Murcia

Las cuatro calderas de vapor y las dos turbinas del destructor Almirante Valdés funcionaron a toda máquina -un lejano 5 de marzo de 1939- para dejar atrás el puerto de Cartagena y poner rumbo a Túnez a 35 nudos de velocidad. Entre la tripulación viajaba Alberto García Martínez, un cabo fogonero al servicio de la II República. Ese fue el inicio de la última misión de Alberto que le llevó al puerto de Bizerta donde el bando republicano había pactado entregarse tras perder la Guerra Civil. De allí este cartagenero dio con sus huesos en un campo de concentración en Cádiz y acabó sometido a un consejo de guerra que lo condenó a muerte por un delito de rebelión.

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Ochenta años después sus familiares en Cartagena han tenido conocimiento de una información vital: el paradero de los restos mortales de su ser querido. Alberto estaba dentro de una fosa común del patio del cementerio de San Fernando, a 583 kilómetros de distancia de la ciudad portuaria que jamás le vio regresar porque murió tras ser fusilado un 18 de junio de 1940. Detrás de semejante revelación para los seres queridos de Alberto está la titánica labor de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Democrática, Social y Política de San Fernando (Amede).

“El rompecabezas que tenemos que reconstruir es enorme”, subraya a EL ESPAÑOL el presidente de Amede, Javier Pérez. Y no exagera porque esta asociación, desde 2016, trabaja ininterrumpidamente en el mencionado campo santo de La Isla donde diversas pruebas físicas y documentales apuntaban a la presencia de varias fosas comunes donde enterraron a cientos de víctimas de la represión franquista.

El presidente de Amede, Javier Pérez, trabajando en una de las fosas halladas en el patio del cementerio de San Fernando. Amede

El recinto original del cementerio se amplió en un patio en cuyos terrenos se levantaban quince cruces, algunas con nombres y otras simplemente con iniciales de los finados. Además, en esa zona también había un pedestal central que estaba coronado por una cruz con una breve leyenda que daba bastantes pistas sobre lo que podría haber bajo tierra: 1936-1939.

La pruebas documentales que corroboraban la presencia de fosas en el citado patio del campo santo venían recogidas en el libro ‘Trigo tronzado: crónicas silenciadas y comentarios’.

La publicación del difunto escritor José Casado recoge los fusilamientos perpetrados en La Isla (San Fernando) entre 1936 y 1940, por parte de los partidarios de la dictadura de Franco. En el libro se recogen documentos que transcribieron los sacerdotes que asistieron a los condenados a muerte por Consejo de Guerra o por Ley de Guerra. “Los curas dejaron constancia de los fusilamientos”.

Los religiosos fueron apuntando nombres y apellidos de las víctimas, la fecha, hora y lugar, así como información adicional: si tenían esposa, hijos y si confesaban o comulgaban antes de morir. “La edición del libro fue secuestrada por orden judicial porque venían los nombres de los represores y se llegó a vender de forma clandestina hasta que salió una reedición”, resalta Javier Pérez.

En cualquier caso, más allá de polémicas judiciales, lo cierto es que todas esas pruebas físicas y documentales llevaron a Amede a plantear la necesidad de sondear el cementerio a la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de San Fernando.

Amede está realizando exhumaciones en el cementerio municipal de San Fernando. Google Maps

La fosa número 7

De los sondeos en 2016 se pasó en 2017 a las excavaciones en extensión y a la exhumación de restos humanos. “Llevamos exhumados 108 cuerpos en total, pero hay ocho fosas donde creemos que se encuentran 229 represaliados de toda España, de los que 106 fueron militares”. Hasta ahora Amede tiene idenfiticadas “de forma presuntiva” a tres personas y una de ellas es Alberto García Martínez: nacido en Cartagena, el 7 de mayo de 1897.

“En el patio del cementerio hay enterrados cuerpos de represaliados que están mezclados con fosas de caridad que en aquella época se daban para que recibiesen sepultura personas sin recursos económicos y víctimas de enfermedades”, apunta el presidente de Amede sobre la enorme dificultad que entrañan los trabajos que desarrolla un equipo de técnicos, arequeólogos e historiadores. De hecho, ya han exhumado más de trescientos cuerpos que no tienen nada que ver ni con la Guerra Civil ni con la dictadura de Franco.

“A Alberto le encontramos durante el año 2020, junto a otro represaliado, dentro de la fosa número siete: tuvimos que estar durante meses exhumando muchos cuerpos hasta que dimos con ellos”, detalla Javier Pérez. Inicialmente este cartagenero era simplemente el sujeto 303 que apareció, según los informes forenses, en posición anatómica decúbito supino/dorsal, con flexión lateral del cuello y cráneo hacia la derecha. En la práctica, estaba boca arriba, y los restos óseos de este cartagenero presentaban signos de violencia compatibles con un fusilamiento.

La clave: los anillos

“El sujeto 303 apareció con dos anillos en el dedo índice de la mano derecha, con los nombres de Alberto y Dionisia: eso coincidía con la documentación que teníamos sobre una de las personas represaliadas a la que estábamos buscando”. A partir de las alianzas tiraron del hilo y lograron averiguar que se trataba de Alberto García Martínez, un cabo fogonero al servicio de la II República, que se casó con Dionisia Ros Martínez y tuvo dos hijos: María Mercedes y Alberto.

Uno de los dos anillos que el sujeto 303 lucía en el dedo índice de su mano derecha. Amede

“Parece que son alianzas de matrimono por ese elemento común del nombre de él y de ella, pero no lo podemos afirmar con rotundidad porque los anillos están deteriorados”, aclara Javier Pérez. Desde ese momento entró en juego la gran labor documental que desarrolla para Amede, el investigador y autor del libro ‘República, Alzamiento y Represión en San Fernando’, Miguel Ángel López.

La aparición de los dos anillos ha sido increíble porque ha servido para identificar de manera presuntiva a Alberto sin tener que recurrir al ADN de él y su familia”, resalta Miguel Ángel López en conversación con EL ESPAÑOL.

Con los datos personales del represaliado este investigador empezó a escudriñar documentación y pudo reconstruir el puzzle de los que fueron los últimos días con vida de este cartagenero. “La primera noticia de Alberto la encontré en el Libro Único Secreto: el registro que hicieron los curas donde documentaron 132 muertes ocurridas en San Fernando y en el Puerto de Santa María”.

Las pesquisas de investigación le permitieron confirmar que este alumno de máquinas y cabo fogonero formaba parte de la tripulación del destructor Almirante Valdés, que el 5 de marzo de 1939 zarpó de Cartagena con destino al puerto de Bizerta (Túnez) donde llegó el 11 de marzo. “Era el punto neutral pactado por el bando republicano con el bando franquista tras perder la Guerra Civil y allí les esperaba el ministro de Marina, el almirante Francisco Moreno”.

El destructor Almirante Valdés donde zarpó el cartagenero Alberto García Martínez. Casau

Campo de concentración de Rota

Durante aquel encuentro el régimen del general Francisco Franco incoporó a su contingente las embarcaciones de la flota de la II República y ofreció a la tripulación dos opciones: regresar a España para su reincoporación a la Armada o quedarse en un campo de prisioneros del Ejército fránces.

El almirante se la jugó a todos los que decidieron volver a suelo español porque viajaron en las bodegas del destructor como prisioneros y acabaron en un campo de concentración de Rota”, aclara Miguel Ángel López.

“Los que no creyeron la palabra del almirante se acabaron alistando en la Legión Extranjera Francesa para no ser prisioneros”. Otros, según apunta el investigador tras cosultar diversas publicaciones, lograron huir y vivieron de forma clandestina por el norte de África. "Algunos se llegaron a incoporar a la resistencia francesa para combatir en la Segunda Guerra Mundial".

El pobre Alberto, el hijo de los cartageneros Nicasio y María, fue de los muchos que creyeron a Francisco Moreno, ministro de Marina, y aceptó la propuesta de regresar a España para reunirse con su familia y seguir sirviendo en la Armada. Pero el 2 de abril zarpó desde las costas tunecinas al puerto de Cádiz como preso de guerra: le esperaba el campo de concetración de Rota.

“En Rota acabó un grupo numeroso de la flota republicana: hablamos de cientos o miles”. El cartagenero Alberto pasó días de penuria entre rejas mientras el régimen de Francisco Franco elaboraba el preceptivo informe personal que se hacía de cada uno de los prisioneros antes de ser sometidos a un Consejo de Guerra.

Miguel Ángel López, investigador y socio de Amede. Cedida

Cada juez pedía información al jefe de la Falange, a la Guardia Civil y al alcalde de su pueblo, en este caso el de Cartagena, los cuales debían informar sobre los antecedentes políticos, masónicos, sociales y moralidad de los presos, así como el comportamiento que tuvieron con el Alzamiento Nacional (golpe de estado) de julio de 1936”, enumera de forma didáctica el investigador.

Por si el proceso no fuese ya endiabladamente subjetivo algunos aprovecharon para aplicar la ley por su cuenta y perjudicar a los presos en la clasificación que se hacía previo al juicio: dudosos, recuperables al régimen o contrarios al movimiento.

“Hubo una serie de venganzas personales porque los que emitieron aquellos informes exageraron en contra de alguno, y eso sirvió para que fuesen acusados de rebelión: es lo que los historiadores llaman la Justicia al revés, porque aquellos marinos rebeldes contra la II República acusaron de rebelión a los marineros que se mantuvieron fieles”.

La tapia del cementerio

Como era de esperar Alberto llegó al Consejo de Guerra acusado de rebelión y fue condenado a muerte. El investigador Miguel Ángel López, socio de Amede en este importante proyecto que ha sido subvencionado con 30.000 euros por el Ministerio de Presidencia, se dirigió al Archivo Municipal San Fernando donde encontró en la caja 1138 el oficio del Juzgado Permanente del Departamento Marítimo de Cádiz.

El instructor era el teniente de Infantería de Marina, José Sánchez, que fue el encargado de comunicar al alcalde de La Isla que el marinero natural de Cartegana, de 43 años, sería fusilado la madrugada del 18 de junio.

“Por si tiene a bien dar las órdenes oportunas para estos casos, tengo el honor de manifestarle que mañana, a las 6 horas, será ejecutado el cabo de fogoneros Alberto García Martínez, sentenciado a muerte en la causa número 387 del año anterior [1939], por el delito de rebelión, junto a la tapia del cementerio municipal de esta población”, según recoge la orden del juez a la que ha accedido este diario.

Restos óseos exhumados de una de las fosas comunes del cementerio de San Fernando. Amede

A las seis de la madrugada, del 18 de junio de 1940, este cartagenero confesó y comulgó para luego morir a tiros. El Archivo Municipal recoge que ese mismo día el alcalde emitió esta orden al conserje del cementerio: “Se proceda a su enterramiento en esa necrópolis”. Es el término que empleó para referirse a una fosa común donde acabaron varios cadáveres de fusilados.

Los hijos de Alberto tenían en el momento de su fusilamiento 9 añitos (María Mercedes) y 17 meses de vida (Alberto). Los restos óseos de los 108 cuerpos que hasta ahora han sido exhumados de las fosas comunes del cementerio de La Isla, ya han sido entregados en los laboratorios de identificación genética de Granada. De momento, este cartagenero es uno de los tres primeros que ha sido identificado sin confirmación por ADN gracias a los anillos y a la documentación localizada.

A pesar de todo, desde Amede se han puesto en contacto con algunos de sus familiares en Cartagena para informar del importante hallazgo.

"Ahora son ellos los que deben decidir si se someten a la prueba de ADN, consistente en una muestra de saliva a través de un hisopo bucal, para así poder entregarles los restos mortales de su familiar y que le puedan dar sepultura”, tal y como apunta el presidente de Amede, Javier Pérez. De esta forma se lograría uno de los dos objetivos que persigue el proyecto de esta asociación: “Localizar, exhumar e identificar a las víctimas del franquismo en San Fernando y recuperar su memoria y dignidad”.