La Comisión Europea ha puesto en marcha una estrategia de la Unión Europea para las startups y las scaleups con el fin de hacer de Europa un emplazamiento atractivo para para estas empresas tecnológicas que se crean y crecen con vocación global.

La tracción de las startups -que cuando crecen pasan a llamarse scaleups- para la economía de cualquier región empieza a ser indiscutible: impulsan la innovación y el crecimiento sostenible, crean puestos de trabajo de calidad, y atraen talento e inversiones que dinamizan la economía y la sociedad. Se trata de empresas que impulsan la productividad y son clave para la soberanía tecnológica, porque permiten reducir las dependencias estratégicas de otros países o territorios.

Estados Unidos ha sabido reconocer esta influencia de las startups y scaleups, cuya creación y crecimiento se ven favorecidos por una legislación laxa, pero también por la existencia de un mercado de capitales mayor que el europeo, que permite sustentar a estas empresas en tanto no alcanzan la rentabilidad, o darles el empuje necesario para su expansión y crecimiento.

La Unión Europea busca competir con el entorno estadounidense, con el fin de ser una potencia de startups y ganar competitividad: la Comisión cree que un ecosistema próspero de startups y scaleups puede transformar la economía europea. Para conseguirlo, la estrategia de la Comisión plantea cinco áreas de actuación: regulatoria, capitales, llegada a mercado, talento y acceso a infraestructuras, redes y servicios. Aunque todas son importantes, nos centraremos en las medidas relacionadas con regulatoria: la incidencia de las normas de la UE y sus estados miembros en el fomento de creación y crecimiento de startups.

En el ámbito de la regulación, la Unión Europea ha sido duramente criticada desde las startups por considerar que determinadas normativas que buscan ser garantistas de derechos individuales, suponen un freno a la innovación en comparación con otros territorios donde no existen tales garantías. Es el caso del Reglamento General de Protección de Datos personales, o del Reglamento de Inteligencia Artificial, que establecen muchos requisitos formales para poder tratar datos a gran escala y cuya aplicación se considera que dificulta la innovación tecnológica y en particular el desarrollo de la Inteligencia Artificial.

También la fragmentación de normativas entre los estados miembros supone un problema para el crecimiento de las startups en el territorio UE y es un factor de incertidumbre para fundadores e inversores. En concreto, la Comisión alude a la diferencia de normas en ámbitos como la fiscalidad, el derecho de sociedades y el derecho de valores, que crean barreras para los inversores y limitan el flujo de capital, imprescindible para el crecimiento del ecosistema de startups. También se refiere a "las distintas legislaciones laborales y a los elevados costes de fracaso", en lo que puede entenderse como una referencia velada al coste de los despidos o si entendemos el fracaso de modo más general, a la adopción de la Directiva de Insolvencia, que se prevé que unifique las consecuencias del fracaso empresarial.

Para fomentar la creación y crecimiento de startups en la UE la Comisión propone la siguiente hoja de ruta, con unas fechas estimadas de aplicación:

  • Creación del 28º régimen europeo que proporcionará un único conjunto de normas para las empresas, con soluciones digitales en caso de impago, la unificación de normativas en ámbitos como la insolvencia, el Derecho laboral y fiscal y la posibilidad de permitir a las empresas establecerse en Europa más rápidamente, idealmente en un plazo de 48 horas (primer trimestre de 2026).De llevarse a cabo, la unificación de normativa en los ámbitos más relevantes para las empresas podría suponer un gran avance en términos de competitividad de la UE. El instrumento más poderoso para unificar normas con el que cuenta la UE es el Reglamento: se trata de una norma que resulta de aplicación directa a los estados miembros. Sin embargo, esta misma semana ha trascendido que la Comisión prevé aprobar el 28º régimen mediante una Directiva: una norma europea que establece unas directrices, que deben ser trasladadas al derecho nacional de cada uno de los 27 miembros para ser de aplicación. Se trata de un mecanismo poco apropiado si se busca una verdadera "unificación" que permita eliminar diferencias entre los estados miembros.
  • El uso de la European Business Wallet: una identidad digital única para los operadores económicos en la UE que permita verificar sus datos y una interacción ágil y confiable entre los operadores económicos y las administraciones públicas de toda la Unión (último trimestre de 2025).
  • La aprobación de una "Ley Europea de Innovación", un Reglamento que también promoverá sandboxes regulatorios (primer trimestre de 2026).
  • Recomendaciones para que los Estados miembros evalúen sistemáticamente el impacto potencial sobre la innovación cuando preparen legislación nacional (primer trimestre de 2026).
  • Propuestas para reducir la carga normativa en determinados sectores estratégicos como Biotecnología, Bioeconomía de la UE, Materiales Avanzados, Dispositivos Médicos o Defensa (a partir de 2025).
  • Revisión para que los procesos de fijación de normas sean más rápidos y accesibles, en particular para las PYME y las nuevas empresas (2º trimestre de 2026).
  • Realización de un estudio para evaluar en qué medida la reestructuración de las empresas regulada a nivel de la UE y de los Estados miembros crea obstáculos para las startups, las scaleups y las empresas innovadoras (2026). Este estudio apoyará la aplicación de la hoja de ruta para el empleo de calidad y el paquete medidas sobre movilidad laboral justa.

Se prevé que la Comisión informe sobre la aplicación de esta estrategia a finales de
2027: veremos entonces si la UE ha conseguido seducir a las startups.