“El cambio ha llegado a Andalucía”, proclamaba este martes con tono triunfalista el nuevo presidente de la comunidad, el popular Juan Manuel Moreno Bonilla, en su discurso de investidura. Aunque se refería al plano político y al anquilosamiento que se ha vivido en la Junta, más pronto que tarde se notará en el plano terrenal con el cese y reestructuración de los ‘enchufados’ que se han ido acumulando durante los 36 años que ha estado el PSOE en el poder.

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En los próximos días, más de 3.000 personas dejarán sus puestos con la entrada en el Gobierno andaluz del Partido Popular y Ciudadanos. Algunos se irán a la calle; otros volverán a sus puestos anteriores, aunque algunos llevan 36 años viviendo de su lealtad al PSOE. Es una limpieza que no discrimina por estratos: los afectados van desde cocineros, chóferes y bedeles hasta altos cargos y directivos.

Los primeros en notar el cambio de color en el Palacio de San Telmo serán los 660 cargos de confianza que reciben sueldos del gobierno autonómico. De hecho, ya están cesados desde la investidura de Bonilla y tendrán que abandonar sus puestos en el tiempo que se hace efectivo el cambio de Gobierno. 

Estos cargos de confianza son los 273 altos cargos, 239 cargos eventuales y 148 de los contratados como alta dirección. Sin embargo, el trago no será tan amargo para 141 personas de los altos cargos ya que su cese conlleva una asignación económica, aunque la cuantía a la que asciende la dotación no es pública. 

De manera paralela y más pausada, también se verán afectados los 2.137 elegidos ‘a dedo’ para los puestos de libre designación en la Administración General. Aquí hay subdirectores, jefes de servicio y demás funcionarios que son designados directamente por el político de turno atendiendo a razones propias. También se incluye a los auxiliares de cocina del Palacio de San Telmo, por ejemplo, o a directores de institutos. 

“Los funcionarios de carrera que están en los puestos de libre designación no son gente que se queda en la calle, sino que vuelven al puesto al que llegaron por concurso”, asegura Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda. “Es algo que no sólo pasa cuando cambia el Gobierno sino también cuando cambian los altos cargos”, añade. “Y en cuanto a los altos cargos, parece lógico que sean cesados en su totalidad, aunque podemos sorprenderos y algún director general podría mantener a alguien, aunque en otro rango”, apuntala.

La reforma más lenta de todas será, a su vez, la de la zona más contaminada de la Junta de Andalucía: el sector instrumental. La llamada ‘Administración paralela’ es el mastodonte del enchufismo andaluz, con 27.304 empleados y 69 entidades en el sector público (18 agencias públicas empresariales, tres agencias de régimen especial, 12 consorcios, 15 fundaciones y 21 sociedades mercantiles), a las que hay que sumar su participación en otras 144.

Estos datos ponen el colofón, junto a los cargos de confianza y los puestos de libre designación, a la envergadura del sistema público andaluz. A pesar de los múltiples intentos de Podemos y Ciudadanos por hacerlos públicos, el Gobierno regional siempre se mantuvo en su opacidad. Hasta ahora, que la saliente Susana Díaz ha buscado apuntarse un tanto político al hacerlos transparentes, teniendo en cuenta que sería inevitable con el nuevo ejecutivo. 

En esta ‘administración paralela’ es donde más se van a centrar desde la recientemente creada Consejería de Regeneración Democrática que dependerá de Vicepresidencia y, por lo tanto, del candidato de Ciudadanos a las andaluzas, Juan Marín, que asumirá el puesto. 

A pesar de que el ‘enchufismo’ ha sido una de las principales bazas electorales de los partidos que se enfrentaron al PSOE en las elecciones, todavía hay que ver qué calado tienen las reformas. El Partido Popular también ha salido beneficiado de esta situación, muy criticada por la sociedad. 

El ejemplo más evidente es que los populares tienen a cinco altos cargos dentro del Consejo de Administración de RTVA (Radio Televisión Andaluza), de la que depende Canal Sur, y a un secretario adjunto. Uno de ellos es Mateo Rísquez, exjefe de comunicación del PP y que asumió la vicepresidencia del consejo. Rísquez cobró 76.715,26 euros el ejercicio anterior, un sueldo similar a los más de 60.000 que cobran los miembros del consejo por un trabajo que consiste en reunirse dos veces al mes.