El Cerro de la Corona, en Totalán, donde estaba ubicado el pozo. Foto: ATLAS.

El Cerro de la Corona, en Totalán, donde estaba ubicado el pozo. Foto: ATLAS.

Reportajes

El pozo de Julen y 20 parcelas más podrían ser expropiados por la Junta por los daños del rescate

La finca, una "tierra de secano con olivos" con 4.439 metros cuadrados, la compró por 4.200 euros. Es decir, menos de un euro el metro cuadrado. 

Tras más de seis meses desde que el pequeño Julen cayera a un pozo de Totalán (Málaga), el monte, el Cerro de la Corona, es ahora un lugar desierto. La maquinaria ya fue retirada de esa 'zona cero' y la jueza que lleva el caso ordenó que se asegurara la zona, para que no ocurrieran incidentes de parecida índole. 

Lo cierto es que las personas que participaron en el rescate del niño malagueño realizaron una obra de "ingeniería civil", tal y como explicó la magistrada. Está afectó de forma total o parcial a más de una veintena de parcelas del Cerro de la Corona. La Junta, como responsable de las emergencias en Andalucía, asumió el coste de los trabajos realizados en el operativo de rescate, que se cifró en 687.749 euros. Además, se tendrá que indemnizar a los propietarios de las parcelas afectadas por esas obras. 

Fuentes del gobierno explicaron al Diario Sur, que, teniendo en cuenta el importe de las mismas y el valor (inferior) de los terrenos, se baraja la vía de la expropiación, si bien todo ha quedado paralizado a la espera de ver cómo concluye el proceso judicial. La finca, una "tierra de secano con olivos" con 4.439 metros cuadrados, la compró por 4.200 euros. Es decir, que no llega a un euro el metro cuadrado.

El Cerro de la Corona, en Totalán, donde ocurrieron los hechos. Foto: EFE.

El Cerro de la Corona, en Totalán, donde ocurrieron los hechos. Foto: EFE.

Como apunta el citado medio, las obras para rescatar al pequeño Julen supusieron mover 85.000 metros cúbicos para la excavación, que alcanzó la profundidad equivalente a 23 pisos de altura. Se empleó el esfuerzo equivalente a la construcción de 34 piscinas olímpicas, cuatro plantas de sótanos de un campo de fútbol como La Rosaleda o un tramo de 400 metros de autovía.

Desde la Junta han explicado que el proceso de indemnización –la idea inicial– estaba ligado a la construcción de "una zona de recreo y un lugar para la memoria", pero que después se consideró que la expropiación ofrecía "más seguridad jurídica" atendiendo al argumento del hipotético "riesgo de repetición del daño acontecido", es decir, un posible accidente. El gobierno autonómico es consciente que tanto para indemnizar como para expropiar es necesario llegar a un acuerdo económico con los dueños de las parcelas afectadas.