El alcalde de Guadiana del Caudillo se pasa del PP a Vox: así defenderá mejor el nombre de Franco

Son la última resistencia del ‘legado’ franquista. Pese a la Ley de Memoria Histórica, en vigor desde noviembre de 2007, en España todavía hay ocho pueblos en cuyo nombre sigue apareciendo alguna referencia al dictador Francisco Franco o a personas relevantes de su gobierno o del alzamiento. Hasta 2016 eran once localidades, pero Águeda del Caudillo (Salamanca), Bembézar del Caudillo (Córdoba) y Queipo de Llano (Sevilla) las retiraron para cumplir con la norma. Esta última población, ante la imposibilidad de quitar una parte de su denominación, pasó a llamarse Los Cinco de la Riuela.

En la actualidad hay ocho poblaciones repartidas por el territorio nacional que todavía se resisten a quitar toda referencia expresa al franquismo. En todos ellas gobierna el PP o, en su defecto, los ejecutivos municipales están formados por exmilitantes de ese partido que a lo largo del último mandato han salido de la formación por distintas razones.

Uno de esos casos es el de San Leonardo de Yagüe (Soria), cuyo nombre homenajea al golpista Juan Yagüe, apodado 'El carnicero de Badajoz'. En agosto de 2017, seis de los siete ediles del PP pasaron a formar parte del grupo de concejales no adscritos, aunque mantuvieron el gobierno municipal y el apoyo a su cabeza lista, Jesús Elvira, que había sido expulsado poco antes de la formación ‘popular’.

Ahora, al menos uno de esos ocho alcaldes de pueblos con referencias al franquismo va a presentarse bajo las siglas de VOX a las próximas elecciones municipales del 26 de mayo. Se trata de Antonio Pozo, máximo mandatario del municipio pacense de Guadiana del Caudillo. En los comicios locales de hace cuatro años, Pozo encabezó la lista del PP. Su partido obtuvo seis concejales de los once que forman la corporación municipal. Los otros cinco son del PSOE.

En julio de 2018, Pozo se dio de baja como afiliado del PP por discrepancias con su partido a nivel regional acerca de la Ley de Memoria Histórica, con la que está en desacuerdo. El regidor siempre se ha negado a que su pueblo cambie de nombre y retire “del Caudillo”. EL ESPAÑOL se puso en contacto con él este martes, pero Pozo declinó hacer declaraciones. “No atiendo a medios de comunicación. Siempre me la lían”, respondió tajante.

Un águila y una placa como "ofrenda"

El artículo 15 de la Ley de la Memoria Histórica urge a las administraciones públicas a retirar “escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura”.

En Guadiana del Caudillo no sólo el nombre recuerda al dictador. En la fachada del Ayuntamiento hay un águila, escudo de España durante el franquismo, y en la plaza donde se encuentra el Consistorio hay una placa en honor a Franco “como modesta ofrenda a sus constantes entusiasmos en pro de la labor colonizadora”. Se encuentra vigilada por cámaras de seguridad para que nadie la toque.

Guadiana del Caudillo nació como otros 300 pueblos de colonos que creó la dictadura para reorganizar y reactivar el maltrecho sector agrícola español a través del Instituto Nacional de Colonización.

El abogado Eduardo Ranz, letrado que en febrero de 2015 emprendió una lucha personal para hacer cumplir la Ley de Memoria Histórica en toda España, explica que esos ocho regidores de la ‘resistencia’ franquista en el país no cambian los nombres de sus pueblos porque se trata de una norma “humanitaria que no prevé ni plazos ni sanciones”. “Es indignante que les pueda salir gratis saltarse la ley. Es inconcebible en un estado democrático que esto pueda suceder”, se queja Ranz.

Guadiana del Caudillo y Villafranco del Guadiana (Badajoz), Alberche del Caudillo (Toledo), Alcocero de Mola (Burgos), Villafranco del Guadalhorce (Málaga), Quintanilla de Onésimo (Valladolid), San Leonardo de Yagüe (Soria) y Llanos del Caudillo (Ciudad Real) son los ochos municipios que incumplen la Ley de Memoria Histórica.

Premiado por la Fundación Francisco Franco

Desde hace años, Antonio Pozo, alcalde de Guadiana del Caudillo, a 32 kilómetros al este de Badajoz capital, se ha mostrado combativo para que la localidad que rige, de unos 2.500 habitantes, mantuviera su nombre completo y no se quedase solo con Guadiana, como era intención del presidente de la Diputación de Badajoz, el socialista Miguel Ángel Gallardo. Éste instó a la retirada de símbolos franquistas en la población bajo amenaza de no otorgar subvenciones públicas a la localidad, algo que ha cumplido ante la pasividad del alcalde.

Pozo, quien confirma su paso a VOX y su próxima candidatura municipal bajo las siglas del partido que lidera Santiago Abascal, ha protagonizado diferentes acciones para defender su posición. Llegó a acampar en Mérida junto a la sede de la Presidencia de la Junta de Extremadura y organizó un referéndum popular en marzo de 2012 entre sus vecinos. El resultado de aquella votación fue de 495 votos a favor de mantener el nombre completo de Guadiana del Caudillo, mientras que 310 guadianeros apoyaron el cambio a Guadiana a secas.

“No existe mayor exaltación que llevar el nombre del protagonista de la dictadura en el título del pueblo. Glorificar el nombre del dictador o de cualquiera de los protagonistas de la dictadura es una ofensa directa a un grupo social determinado, y eso según el código penal es un delito de incitación al odio, lo que conlleva una sanción de hasta cuatro años de cárcel”, explica el abogado Eduardo Ranz.

En diciembre de 2016, Antonio Pozo recibió un premio de la Fundación Francisco Franco junto a Juan Antonio Morales, secretario provincial del PP en Badajoz y diputado autonómico, y Ana Rivelles, alcaldesa de Alberche del Caudillo (Toledo).

Jaime Alonso, vicepresidente de la fundación, señaló que se les otorgó la distinción "por defender, con honestidad y valentía, la verdad histórica, el respeto al pluralismo ideológico e histórico y el imperio de la ley como norma orientada al bien común y no como instrumento totalitario para borrar, imponer y prohibir el conocimiento de la realidad hispana".

654 pueblos con vestigios franquistas

Para hacer cumplir ese artículo 15 de la citada ley, el Ministerio de Justicia ha decidido actuar. A principios de febrero de este año, la ministra del ramo, Dolores Delgado, informó de que había pedido por carta a 654 ayuntamientos repartidos por toda la geografía española que retiren los vestigios franquistas que todavía conserven en sus calles y plazas.

La solicitud, según explicó el propio ministerio, se ampara en el cumplimiento de la ley aprobada en 2007 y se basa en el trabajo del Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha detectado que destacadas figuras del franquismo dan nombre a 1.171 plazas y calles españolas repartidas en más de 600 municipios.

El director general para la Memoria Histórica, Fernando Martínez López, remitió una carta a los alcaldes de esos municipios para pedirle que cumplan la ley, elaboren "el catálogo de vestigios" y procedan a la "inmediata retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación de la sublevación militar y represión de la dictadura".

Además, Martínez solicitó a todos los gobiernos autonómicos información "sobre la existencia de simbología de exaltación de Guerra Civil y dictadura en territorios autonómicos" para proceder igualmente a su retirada. Sin embargo, se trató de “una carta informativa sin carácter imperativo”.