Por qué Extremadura no hace abortos en la pública: en un año deriva 1.171 pacientes a la privada

En la región extremeña existe un único centro privado acreditado para realizar este tipo de intervenciones hasta las 30 semanas de gestación, la clínica Guadiana Los Arcos, en la provincia de Badajoz. Por esto, muchas mujeres se ven obligadas a desplazarse a otra comunidad autónoma, en la mayoría de los casos a la Clínica Multimédica de Salamanca. Otras acuden a las clínicas Dator, en Madrid, y Ginesur, en Sevilla, especialmente cuando se tratan de interrupciones de alto riesgo. Todas ellas a cientos de kilómetros de la comunidad extremeña.

Precisamente, el hecho de que las mujeres tuvieran que desplazarse a otras provincias fue una de las razones principales por las que se procedió a regular la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Esta regulación, que entró en vigor el 2 de marzo de 2023, introdujo una serie de modificaciones sobre la ley de 2010. Irene Montero, exministra de Igualdad, defendió en 2022 que "la red pública será la red de referencia y las mujeres que decidan interrumpir su embarazo podrán hacerlo en el centro público hospitalario más cercano a su domicilio para que no tengan que desplazarse, a veces cientos de kilómetros, como ahora ocurre en muchas comunidades autónomas".

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No obstante, en el año que la ley lleva en vigor, los hospitales públicos extremeños siguen sin practicar abortos, aunque esta prestación esté incluida en la cartera de servicios de la sanidad pública. Según los últimos datos aportados por la Consejería de Salud y Servicios Sociales, recogidos por El periódico de Extremadura, 1.171 mujeres que han pedido la interrupción voluntaria del embarazo, desde marzo de 2023, han sido derivadas a clínicas privadas. 226 en lo que va de 2024. 

Actualmente, el SES está recogiendo información de todos los sanitarios de las diferentes áreas de salud que están en contra de la ley para poder elaborar el registro de objetores de conciencia. La Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta expresó el pasado diciembre que el objetivo de esta recogida era conocer el personal sanitario dispuesto a realizar este tipo de intervenciones para organizar la situación en los centros sanitarios públicos y "poder cumplir así con la ley". De momento, se desconoce cómo va el proceso de recogida, aunque la consejería calculó, por los formularios ya recibidos, que habrá muchos objetores, según informa El periódico de Extremadura. 

En 2022 el número de abortos aumentó un nueve por ciento con respecto a 2021. Según el Registro Estatal de Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE), se registraron un total de 98.316 interrupciones de embarazo distribuidas entre 222 centros autorizados. Sin embargo, el 82’7 por ciento tuvieron lugar en clínicas privadas. Sólo el 17’02 por ciento se practicaron en hospitales públicos.

Distribución de centros que han notificado I.V.E.s. según Comunidad Autónoma y dependencia patrimonial Ministerio de Sanidad

Asimismo, 12 provincias de cinco comunidades autónomas no notificaron abortos en 2022, según el último informe anual de IVE del Ministerio de Sanidad: Extremadura, Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Estas tres últimas ni siquiera notificaron abortos en clínicas privadas. Además, 4.452 abortos fueron solicitados en esas provincias pero no se practicaron ahí, por lo que las mujeres tuvieron que trasladarse a otras comunidades autónomas para interrumpir su embarazo. 

El Gobierno sigue trabajando para seguir impulsando la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva en un trabajo conjunto con las comunidades autónomas y las sociedades científicas y asociaciones para prevenir los embarazos no deseados y la planificación familiar: "Sanidad tiene el firme propósito de seguir garantizando el derecho a las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública". 

Novedades en la ley

Como novedad de la nueva ley, cabe destacar que las mujeres pueden interrumpir voluntariamente su embarazo a partir de los 16 años, sin necesidad del consentimiento de sus representantes legales. Además, podrán interrumpirlo dentro de las primeras 14 semanas de gestación.

También el periodo actual de reflexión de tres días queda eliminado, así como la información previa obligatoria, y las mujeres que se sometan a esta intervención tendrán derecho a una incapacidad temporal durante el tiempo de recuperación.