquilos, no se sienten vulnerables](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/07\/25\/actualidad\/1003743863215_257566180_320x180.jpg"])
Una red tensionada
La consejera Delgado reconoció que la emergencia migratoria declarada en 2023 ha complicado la contratación de personal cualificado. "Cumplen los requisitos legales, como carecer de antecedentes penales, pero no encontramos personal con experiencia", explicó.
Agentes de la Policía Canaria durante el registro por orden judicial la sede en Las Palmas de GC de la asociación Quorum Social 77, el pasado jueves.
Los más de 50 empleados del centro de Arinaga no han sido reubicados ni informados sobre su situación laboral.
Desde Bienestar Social confían en poder desactivar progresivamente los macrocentros antes de que acabe el verano, si se reactiva el reparto de menores con otras comunidades autónomas.
"Las inspecciones funcionan", defendió Delgado. "Pero a veces sale algún trabajador malo".
