Así abortó la Fiscalía en 2016 la detención de Villarejo: 500 días más conspirando con Corinna

Sucedió en Madrid el 14 de junio de 2016. Aquel martes templado de finales de primavera estaba todo organizado en la capital de España para que seis agentes del grupo IX de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional detuvieran al todavía comisario José Manuel Villarejo, que se jubiló mes y medio después, en agosto de ese mismo año.

Lo tenían todo preparado para echarle el guante. Varios de ellos le aguardaban en las inmediaciones de su casa mientras otros lo hacían en el garaje de su despacho. Pero la operación se abortó in extremis. Bastó una sola llamada a las 9 y 38 minutos de esa mañana. Justo cuando aquellos hombres se dirigían a arrestarle.

Varios días más tarde se levantó al completo el secreto de sumario sobre la investigación en torno a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, ese chaval al que toda España ya conocía como el pequeño Nicolás tras hacerse pasar por colaborador del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o llegar a desfilar en el besamanos celebrado en el Palacio Real después de la proclamación como rey de Felipe VI.

Por ese tiempo ni siquiera se conocía que Villarejo, presuntamente empujado por la cúpula del Ministerio del Interior, orquestó una trama para espiar y robar información contable al extesorero del PP Luis Bárcenas sobre la ‘caja B’ de su partido. Pero Villarejo ya tenía serios problemas en aquel entonces. Tan serios como que la operación para detenerle por una presunta conexión a través de terceros con el pequeño Nicolás estaba en marcha, hasta que el operativo saltó por los aires en el último momento.

La Fiscalía, según fuentes conocedoras de la investigación y en base a las propias grabaciones en las que se escucha al propio Villarejo afirmarlo, decidió que el arresto no debía producirse. En ese momento el PP gobernaba el país y la fiscal general del Estado era Consuelo Madrigal, quien se despidió del cargo seis meses más tarde, en noviembre de 2016.

El 4 de febrero de 2017, ocho meses después de que se abortara su arresto, el propio Villarejo reconoció durante una conversación grabada que el fiscal Alfonso San Román influyó en que no se le detuviera. Se lo contó a Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, en ese momento ministra de Defensa y secretaria general del PP, cargo este último que ocupaba desde 2008.

El diálogo entre ambos viene recogido en el sumario de la causa de la operación Kitchen, que investiga esa presunta trama de espionaje a Bárcenas. “No estoy nada preocupado por lo del pequeño Nicolás. El fiscal ya le va a meter al juez una prevaricación por delincuente”.

Once días después, el 15 de febrero de 2017, Villarejo también se lo confesó a Enrique García Castaño, amigo suyo además de comisario principal y jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Comisaría General de Información.

“Si no llega a ser por el fiscal del [Juzgado] número 2 [de Madrid] ya estaba preparado el registro mío ¡eh! ¡Y la detención! ¡Acuérdate macho! (...) El plan de trabajo era registro en mi casa y detención mía y detención de mi mujer, ¡eh! (...)”.

María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro. EFE

Villarejo ganó así otros 17 meses en libertad. Durante ese período le dio tiempo a grabar, entre otras, la conversación que mantuvo en Londres con la empresaria alemana Corinna Larsen, antigua amante del rey emérito, Juan Carlos I.

En ella se escucha a Larsen decir que el monarca "cada vez que viaja a Medio Oriente vuelve con dinero" y que tiene "una máquina para contar" billetes en Zarzuela. Si a Villarejo se le hubiera detenido aquel martes de mediados de 2016, a Larsen nunca se hubiese escuchado pronunciar esas palabras.

Reconstrucción del operativo

Pero volvamos al 14 de junio de 2016, el día de la detención frustrada de Villarejo. EL ESPAÑOL reconstruye ahora en exclusiva cómo se desarrolló aquella jornada. Los investigadores que iban a apresarlo le acusaban de la presunta comisión de los delitos de obstrucción a una investigación judicial, revelación de secretos o pertenencia a organización criminal por grabar y más tarde difundir en un medio de comunicación una reunión que en 2014 mantuvo el comisario Marcelino Martín Blas, jefe de la Unidad de Asuntos Internos, con varios de sus hombres y con agentes del CNI.

Aquella reunión se celebró el 20 de octubre de 2014. Martín Blas informó de la investigación en curso sobre Francisco Nicolás Gómez Iglesias, cuyo contenido fue posteriormente difundido en el medio digital Información Sensible, del que era titular la mujer de Villarejo, Gema Isabel Alcalá, y en el que trabajaba el periodista Carlos Mier.

Aquel día habían pasado ya casi dos años de la grabación que Villarejo logró de aquel encuentro. Se sospecha que alguien del entorno del comisario llamó al móvil de Martín Blas. El terminal del jefe de Asuntos Internos habría sido hackeado en ese instante, permitiendo el registro de la conversación.

Esos casi dos años transcurridos entre el 20 de octubre de 2014 y el 14 de junio de 2016 constituyen un período de tiempo considerable para investigar. Los agentes del grupo IX de Asuntos Internos fueron sigilosos en sus pesquisas. Llegado el día clave, el objetivo era detener al comisario a las puertas de su despacho con la mayor discreción posible.

Jornadas antes, el equipo de Asuntos Internos de la Policía Nacional que investigaba a Villarejo se citó con el juez Arturo Zamarriego, al frente de la causa del pequeño Nicolás en el Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid.

Durante aquel encuentro el jefe del operativo, Rubén Eladio López, y los demás investigadores trasladaron al magistrado los detalles de sus averiguaciones y le describieron cómo sería el operativo de detención del comisario. La tesis policial quedó expuesta en un informe de 2.000 páginas. 

Fuentes conocedoras de los pormenores de aquel encuentro explican a EL ESPAÑOL que Zamarriego dio su visto bueno y que avaló la detención.

El exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz (PP), con el antiguo DAO de la Policía Nacional Eugenio Pino. EFE

Los investigadores guardaron en secreto la operación. No confiaban en la cúpula de la Policía Nacional. Temían que el operativo llegara a oídos de Eugenio Pino, el por entonces Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, a Enrique García Castaño, comisario principal y jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Comisaría General de Información, o al amigo y presunto colaborador de ambos, el propio comisario José Manuel Villarejo.

El lunes 13 de agosto de 2016, varios agentes de la unidad policial de Asuntos Internos se fueron a un almacén de productos asiáticos a comprar con dinero de su propio bolsillo unas cuantas cajas de cartón. Tenían previsto utilizarlas para guardar las pertenencias y la documentación que presumían obtener al día siguiente durante los registros en las propiedades de Villarejo.

El operativo frustrado

Finalmente, llegó la jornada señalada. Dos agentes camuflados de Asuntos Internos se apostaron a las puertas de la casa de Villarejo en Boadilla del Monte (Madrid). Eran las siete de la mañana. Aquellos investigadores habían indagado en la rutina diaria del comisario y sabían que lo más probable era que acudiese desde su residencia, como muchos otros días, a su despacho en la Torre Picasso, en pleno centro de Madrid, desde donde dirigía su conglomerado de empresas y recibía a clientes para los que realizaba investigaciones privadas valiéndose para ello de sus contactos en la Policía, según mantiene ahora la Fiscalía.

Desde las ocho de la mañana, otro par de efectivos de Asuntos Internos aguardaban infiltrados en el garaje subterráneo de la Torre Picasso. Un quinto controlaba las entradas y salidas del túnel de Nuevos Ministerios, por donde solía acceder el policía con su vehículo cuando acudía en dirección a su oficina. Aquel agente sólo tenía que avisar a sus compañeros al ver pasar al objetivo en el interior de su coche.

Fuentes conocedoras de la investigación detallan a EL ESPAÑOL que “todo estaba planeado para que la detención no se produjese en la vía pública”. Los agentes querían un arresto limpio, quirúrgico, discreto. A las 9.38 de la mañana del 14 de junio de 2016 Villarejo salió del túnel de Nuevos Ministerios. Se le detendría en cuanto entrara con su coche en el aparcamiento. Todo el mundo estaba en posición.

Sin embargo, la operación se frustró de repente. El jefe del operativo, Rubén Eladio López, observó en su teléfono móvil que había recibido una serie de llamadas en los últimos minutos. Eran todas del juez Zamarriego.

Cuando se puso al teléfono, escuchó al otro lado la voz del magistrado. “¡Aborta, aborta la operación!”, dijo, según relatan fuentes próximas a la investigación. La Fiscalía habría pedido al instructor que interrumpiera el operativo. 

La orden de detención de Villarejo se quedó sin firmar encima de la mesa del juez Zamarriego. El magistrado decidió no hacerlo a la vista de un informe remitido por el fiscal en el que le manifestaba las dudas en cuanto a la legalidad de la entrada y registro en las propiedades del comisario dado el tiempo que había transcurrido entre los hechos que se investigaban y la fecha en la que se iba a realizar el arresto.

Otras fuentes señalan que Zamarriego, quien recibió llamadas de la Fiscalía aquella mañana, nunca contó con el apoyo del ministerio público. Este periódico ha intentado obtener el testimonio del magistrado, pero no ha tenido éxito.

Ante aquella orden del juez, con el comisario a punto de ser apresado, a los investigadores que abrieron por primera vez el melón de las andanzas de José Manuel Villarejo no les quedó otra opción que dejarlo escapar.   

Tan sólo unos días después, el fiscal del caso, Alfonso San Román, pidió al juez que apartase de la investigación a aquellos agentes y que disolviera la comisión judicial que indagaba en las presuntas actividades ilícitas de Villarejo. La fiscal general del Estado en ese momento, Consuelo Madrigal, avaló la decisión.

Fuentes de la Fiscalía que conocieron la instrucción del caso del pequeño Nicolás afirman que no había base jurídica ni apoyatura en hechos mínimamente acreditados para llevar a cabo en aquel momento (2016) el despliegue operativo que pretendía la comisión de Asuntos Internos, que incluía numerosas intervenciones telefónicas y registros en empresas y medios de comunicación.

“El problema era que el juez había puesto a los policías que habían sido víctimas de un delito a investigar ese delito, lo cual era absolutamente improcedente de acuerdo con la Ley”, explican estas fuentes en referencia al hackeo del teléfono de Martín Blas cuando estaba reunido con representantes del CNI.

Las fuentes de la Fiscalía señalan que en aquel momento no había datos para relacionar a Villarejo con el caso del pequeño Nicolás y que las peticiones de Asuntos Internos se apoyaban simplemente en artículos periodísticos "dictados por el CNI" sobre las empresas de Villarejo.

"Con esa apoyatura", explican, "la cantidad de intervenciones telefónicas y registros que pidieron al juez eran una desproporción. Pero el juez asumía todo lo que le traían. Era el mundo al revés: un juez al servicio de la Policía, en vez de la Policía a las órdenes del juez".

507 días de libertad

El comisario Villarejo, principal imputado ahora en la causa de la operación Kitchen, consiguió de esa manera seguir en libertad casi año y medio más. Se le detuvo el 3 de noviembre de 2017, 507 días después, con José Manuel Maza ya al frente de la Fiscalía General del Estado. Por aquel entonces, los seis agentes que estuvieron a punto de apresarle ya habían sido desterrados de las tareas de investigación.

El máximo responsable del operativo fue enviado a una unidad en Madrid encargada de la vigilancia de calabozos. Todos ellos, los siete en total, fueron degradados. Los investigadores que, años después, retomaron las investigaciones sobre Villarejo, ahora en prisión, recibieron la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo. Aquellos siete hombres que emprendieron por primera vez la tarea de indagar en la vida del excomisario nunca han recibido tal reconocimiento.

Poco después de aquel episodio de detención frustrada, el comisario Villarejo fue imputado en el caso del pequeño Nicolás. Pero en ningún momento se le detuvo, por lo que no se le incautaron pruebas ni se registraron sus propiedades, como sí se hizo en noviembre de 2017, cuando se le arrestó por la presunta comisión de delitos contra los derechos de los trabajadores, cohecho, pertenencia a organización criminal o blanqueo de capitales.

Corinna Larsen. Getty

La Alamedilla

El caso Nicolás fue la primera miga de pan del comisario Villarejo en un largo sendero que continúa desde entonces y que, por el momento, no se sabe dónde termina. ¿Por qué Villarejo se implicó tanto en aquella historia en la que estuvo a punto de ser detenido? Las sospechas de los investigadores apuntan a un favor que le quiso hacer el comisario a su amigo y colaborador el empresario Adrián de la Joya.

De la Joya, cuyo nombre es también una constante en el sumario de la operación Kitchen, que investiga el espionaje a Bárcenas, quería anular un procedimiento con el que se iba a investigar una de sus fincas. Se trata de la finca La Alamedilla, una inmensa propiedad de más de 40 hectáreas ubicada en la provincia de Toledo.

El terreno, según sostenían quienes siguieron sus pasos antes que nadie, iba a ser utilizado por el pequeño Nicolás presuntamente para perpetrar una estafa. El empresario amigo de Villarejo era uno de los dos administradores de esa propiedad. El otro, Javier Martínez de la Hidalga, había mantenido reuniones con Francisco Nicolás días antes de que el joven apareciera en un restaurante de Ribadeo (Lugo) custodiado por un policía nacional, Jorge González Hormigos, destinado en el Grupo de Escoltas y Protección, y por un policial local de Torrijos (Toledo), Carlos Pérez López Dávila.

[Francisco Nicolás Gómez Iglesias se enfrenta a una posible pena de siete años de cárcel por organizar una reunión a un empresario al que presuntamente le hizo creer que actuaba en calidad de funcionario público como un enlace entre la Vicepresidencia del Gobierno y la Casa Real].

A la finca La Alamedilla estaba vinculado también el exbanquero Mario Conde. El pequeño Nicolás había presentado varios informes falsos de Hacienda y del CNI y le había cobrado, según reveló el diario El País, 15.000 euros por gestionar la concesión de un crédito millonario del Banco Nacional de Guinea. La garantía del crédito era esa misma finca. De la Hidalga, al enterarse, denunció al chico por estafa. Luego retiró la demanda.  

Cuando se detuvo al pequeño Nicolás, De la Joya reconoció al joven con el que había estado reuniéndose, el hombre que administraba junto a él aquella enorme propiedad en la campiña toledana. El empresario quería saber cómo afectaba la investigación del joven estafador a su persona, y por eso se puso en contacto con el comisario Villarejo, quien, a su vez, movió hilos dentro de la Policía Nacional.

Villarejo llamó a José Luis Olivera Serrano, exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y en ese momento responsable del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). También llamó al DAO, Eugenio Pino, para saber qué se estaba tramando.

De ahí se desprende que, siempre en base a fuentes cercanas a la investigación, Villarejo habría maniobrado para grabar la conversación en la que sólo estaban presentes aquellos que indagaban desde Asuntos Internos y miembros del CNI.

Con Corinna

Pero Villarejo no fue detenido. Nunca se sabrá si el juez habría decidido enviarlo también a prisión. Ese tiempo extra en libertad le permitió que el 7 de octubre de 2016, cuatro meses después del intento frustrado de detenerle, volviera a verse en Londres con Corinna Larsen. Era la segunda vez que se citaban. Al menos, que se sepa y que haya salido a la luz. La anterior fue en febrero de 2015, cuando el excomisario registró dos conversaciones con la examante del rey emérito.

En ese segundo encuentro, Larsen le contó que Juan Carlos I tenía en su residencia una máquina para calcular el dinero que se traía cada vez que viajaba a “los países árabes”. “Cada vez lleva se como 3, 4, 5 millones”, se escucha decir a Corinna Larsen. “El dinero está en Zarzuela. Tiene una máquina para contar [billetes]".

Sobre cómo habría introducido el monarca todo ese dinero en efectivo por la base aérea de Torrejón de Ardoz, la antigua amiga íntima del rey emérito explicó: "Entran en el avión. Chequean las maletas… Tiene que explicar de dónde saca cinco millones cada vez que va a la Fórmula 1 a Bahrein o Abu Dhabi. La manera en la que lo ha hecho ha sido la más fácil: viajar sobre protección diplomática, coger el dinero y volver a casa. Lo hace así".

La empresaria de origen alemán asegura en esa conversación que por eso Juan Carlos I paga todo en metálico "a su hijo, a sus hijas, a su mujer...". Las personas de confianza del rey que estarían al tanto de estas cuestiones, según la versión de Larsen, eran Vicente Mochales, encargado de la seguridad del emérito, Manuel Paredes, su secretario, y su ayudante, Agustín Alonso.

"Yo no entiendo las operaciones que hacen, peligrosísimas", llega a decir Corinna en un momento del diálogo con Villarejo. La examante del rey emérito afirma que el monarca podría tener "una vida extraordinaria", pero que el dinero es para él como una "adicción". Cuando Juan Carlos I lo recontaba en su presencia, dice Larsen que parecía "un niño". "Se muere para el dinero, no para el amor", añade.

Esos audios que Villarejo grabó gracias a que no se le detuvo en junio de 2016 están en la causa Carol, una pieza separada que la Audiencia Nacional investiga dentro de la macrocausa de la operación Tándem. La Fiscalía de Ginebra también tiene abierta una investigación al respecto.

El fiscal suizo Yves Bertossa investiga por blanqueo agravado de capitales al gestor de la fortuna del rey emérito en Suiza, Arturo Fasana, al abogado suizo Dante Canónica, a la propia Corinna Larsen y a la Banca Mirabaud como persona jurídica, donde el emérito llegó a guardar decenas de millones.

Bertossa cree que los 65 millones de euros (100 millones de dólares) son una comisión que el país árabe entregó a Juan Carlos I por haber intermediado con el consorcio de empresas españolas hasta lograr que la oferta del AVE a La Meca bajara un 30%.

El dinero acabó en manos de la examante del rey, quien aseguró al fiscal que siempre ha pensado que fue un regalo del monarca para intentar recuperarla. La clave en todo este asunto es saber quién dice la verdad, como en esa segunda conversación que Villarejo le grabó a la querida del rey en los 507 días que le regalaron en libertad.