Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil de 'La Manada', tras firmar en los juzgados de Sevilla la semana pasada.

Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil de 'La Manada', tras firmar en los juzgados de Sevilla la semana pasada. Efe

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Guerrero, el guardia civil de 'La Manada', también se reincorpora al servicio con sueldo base

Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil de La Manada, también se reincorporará al servicio activo del Instituto Armado "por imperativo legal" aunque no se le asignará destino. A Guerrero se le levantará oficialmente este martes la suspensión de funciones y pasará a encontrarse en la misma situación que su compañero, el militar Alfonso Jesús Cabezuelo.

En un comunicado enviado a los medios este lunes, el Ministerio de Defensa señala que el Boletín Oficial de la Defensa (BOD) publicará mañana día 17 la reincorporación al servicio del guardia civil, Antonio Manuel Guerrero, por imperativo legal, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 88.2 y 92.2 de la Ley 29/2014, de noviembre, del Régimen de Personal de la Guardia Civil.

Sin embargo, y al igual que ocurrió con el con el militar implicado en el caso de La Manada, el Ministerio de Defensa no le asignará destino. En el caso concreto del guardia civil se sigue aplicando la resolución ya adoptada el 29 de julio en 2016 por el director de este cuerpo de no otorgarle ningún destino mientras “no se dicte sentencia firme o auto de sobreseimiento también firme”.

Fuentes de la Guardia Civil explicaron el pasado 11 de julio que Antonio Manuel Guerrero, condenado a nueve años por abusar sexualmente de una joven durante los Sanfermines de 2016, se encuentra en situación de "activo sin destino", por lo que cobra el sueldo base sin complementos a la espera de que la sentencia sea firme.

La Guardia Civil abrió a Antonio Manuel Guerrero, agente en práctica de 29 años, un expediente disciplinario después de que fuera detenido por participar en esta agresión grupal junto a un grupo de amigos. En base a ese expediente, según informaron desde el Instituto Armado, este miembro de La Manada fue suspendido de empleo.

El Régimen Disciplinario de la Guardia Civil contempla seis tipo de situaciones administrativas: servicio activo; servicios especiales; excedencia; suspensión de empleo; suspensión de funciones y reserva.

En el caso de Antonio Manuel, fue condenado también por robar el móvil de la joven tras la agresión sexual, tal y como reconoció en el juicio, por lo que se le ha atribuyó un delito leve de hurto, que supone una pena de dos meses de multa a 15 euros por día. El tribunal tiene también pendiente confirmar si lo mantiene en libertad, como al resto de miembros de 'La Manada', tras personarse en una oficina de la Policía en Sevilla de expedición del pasaporte.

Procedimiento de sanción y posible expulsión

Fuentes de la Guardia Civil explican que, desde el momento en el que la sentencia por la agresión sea firme, se abre un procedimiento reglado en el que un oficial del Instituto Armado es designado como instructor. Junto a un secretario tienen que valorar la infracción que ha cometido este guardia civil a efectos de aplicar la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario 12/2007.

Antonio Manuel se arriesga a ser sancionado por una falta muy grave. La resolución que se adopte será firmada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, a propuesta del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, según detallan las citadas fuentes conocedoras de este tipo de procedimientos.

En el artículo 7.13 de Régimen Disciplinario se regula la sanción para quien "comete un delito doloso condenado por sentencia firme, relacionado con el servicio, o cualquier otro delito que cause grave daño a la Administración, a los ciudadanos o a las entidades con personalidad jurídica".

"Las sanciones disciplinarias", dice el Régimen de la Guardia Civil, "tienen por finalidad la corrección de comportamientos perjudiciales para el servicio o para los ciudadanos, o lesivos para el funcionamiento de la Institución". En los casos de faltas muy graves, la sanción prevista va desde la separación del servicio a la suspensión de empleo desde tres meses y un día a un máximo de seis años; o pérdida de puestos en el escalafón.