“¿Y si le da a un asesino en serie por matar, haciendo pasar las muertes por Covid?”. Fue una de las preguntas que se hizo el presidente del Tribunal Superior de Justicia, TSJ, de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco. Eso, y "el sentido de la responsabilidad", asegura, le llevó a convertirse en lo que podríamos llamar uno de los primeros auditores independientes de la pandemia. Justo lo que esta semana ha pedido hacer el reputado cirujano español Pedro Cavadas: una auditoría sobre lo que ha pasado en España con el COVID. El doctor Cavadas (Valencia, 1965) recomienda una auditoría sin peajes "políticos ni económicos".

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Vicente Rouco (La Puebla de Montalbán, Toledo, 1958), desde el TSJ castellano manchego, empezó por auditar el número de muertos. Que no es poco. Acudió a los Registros Civiles. Sus datos iban a arrojar luz en cuanto al número de fallecimientos por coronavirus. Sólo en marzo, en Castilla-La Mancha, según los Registros, las licencias de enterramiento por Covid junto con las sospechosas de serlo, ascendieron a 1.921. Casi triplicaban los datos oficiales de Sanidad para aquel mes en la región: 774. El Tribunal Superior castellanomanchego daba como confirmados por Covid 965 fallecidos. Eso ya eran 189 más que los oficiales. El resto, casi mil más, eran precisamente los ‘sospechosos’ que engordaban la estadística.

A Vicente Rouco, el juez que empezó a auditar la cifra de muertes sirviéndose de los Registros Civiles, algunos le llamaron valiente. Otros le siguieron, como el Tribunal Superior de Justicia de Castilla León, que también ha ido publicando esos datos. De forma velada, reconoce Rouco, le llegó algún reproche. De discurso comedido, el magistrado que también es profesor, evita la polémica: ”Quizá no gustara, pero yo he hecho mi función”. Hoy, casi seis meses después -los datos se han seguido publicando hasta junio- asegura que sólo trató de buscar la transparencia y la seguridad jurídica. “Era relevante desde el punto de vista social e informativo”, añade. Por cierto, su apellido les sonará, es sobrino del cardenal Antonio María Rouco Varela.

La primera parada para contar la historia de uno de los auditores de la Covid-19 en España es el diccionario de la RAE, la Real Academia de la Lengua Española. Así se define en él el término auditoría:

1. f. Revisión sistemática de una actividad o de una situación para evaluar el cumplimiento de las reglas o criterios objetivos a que aquellas deben someterse.

2. f. Revisión y verificación de las cuentas y de la situación económica de una empresa o entidad.

Así, ya sabemos, que para hacer una auditoría lo primero que hay que hacer es tener datos. Para poder analizarlos, compararlos y ver, sobre éstos, qué ha pasado. ¿Pero, dónde están los datos?

Fachada del Palacio de Justicia de Castilla-La Mancha, en Albacete.

Certificar una muerte

Los Registros Civiles son esos órganos auditores de tu estado civil: comprueban y certifican que naces, te casas si lo haces y que mueres. Y cuando te mueras, en tu parte de defunción ha de poner una causa de la muerte, y para ello debe venir acompañado de un certificado médico forense. Sólo así podrán enterrarte o incinerarte.

La causa de tu muerte ha de ser clara y certera, o probable y supuesta, pero en cualquier caso, debe estar en los certificados. Será la verificación de la muerte. La auditoría de tu despedida. El Registro Civil es tu garante para comprobar que no te vas por una causa violenta, porque en ese caso habría que iniciar una investigación judicial, y entonces, no hay licencia para enterrarte. En ese caso, hay que abrir una investigación –con su denuncia correspondiente ante un juzgado- y una autopsia.

En marzo, algunos Registros Civiles de Castilla-La Mancha estaban saturados. Entre ellos, el de Albacete, sede del TSJ castellanomanchego. Y así le llegó al presidente del alto tribunal regional, que ocupa este cargo desde 2005. Un año antes, el magistrado, que está casado y tiene dos hijas, había recibido la Cruz de recibió la Cruz de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort, patrón de los juristas y que reconoce su labor en la Justicia española. Entre las distinciones que ha recibido durante su carrera, también la Cruz al Mérito policial.

“Los presidentes de los TSJ somos inspectores ordinarios de los registros civiles de nuestra circunscripción”, explica Rouco a EL ESPAÑOL. En principio, hablamos de una inspección anual, esa que cuida de que todo vaya más o menos bien, a pesar, casi siempre de la eterna demanda por falta de medios. Pero, en marzo, las cosas no iban precisamente bien.

Se acumulaban los cadáveres en los tanatorios y cementerios de Castilla- La Mancha”, y el trabajo en los Registros, pero faltaba información, recuerda el magistrado, cocinero antes que fraile. Y es que, antes de ser presidente del más alto tribunal de una de las regiones más afectadas por la Covid, había pasado por el Registro Civil de Villarrobledo. Fue, precisamente, su primer destino.

Durante las primeras semanas del Estado de Alarma, los jueces de Castilla-La Mancha se mantenían al día sobre las cuestiones judiciales que seguían en marcha. El Consejo General del Poder Judicial había marcado unos servicios mínimos: el Registro Civil era uno. No había juicios, y con las calles vacías, tampoco prácticamente detenidos. Sin embargo, había una sección desfasada, que se enfrentaba a “inconcreciones” en la documentación. “Los Registros tenían problemas con las inscripciones, no se consignaba con claridad la relación entre la patología y la Covid, aunque todo el mundo lo intuía”, recuerda. Asegura que se sintió “desolado” cuando comenzó a contabilizar los datos. Pero además, incide, el problema de la causa de la muerte no lo era sólo para la estadística: era fundamental para autorizar la inhumación, es decir, el enterramiento o la incineración. De lo contrario, se paralizaba el proceso. Con el consiguiente problema del tratamiento del cuerpo del fallecido. Importante en ello saber si había o no virus en él.

“Mi obligación era velar porque el proceso de inscripción de los fallecimientos fuera el correcto”, explica Rouco, desde su despacho. ¿Qué estaba pasando? Demasiados muertos sin confirmar la causa y estamos hablando de un momento en el que además no se hacían autopsias por la saturación del sistema.

Verificar las causas

“Había muertes confirmadas por Covid porque se les había hecho la prueba, pero otras no: decía neumonía sin causa anterior, proceso respiratorio…” El presidente del TSJ decidió remangarse: “Necesitamos verificar mejor las causas de la muerte”, relata. Así, continúa “pedimos toda la información, mandamos una comunicación al Colegio de Médicos para que se pidieran los visados de defunción”.

Y así, el TSJ elaboró sus propias estadísticas: fallecidos por Covid con test y fallecidos de serlo por Covid. “Las conclusiones fueron incontestables y la realidad ha venido a constatar que así era”, se ratifica. Porque el exceso de mortalidad observado durante los meses de la pandemia, comparado con los mismos meses de año anterior, se correspondía precisamente con los fallecidos por el nuevo virus.

Vicente Rouco, en la sede del TSJ.

No era la primera vez que durante su carrera judicial este magistrado tomaba la iniciativa para agilizar el trabajo en los juzgados. Defensor de que hay que dotar de más medios a la Justicia, recuerda como anécdota en su carrera que cuando llegó a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia. Era 1993, él se estaba poniendo al día en temas informáticos, pero faltaban ordenadores en los juzgados. Y se encontró con un donante: desde la antigua caja Castilla-La Mancha les ofrecían unos viejos que retiraban de sus oficinas. Y allá que se fue Vicente Rouco, a por aquellas computadoras recicladas, que aún duraron cinco o seis años más en los juzgados manchegos.

De aquello hace más de 25 años. De la primera publicación de datos de fallecidos que ‘desafiaban’ las cifras de Sanidad, seis meses. Hoy todo el mundo asume que han muerto por Covid más españoles –unos desfases que se producen también en otros países- de los que recogen las cifras oficiales. Lo dice incluso el Instituto Carlos III, pero en aquel momento, a principios de abril, Vicente Rouco estaba solo. Fue el primero. “Los jueces tenemos que hacer que las cosas se hagan bien”, recuerda hoy. ¿Tuvo que pedir permiso para recopilar y publicar esos datos? "Todos tenemos superiores", contesta, sin querer dar más información al respecto.

Los datos ponían en cuarentena las cifras oficiales. Pero la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha señaló que contabilizaba según las órdenes del Ministerio. Desde el Ministerio, por su parte, se dejó caer que iban a tener en cuenta los datos del Tribunal Superior. “Dijeron que se lo estaban planteando”. Pero a Vicente Rouco no le han llamado. Castilla-La Mancha ha superado la cifra oficial de 3.100 fallecidos esta semana. Es la tercera comunidad con más muertos tras Madrid y Cataluña. La provincia que más fallecimientos ha sufrido es Ciudad Real, con 1.132; le sigue Toledo con 817 y Albacete con 584.Frente a las cifras oficiales de Sanidad, el dato de la auditoría del TSJ: Entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 2020 se han expedido en los registros civiles de la región 9.951 licencias de enterramiento, de las que 5.267, el 52,9 %, recogen como causa de la muerte Covid o sospecha compatible con Covid”, señala la última publicación del TSJ. Son 2.100 muertos más.

La contabilidad y la segunda ola

En cualquier caso, el panorama ha cambiado. Tanto a nivel contagios y su seguimiento como contabilización de fallecidos. El Sistema de Monitorización de la Mortalidad, conocido como Momo, del Instituto de Salud Carlos III, ya actualiza cada mes los datos de exceso de mortalidad –más muertos por la razón que sea-, con las cifras del INE- Instituto Nacional de Estadística, que salen precisamente de los Registros. Y sobre todo hay un cambio clave: hay test. “Entonces no, si ni siquiera se los hacían a los sanitarios, había gente que moría en casa, sin recibir asistencia, por miedo a ir a los hospitales…”, recuerda Rouco hablando sobre todo de marzo y abril.

El alto magistrado conoce esas historias por los medios, por los vídeos que grabaron los sanitarios del Hospital de Albacete mostrando unas urgencias saturadas... Pero también por sus vecinos y por sus colegas. Aunque Toledo alberga la sede institucional de Castilla-La Mancha, Albacete es la capital judicial. En ella está la sede del TSJ y en ella reside Vicente Rouco. La ciudad llegó a registrar hasta 40 fallecidos en un solo día y tuvo que ampliar su cementerio en pleno estado de alarma. Se construyeron 800 nichos de urgencia. Y hay que seguir ampliando con 700 más. Lo anunciaba la concejal del ramo, Ana Albaladejo, en el Consistorio esta misma semana. El Ayuntamiento, además, tuvo que comprar de urgencia un nuevo horno crematorio. De urgencia porque la adquisición ya estaba prevista antes de la pandemia, pero tuvo que acelerarse. La ciudad sólo contaba con un horno con capacidad para quemar entre seis y siete cuerpos diarios. El 23 de marzo, según un informe del Ayuntamiento, había más de 30 cuerpos esperando para la incineración. El segundo horno, con una inversión de casi 300.000 euros, entró en funcionamiento en mayo.

Ya se conocía entonces que los fallecidos por Covid eran más que los que decía Sanidad. El TSJ había publicado sus datos un mes antes: el 6 de abril. Lo hizo a través de un comunicado que venía acompañado además de una Exposición y justificación de las actuaciones realizadas. En ella se señalaban los problemas de los Registros y cómo se iban a recoger los datos.

Tan sólo unos días antes de sacar a la luz las cifras, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha había mandado otro comunicado referente a la Covid En ese caso, para despedirse del primer funcionario de Justicia de la región fallecido por el coronavirus: Abelardo Sánchez Gabaldón, funcionario del Juzgado de Instrucción 1 de Albacete. “Excelente y comprometido”, dijo Rouco de él. Cuatro días después, el 6 de abril, el TSJ publicaba su demoledor informe de datos.

Vicente Rouco recorrió los Registros Civiles uno a uno.

Datos y análisis. Clave en cualquier auditoría, como pedía esta semana el doctor Cavadas, el médico que en 2009 realizó con éxito el primer trasplante de cara en España, octavo en el mundo. Es sólo uno de los hitos de la dilatada carrera de este médico valenciano especializado en reimplantes, reconstrucciones y extracción de tumores que decidió dar un giro a su vida, tras la trágica muerte de su hermano. Cambió su rol de cirujano rico y acomodado –él mismo se definía así- por labores más altruistas. Mantiene su clínica y su trabajo en España pero puso en marcha una Fundación en Kenia que se dedica a la cirugía reconstructiva. Quería con ello, “ayudar a aquellos que no pueden elegir”. Como el magistrado, tiene dos hijas, ha recibido numerosos premios en su dilatada carrera y actualmente se mueve entre África y Valencia.

La demanda de auditoría de Cavadas, a quien se ha llegado a llamar ‘doctor milagro’ sobre la Covid esta semana ha dado la vuelta a España: "Todo esto está pidiendo una auditoría en regla, no es posible que España, que no es el primer país en nada en el mundo, seamos los primeros en mortalidad, en casos y en repercusión económica. Eso no puede ser casual”. Lo dijo en León, donde visitó el museo de la Fauna Salvaje de Valdehuesa. Cavadas pide saber. Una auditoría como la que él demanda requeriría de diferentes ámbitos: qué ha pasado en lo tanto en lo sanitario y en lo económico, y por lo tanto, en lo político. La Justicia, al menos la de Castilla-La Mancha, ha aportado un pequeño granito de arena en esa macro auditoría que demanda el reputado cirujano.

Y más juzgados seguirán haciéndolo. Con todo lo sucedido y lo que queda, no hay que olvidar que la Fiscalía tiene sobre la mesa más de 200 denuncias por la gestión de residencias de anciano. Algunas ya han prosperado como denuncias ante los Juzgados, por lo que hay investigaciones abiertas. Pero desde el mundo judicial recuerdan que el suyo no es un papel de auditores, aunque con cuestiones puntuales se pueda ayudar a arrojar luz. Rouco señala además, que “no es cuestión de buscar culpables”. Sino que hay que conocer lo sucedido para saber en qué se ha acertado y en qué se ha fallado. Cuando le preguntamos si se considera uno de esos auditores que esta semana pedía el doctor Cavadas, responde que esa es una tarea más ingente y que él sólo se ha dedicado a hacer su trabajo. Ahora, eso sí, no esconde que las cosas “se podían haber hecho de otra manera”. En lo que al control de los fallecimientos se refiere. Y nos habla de los médicos forenses. Están adscritos al sistema judicial y señala que a ellos se les debía haber encargado “la constatación de cada fallecimiento y ahora tendríamos una contabilización fidedigna”. Algo que él, por su parte, y con las herramientas que tenía en su mano, ha intentado hacer.