Los taxistas delatores de 'Peseto loco': así persiguen y ponen 10.000 denuncias a conductores de Uber o Bolt

Recuerdo que era jueves, la noche había caído y hacía frío. Me subí al taxi cerca de la estación de Chamartín, tras uno de los habituales viajes imprevistos que depara esta profesión. Recuerdo que el taxista era simpático, de mediana edad y con poco pelo que peinar sobre su cabeza. En la radio sonaba un partido del mundial. Recorriendo Bravo Murillo, el conductor se quejó de que un vehículo de transporte concertado (VTC) ocupaba el carril bus, reservado únicamente para autobuses, taxis y motos. “Porque estoy con un cliente, que si no, te denunciaba”, exclamó en voz alta. ¿Cómo?

La bombilla periodística se encendió y comencé a tirar del hilo. “Sí, tenemos esta aplicación que cuando haces una foto te enseña dónde y cuándo la has hecho. Se llama GPS Map Camera. Luego la enviamos con una denuncia al Ayuntamiento y multan al conductor”, explicó el taxista. “El Ayuntamiento se está frotando las manos con esto”. Así fue el germen de este reportaje. Salí de aquel taxi con las preguntas muy claras en la cabeza: ¿Será verdad que los taxistas están enviando infracciones a los ayuntamientos? ¿Se están tramitando multas por denuncias de los taxistas? ¿Cuántas se han puesto por este método?

Varios días de investigación han alumbrado las respuestas. Sí, los ayuntamientos están tramitando multas gracias a las denuncias de estos taxis delatores, organizados a través de varias plataformas. Los taxistas han interpuesto más de 10.000 en los últimos dos años, gracias a los miles de ojos que recorren las calles españolas. Solo en la primera quincena de noviembre se presentaron más de 1.000 denuncias ante el Ayuntamiento de Madrid. Asimismo, también constan denuncias en Sevilla, Málaga, Granada, Barcelona y Valencia.

“Matarile al cucaracho”

El procedimiento es sencillo. Un taxi observa una infracción de un VTC, por ejemplo, que pare en el carril bus para recoger a un cliente. En ese momento, el taxista toma una foto con la app, que automáticamente geolocaliza la foto y le pone fecha y hora. Esa imagen que demuestra la infracción es enviada a diferentes plataformas organizadas de taxistas -en Madrid la iniciativa la lleva la Plataforma Caracol- y un portavoz entrega esa denuncia al Ayuntamiento personándose como testigo.

El denunciante se ampara en el artículo 4 del reglamento Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial: “Cualquier persona podrá, igualmente, formular denuncias por hechos que puedan constituir infracciones a los preceptos del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial o de sus Reglamentos”.

Un VTC captado por un taxista con la app GPS Map Camera en una zona reservada a taxis. Cedida

Así pues, el Ayuntamiento se ve obligado a tramitar esa denuncia. Este periódico se ha puesto en contacto con el Área de Medio Ambiente y Movilidad, que ha negado taxativamente que estas multas se estén tramitando. Sin embargo, otras fuentes han confirmado —y documentado— que las sanciones llegan. Es imposible saber la cifra exacta de multas que han llegado a los VTC, porque no se notifican al denunciante. Pero la Plataforma Caracol asegura haber interpuesto “más de 10.000 denuncias en dos años”.

['Apatrullando' la ciudad con el Peseto Loco: "No soy un nazi, sólo persigo a las 'cucarachas' de Uber"]

Entonces, ¿cómo saben que las multas llegan a los infractores? Porque han llegado recursos de los conductores sancionados. “Muchas veces los recursos son simplemente para ver quién es el denunciante”, afirma una fuente autorizada del Ayuntamiento de Madrid. “No les importa tanto pagar 60 cómo saber quién les ha denunciado”. Muchas de estas multas se han recurrido a través de una plataforma especializada en gestión de sanciones de tráfico. Dicha plataforma —que ha solicitado no ser nombrada— corrobora a este periódico que han tramitado cientos de recursos de estas multas, especialmente en Sevilla.

Cuando una multa presentada por requerimiento es recurrida, el órgano sancionador contacta con el denunciante para que ratifique su denuncia. Así, los VTC infractores se han dado cuenta de quién firma el grueso de las demandas: el Peseto loco.

Un boxeador taxista

Nacho Castillo Jiménez (Algete, 1982) saltó a la fama mediática en el 2016, cuando las protestas del sector del taxi vivieron su máximo apogeo por la intrusión de Uber, Cabify y Bolt en su sector. Castillo fue una de las caras más visibles de las protestas, liderando las marchas con bengalas.

Se hizo célebre por sus incendiarias declaraciones. Le acusaron de violento, de ultraderechista y en 2016 fue condenado a una multa por disparar una pistola de balines contra un coche de Cabify. Fue uno de los rostros más conocidos de Elite Taxi, el sector más combativo de los taxistas cuando estaban en pie de guerra contra las nuevas empresas de transporte de viajeros.

Nacho Castillo, alias 'Peseto loco', durante las protestas de los taxista en 2017. E.E.

La guerra ahora se libra de una manera más sutil, sin protestas y con la ley en la mano. El tono camorrista, en cambio, no ha cambiado y el Peseto loco ha popularizado esta cruzada bajo el lema matarile al cucaracho, refiriéndose a los VTC, obviamente. “¡Cucarachos! Vamos a jugar al teto. ¡Yo soy el peseto y te la meto!”, exclama en uno de sus múltiples vídeos jocosos en Tik Tok.

['Peseto Loco', ex boxeador y líder de los radicales del taxi: "Vamos a morir matando"]

Este periódico se ha puesto en contacto con el Peseto loco que ha facilitado numerosa documentación que demuestra la efectividad de su campaña. “Entre mayo y noviembre de 2021 me llegaron más de 500 recursos”, asegura. Es la prueba definitiva de que su método funciona. “Este año ya son menos, unos 13, porque saben que no les sirve de nada recurrir. Les sale mejor acogerse al pronto pago”.

“Los funcionarios que tramitan estos expedientes son independientes del color político que esté gobernando y no se quieren meter en ningún problema de dejación de funciones. Tramitan estas denuncias porque están obligados por ley para tramitarlas. Es que tienen que hacerlo. Al Ayuntamiento le molesta esto y entonces se cuelgan la medalla. Por eso te lo niegan”, prosigue.

@pesetoloconew #vtc #MejorEnTaxi #Taxi #Uber #Cabify #Bolt #denuncia #madrid ♬ sonido original - Peseto Loco New

“Yo no busco que me reconozcan ni me pongan una calle, pero el Ayuntamiento se está forrando gracias a mí. Se ve que les avergüenza. Bueno, me da igual. Lo importante es que las multas llegan y cada vez más compañeros se están sumando a esto. Estamos presentando unas mil denuncias al mes”. Las multas son por un importe de 60 euros, que se ven reducidas a la mitad por pronto pago. “Las están poniendo como leves”, aseguran tanto el Peseto loco como una fuente del Ayuntamiento. Preguntada por EL ESPAÑOL, la empresa Cabify ha declinado valorar esta información. 

“Nadie ha visto jamás a un policía multar a un VTC por estar en el carril bus, cuando está totalmente prohibido. Y lo hacen a diario”, protesta el taxista. Es más, la propia normativa del Ayuntamiento de Madrid indica que los VTC deben recoger a sus clientes en calles aledañas sin obstaculizar el carril bus. La cruzada está servida y los taxistas están cada vez más movilizados en esta lucha. Prácticamente la única que pueden ganar desde que Uber y Cabify irrumpieron en nuestras calles por las bravas.

El juego sucio de Uber

Uber aterrizó en 2014 en 31 países, España entre ellos. La táctica de la empresa desde un momento fue implantarse en el mercado a costa de lo que sea. “La empresa estaba dispuesta a romper todas las normas, a usar todo su dinero y su poder para impactar”, aseguró Mark MacGann en un entrevista con The Guardian este mismo año.

MacGann trabajó para Uber entre 2014 y 2016 como lobista, es decir, haciendo presión para que la empresa pudiera operar a toda costa. Finalmente, arrepentido y horrorizado, MacGann decidió filtrar a la prensa numerosos documentos que demostraban el juego sucio de esta empresa. Las filtraciones de Uber files corroboraron lo que muchas administraciones ya sabían, pero decidieron mirar para otro lado.

Más de 124.000 archivos internos fechados entre 2013 y 2017 contaban cómo Uber organizó su llegada a cientos de ciudades. Ser ilegales formaba parte del plan. “El mantra que la gente repetía en todos los despachos venía desde la cúpula: no pidas permiso, simplemente lanza Uber, presiona, alista conductores, sal, haz marketing y rápidamente la gente despertará y verá qué cosa más maravillosa es Uber”, declaró el lobista, que llegó a reunirse con el presidente francés, Emmanuel Macron, para venderle las bondades de la aplicación.

Mark MacGann, filtrador de los 'Uber files' junto al presidente francés Emmanuel Macron. The Guardian

“No nos paramos a entender el marco legal”, se lee en un correo filtrado de julio de 2014 en respuesta a un directivo de Uber que pedía indicaciones sobre cómo empezar a operar. “Básicamente, Uber llega y luego empieza la tormenta de mierda legal y legislativa”. Pero ¿no habrá problemas?. “A veces tenemos problemas porque, bueno, es que somos jodidamente ilegales”.

La estrategia de Uber llegó a ser tan agresiva que las cúpulas llegaron a “desarrollar tácticas para enfrentarse a las autoridades”: pleitear contra las administraciones, buscar los trapos sucios de un juez, agresivas campañas de lobby... Todo vale. Mientras tanto, la empresa desviaba millones de euros a sociedades opacas en paraísos fiscales.

La venganza de los taxis

¿Y que se encontró de frente Uber en Madrid? Un sector del taxi hiper regulado que hacía todo lo posible para que no se expedieran nuevas licencias. El año que Uber se instaló en la capital, el Ayuntamiento llevaba sin expedir licencias desde 1980. 34 años sin nuevos taxis. El colectivo presionó para evitar que se ampliase el número de vehículos circulando para evitar que se depreciasen las licencias en sí, mientras se especulaba con ellas en un verdadero mercado paralelo.

Las licencias de taxi eran caras, sí, pero también un pasaporte directo a una jubilación de oro, con la certeza además de que su valor no se depreciaría ni entrarían nuevos competidores en el sector. Pero el mundo de 1980 y de 2014 eran radicalmente diferentes y las nuevas tecnologías revolucionaron los modelos de negocio. Tarde o temprano, le iba a pasar al taxi.

Un VTC invadiendo un carril bus. Cedida

Mientras tanto, Gobierno, Comunidad y Ayuntamiento miraron para otro lado y permitieron que se comerciara con un bien público a sus espaldas y sin que los ciudadanos obtuvieran de ello ningún beneficio. La administración tenía la responsabilidad ineludible por su negligencia in vigilando. En 1994, en España había 72.000 licencias de taxi para una población de 40 millones de habitantes y unos 60 millones de turistas anuales. Actualmente, tenemos 80 millones de turistas y 46 millones de españoles. En cambio ahora hay menos licencias que entonces: unas 70.000.

En este panorama Uber, Cabify y Bolt entraron cual elefante en una cacharrería. Por un lado, un sector congelado en el tiempo aferrado con uñas y dientes a sus privilegios. Por otro, las nuevas empresas tecnológicas dispuestas a pasar por encima de todo y todos para implantarse en el mercado. En medio, unas administraciones que se pasan la patata caliente de legislar la movilidad en las principales ciudades españolas. ¿Qué podía salir mal? Solo estaba en juego el pan de miles de familias.

Ahora, a los taxistas no les queda más remedio que acostumbrarse a ver coches negros con la etiqueta de VTC haciendo el trabajo que antes solo hacían ellos. Pero en medio de esta vorágine, unos pocos han visto la forma la forma de vengarse lentamente y dando, además, donde más duele: en el bolsillo. Cada vez son más los taxistas —e incluso algunos autobuseros— que conducen con el ojo avizor y con el móvil listo para documentar una denuncia. Y nada indica que vayan a parar.