Los socialistas Julio Torrado y Aitor Bouza.
Bouza espera que la expulsión de los ediles del PSOE de Santiago se ratifique la próxima semana
El secretario xeral del PSdeG de Santiago ha señalado que no hay motivos para creer que "la normalidad" no "imperará" en el grupo municipal a partir de la semana que viene
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El secretario xeral del PSdeG de Santiago, Aitor Bouza, cree que "la normalidad imperará" a partir de la semana que viene en el grupo municipal, tras la expulsión del partido de cuatro de sus integrantes.
La semana que viene está previsto un pleno del Concello de Santiago y Bouza ha sido preguntado este miércoles en rueda de prensa si servirá para "solventar" la situación del grupo municipal.
"No tenemos ninguna cuestión que nos haga pensar que no va a ser así. Es lo que tenemos que decir. No hay ningún criterio objetivo para (no) pensar que la normalidad imperará a partir de la semana que viene en Compostela", ha respondido.
Cuestionado por el posicionamiento de la alcaldesa, Goretti Sanmartín, ha señalado que "comentaba que no estaba segura de los plazos, cuándo terminaba", pero ha insistido en que quiere "pensar que con absoluta normalidad, que los trámites legales concluyan y se proceda con normalidad y los derechos no van a ser vulnerados".
En todo caso, ha dicho que "es una obviedad que para poder abordar cuestiones en los plenos va a haber que hablar y consensuar". Por parte del PSdeG de Santiago, ha reivindicado estar "construyendo de la mano" de sus concejales "un proyecto útil para los vecinos".
Por otra parte, interrogado por el primer año del Gobierno de Alfonso Rueda a nivel local, ha censurado que "la Xunta no apuesta por Santiago y el PP no quiere que esta ciudad vaya adelante", pero ha precisado que "no es de ahora", sino "de antes".
Los concejales piden "prudencia"
Tras estas declaraciones y según recoge Europa Press, fuentes próximas a los ediles expulsados han precisado que este martes presentaron sus alegaciones y pruebas documentales al secretario del pleno y, en el caso de Gonzalo Muíños, el plazo finaliza el próximo martes, día 22 de abril. Esto es, 24 horas después de ser convocado el pleno y 48 horas antes de su celebración, por lo que consideran que los plazos "son ajustados y complicados" para poder tener un informe y una decisión elevada al pleno para la sesión ordinaria del 24 de abril.
Así, estas mismas fuentes han apuntado que, una vez que Muíños entregue sus alegaciones, el secretario del pleno contaría todavía con 10 días hábiles para realizar su informe, por lo que afirman que "sería conveniente mantener una actitud prudente y respetuosa con el procedimiento administrativo por parte de los cargos orgánicos", ya que, añaden, "otra cosa sería vulnerar los derechos fundamentales de las cuatro concejalas expedientadas y podría interpretarse incluso como una estrategia de presión al secretario general del pleno".
En esta misma línea, consideran "realmente sorprendente" que alguien "ajeno al Concello se atreva a fijar los plazos de un procedimiento de audiencia administrativa" que, destacan, "debe ajustarse a la legalidad, respetar el derecho a defensa y seguir el principio de debido proceso". "Esto es, un proceso justo con todas las garantías", aseveran.
También exponen que las alegaciones de todos los ediles expulsadas van acompañadas de "un importante volumen de documentación", por lo que, en su opinión, es "materialmente imposible que el secretario pueda en tan poco espacio de tiempo, leer las alegaciones, revisar toda la documentación que las acompaña y elaborar el informe correspondiente, ni en 48 horas ni en una semana".
