El juez José Castro asistiendo a una vista judicial por el Caso Nóos en Palma de Mallorca.

El juez José Castro asistiendo a una vista judicial por el Caso Nóos en Palma de Mallorca. GTRES

Reportajes SENTENCIA DEL CASO NÓOS

La frustración del juez Castro, tanto nadar para morir en la playa

El instructor del Caso Nóos no escondió la decepción que le ha producido la sentencia, sobre todo en lo que se refiere a la exculpación de la infanta Cristina. El juez Castro es cordobés, tiene 69 años y es muy celoso de su intimidad.

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El Caso Nóos, que ha concluido con la responsabilidad social a título lucrativo de la infanta Cristina con una multa de 265.000 euros y la prisión de seis años y tres meses para su marido Iñaki Urdangarin, ha tenido un protagonista principal a lo largo de los más de cinco años de instrucción: el juez cordobés José Castro Aragón (69 años), quien se ha convertido en toda una figura mediática.

El relato judicial empezó un 31 de mayo de 2010. Ese día un magistrado desconocido para muchos, apellidado Castro Aragón, comenzaba a investigar en las Islas Baleares los negocios del que fuera jugador de balonmano del Fútbol Club Barcelona, Iñaki Urdangarin, yerno del entonces todopoderoso Rey de España, Juan Carlos de Borbón.

La cosa no ha acabado como él esperaba. A pesar de nadar contracorriente, José Castro ha acabado decepcionado por la sentencia del famoso Caso Nóos, que exculpa a la infanta Cristina. Sus palabras, podría decirse, han sido más duras que la propia sentencia: "Deja un montón de incógnitas, pero deja claro que da por bueno que la Infanta Cristina era una mujer florero".

Pepe, como le conocen sus amigos, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, inició una investigación sobre los negocios de Urdangarin a través de una de sus empresas, el Instituto Nóos, y, en concreto, su relación con el ejecutivo balear que lideraba el exministro del PP, Jaume Matas.

El 24 de marzo de 2010 se producía la siguiente conversación entre Matas y el juez Castro:

José Castro: Dado que ese convenio costó 1'2 millones de euros a los ciudadanos, ¿se hizo un control de inversión? ¿Se aportó un justificante, señor Matas?

Jaume Matas: Tiene que haberlo.

José Castro: Pues no lo hay.

Jaume Matas: Es que mi responsabilidad como presidente es solo política, de decidir que el proyecto era bueno para Baleares. Los controles recaen en los órganos que autorizan el gasto y lo fiscalizan. En su día, el director general de Deportes [Pepote Ballester, el medallista olímpico amigo del Príncipe Felipe y de la Infanta Cristina, condenado ahora a 15 meses y dos días de prisión] me pidió opinión sobre ese proyecto. A mí me gustó y aconsejé que se hiciera. No lo ordené porque no podía, pero sí lo aconsejé, porque me parecía una buena iniciativa.

Nadie podía intuir que desde ese instante comenzaba uno de los casos judiciales más importantes de los últimos años en España: el Caso Nóos. Un caso que ha acabado por resolverse con una sentencia que no ha gustado demasiado al juez Castro

Así es el juez Castro

Nacido en Córdoba un 20 de diciembre de 1947, el primer trabajo del juez Castro para el Estado fue el de funcionario de prisiones. No fue una época fácil para él. La dictadura estaba agonizando y las prisiones eran un hervidero de conflictos en el que mezclaba los delitos comunes y los políticos. Allí se ganó ya fama de serio, implacable, independiente y ligeramente escorado hacia la izquierda ideológica.

Escasos meses después de morir el dictador Francisco Franco ingresó en la carrera judicial y lo hizo por el cuarto turno, reservado a juristas de reconocida competencia, una norma general en la magistratura a una trayectoria profesional de al menos 10 años. Su primer destino fue cerca de su Córdoba natal, en la localidad sevillana de Dos Hermanas, para posteriormente pasar a Arrecife (Lanzarote) y a Sabadell (Barcelona).

A su Mallorca querida, la que considera su casa y la que ya no ha abandonado, llegó en 1985, en un puesto asignado en la Magistratura de Trabajo. Tras cinco años resolviendo conflictos laborales, en 1990 asumió definitivamente el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, donde, como dicen sus amigos, se ganó la fama de valiente, de un magistrado que no hace distinciones entre clases.

El juez Castro comenzó trabajando como funcionario de prisiones.

El juez Castro comenzó trabajando como funcionario de prisiones. GTRES

Muchos han sido los casos de corrupción donde el juez Castro ha intervenido durante casi tres décadas en este juzgado palmesano. Pero ninguno del calado mediático y político que cuando comenzó en 2010 una exhaustiva investigación sobre el yerno del Rey Juan Carlos de Borbón y su empresa Nóos Consultoría Estratégica SL, antes llamada Araujuzon SL. Una sociedad de la que Urdangarin fue socio fundador y que fue creada en octubre de 2001 con un capital social de 3.006 euros. Se dedicaba, según su epígrafe registral 7020, a “alquiler de bienes inmuebles”. Su domicilio social se situaba en la calle Balmes de Barcelona, el mismo lugar donde estaban ubicadas otras empresas en las que también figuraba Urdangarin. Su administrador único era Diego Torres Pérez, a su vez profesor del yerno del Rey en ESADE.

Ya años antes, el 16 de febrero de 2006, el diputado socialista Antonio Diéguez había denunciado supuestos pagos irregulares del Gobierno balear, presidido por el dirigente popular Jaume Matas, al Instituto Nóos. Un instituto vinculado a la empresa matriz y dedicado a la consultoría deportiva. En concreto, el PSOE acuso al ejecutivo balear de pagar de forma irregular 1'2 millones de euros públicos al Instituto Nóos para la organización en noviembre de 2005 de un congreso internacional de tres días de duración sobre turismo y deporte en Mallorca.

Del dinero aportado, solo en gastos de viaje, alojamiento y comida a los invitados se utilizaron 240.000 euros. Los cálculos establecidos supusieron un promedio de 75.000 euros de coste por hora. También la empresa de Urdangarin participó en la creación del equipo ciclista profesional Illes Balears, que financió el gobierno balear. 

El juez Castro no paró sus investigaciones en la isla de Mallorca, donde decidió abrir de forma definitiva la pieza separada número 25 por apropiación indebida, malversación y fraude a la administración. También lanzó sus tentáculos hacia el otro lado del Mediterráneo, ya que el Instituto Nóos recibió a su vez dinero de otra institución pública, y de nuevo presidida por el Partido Popular.

Ocurrió en la ciudad de Valencia, cuyo ayuntamiento estaba presidido por Rita Barberá. Fue durante los años 2004 y 2005 con motivo de la promoción de la Copa de América de Vela que se celebró en la ciudad del Turia. La empresa de Urdangarin organizó durante dos años el Foro Valencia Summit, recibiendo como contraprestación más de 1'2 millones de euros, repartidos entre el canon de 450.000 euros anuales y los 360.000 euros destinados a desplazamientos y estancia de participantes. 

El escándalo público hizo que el yerno del Rey de España abandonara la presidencia del Instituto Nóos en abril de 2006. Solo se quedó oficialmente con tres actividades: ser profesor del Departamento de Política de Empresa del ESADE, consejero independiente de Motor Press Ibérica y propietario de una inmobiliaria.

Pero no tardaría mucho en incrementar su currículo profesional, ya que fue fichado dos meses después por César Alierta como consejero de Telefónica Internacional (en la rama latinoamericana) y miembro de los consejos de la compañía en Brasil y México. En marzo de 2009, durante un cónclave empresarial celebrado en la localidad costera uruguaya de Punta del Este, Alierta le ofreció un nuevo puesto: presidente de la Comisión de Asuntos Públicos de Telefónica Internacional, que aglutina a las compañías del grupo dedicadas a la telefonía fija en Iberoamérica. Este cargo le obligó a trasladar su residencia desde la Ciudad Condal hasta Washington donde cobraba 1,6 millones de dólares solo por figurar.

Fue en diciembre de 2011 cuando Castro confirmó la imputación formal del marido de la infanta Cristina. Seis meses después y tras prestar declaración como imputado ante Castro, Telefónica renovó de nuevo el contrato millonario que le unía a la firma.

Urdangarin poco después solicitó una excedencia para abandonar la empresa y volver a España tras ser instado a ello por la propia Telefónica. En 2013 abandonó de nuevo España junto a toda su familia. El nuevo destino de la infanta Cristina en Suiza le alejaría de los focos, pero no paró un procedimiento que hoy ha dictado sentencia con la pena de cárcel de su marido y una multa hacia a ella, a quién Castro sentó en el banquillo de los acusados sin apoyo alguno, salvo el del controvertido sindicato Manos Limpias.

Cinco años de fama

"La popularidad es insufrible". Así lo declaro en la única entrevista conocida que le hizo una alumna de 15 años del colegio San Cayetano de Palma. Celoso de su intimidad, Castro llegó incluso a poner en venta en 2014 su conocida casa en El Molinar, un barrio antaño marinero de la capital mallorquina situado relativamente cerca del caso antiguo. Se trataba de un chalé de 174 metros cuadrados con privilegiadas vistas a la bahía y que se valoró en 1,4 millones de euros. Esta vivienda ha sido, a veces, a lo largo de la instrucción del caso Nóos lugar de trabajo.

Este trabajo no le alejó de uno de sus principales placeres: los paseos a pie, que cada día que pasaba el caso Nóos eran más secretos, solo rodeado de su círculo más íntimo y acompañado muchas veces por su perro Yorkshire. Se le podía ver por el Paseo Marítimo del Portixol o bien en bicicleta al borde del mar. La bicicleta se ha convertido en el sustituto de lo que ha sido siempre otro de sus placeres, las motos. Aunque lo hemos visto llegar a los juzgados en su vetusto deportivo BMV-Z3 de dos plazas, tuvo que abandonar la conducción de motos de gran cilindrada en 2013 por prescripción

José Castro está separado de su primera mujer. Actualmente, tiene pareja. Es padre de tres hijos fruto de su primer matrimonio que han seguido un camino parecido al de su progenitor: dos ejercen de abogados y uno de procurador. Los tres tienen otro punto en común: practicar kendo.

Sus tres hijos y su pareja fueron su principal baluarte cuando decidió imputar a la infanta Cristina y no fueron pocos los que le “abandonaron” y atacaron. El juez llegó a sortear una investigación del poder judicial. A lo largo de estos años ha sufrido grandes presiones. Así, en 2012, la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial acordó abrir unas diligencias informativas previas a su Juzgado de Instrucción número 3, presentada por el abogado de Jaume Matas para “investigar las medidas adoptadas por el juzgado para evitar las masivas filtraciones y, en la medida de lo posible, que sean depuradas las responsabilidades”. Una investigación que terminó archivándose por unanimidad.

En concreto la Comisión Disciplinaria declaró lo siguiente: "En base al informe del servicio de inspección" el órgano de gobierno de los jueces concluye que "no se ha producido ninguna filtración de documentos mientras la causa o alguna de sus piezas han permanecido secretas".

Añadió, además, que "existe un elevado número de partes personadas que han tenido acceso a las actuaciones" y que "en el juzgado se han adoptado las medidas posibles y adecuadas para proteger la confidencialidad de la causa y evitar la difusión de terceros". Aun así, las campañas de desprestigio fueron continúas. Le llegaron a sellar las puertas de su casa con silicona, le mancharon la entrada con excrementos y le pincharon las ruedas de su BMW-Z3. Aun así, rechazó el dispositivo de vigilancia policial que le ofrecieron.

Le llaman el juez "populista"

Sus detractores le tildan de populista, aunque no se le conoce ninguna adscripción, ni siquiera en los sindicatos judiciales. Muchos utilizan como argumento contra él su lenguaje. Por ejemplo, el ex secretario general del PP, Francisco Álvarez Cascos, llegó a denominar su lenguaje de “tabernario”. A veces también los textos de sus autos se tornan en armas arrojadizas por quienes no comparten sus argumentos, como ocurrió cuando utilizó en un auto sobre la infanta Cristina la frase "Hacienda somos todos". Argumentos que el propio fiscal Pedro Horrach, muchos años íntimos en su lucha contra la corrupción en las Islas Baleares, ha utilizado para atacarle.

Pedro Horrach y el juez José Castro.

Pedro Horrach y el juez José Castro. Tolo Ramón

Dicen sus amigos, que ante las críticas calla y defiende la libertad de expresión como derecho porque, en ocasiones, como en el caso Nóos, el asunto tiene una gran trascendencia social. Nadie duda de que la imputación de la infanta Cristina le afectó en su vida diaria. Dicen que comenzó a dormir mucho menos de lo que antes lo hacía. Que no es en absoluto tan "serio" como muestra su semblante cuando posa ante cámaras o fotógrafos.

A Castro, le gusta disfrutar de pequeños placeres, como el flamenco que heredó de su época cordobesa; o el refugiarse en el bello interior de la isla de Mallorca, con una copa de vino o un gintonic entre amigos, aunque este placer le jugó una mala pasada cuando se vio fotografiado junto a la abogada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, tomando una copa en una terraza de un bar del antiguo barrio de pescadores del Molinar, en Palma, donde por entonces residía.

El caso Nóos ha terminado con la vieja amistad que mantenían Castro y el fiscal Pedro Horrach Arrom. Una amistad que desde entonces nunca se recompuso y que ha ido a más en su ruptura, con cada escrito o declaración. Lo más difícil de entender es que fueron los dos quienes construyeron paso a paso el Caso Urdangarin y lo desmenuzaron en claves y epígrafes dentro de miles de folios, manuscritos, correos electrónicos y facturas. Horrach y Castro ya ni se dirigen la palabra apenas.

Jubilación pospuesta

El juez Castro tenía la intención de jubilarse en 2015, tras pasar los últimos 30 años como magistrado en Palma, pero parece no querer dejar los “deberes” a otro y no lo hará hasta que termine otra de sus causas más conocidas que sigue su instrucción, el caso Palma Arena. De hecho, hace apenas diez días, el 8 de febrero, decidió abrir juicio oral contra el expresidente del Govern Jaume Matas y su conseller de Interior, José María Rodríguez, por desviar fondos públicos para pagar gastos electorales del PP en las campañas de 2003 y 2007.

El magistrado cumple 70 años el próximo 20 de diciembre, pero el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó hace menos de año y medio su petición para posponer su retiro acogiéndose a la prórroga de la jubilación hasta los 72 años introducida por el Gobierno en la última reforma de la ley orgánica del Poder Judicial y así tener tiempo para instruir las piezas pendientes del caso Palma Arena. No fue fácil y tuvo todo tipo de obstáculos.

En un principio, el Poder Judicial rechazó su petición porque la ley solo permitía posponer la jubilación más allá de los 70 a los magistrados de órganos colegiados (Tribunal Supremo, Salas de la Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales). Castro quería que le nombraran juez emérito y así le permitieran quedarse en su juzgado como una especie de juez de refuerzo. Sin embargo, el cambio legal introducido a finales de 2015, benefició al juez y le abrió la posibilidad de permanencia en el servicio. Castro, podrá seguir como titular de su juzgado, ya que el retraso de la jubilación hasta los 72 se hace manteniendo las mismas condiciones y la plaza del magistrado.

Los que le conocen afirman que este deseo de mantenerse en su plaza no es lucimiento, solo quiere cerrar lo que él ha abierto y hacerlo con la tranquilidad de conciencia de haberlo hecho bien, con independencia del resultado final.

Cuando termine solo quiere alejarse de los focos y disfrutar de una paz y tranquilidad que añora. Por ahora ya ha cerrado el caso Nóos con un resultado no muy satisfactorio para su instrucción: de 17 acusados, solo tres tienen penas de prisión (Urdangarin, Diego Torres y Jaume Matas) y otros cuatro penas inferiores a dos años sustituidas por multas. El resto, diez imputados por Castro, han quedado en libertad sin cargos.