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Galicia propone sanciones de hasta 15.000 euros por agredir a profesores en las aulas
La Xunta reformará la normativa de convivencia escolar para reforzar la protección del profesorado
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La Xunta de Galicia prepara una reforma de la normativa de convivencia escolar con el objetivo de reforzar la protección del profesorado frente a situaciones de violencia, amenazas y acoso.
Entre las principales novedades figura la posibilidad de imponer multas de hasta 15.000 euros por agresiones a docentes, tanto si proceden de alumnos como de padres o responsables legales.
La medida ha sido anunciada este martes por el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, durante la comparecencia posterior a la reunión del Gobierno gallego, en sustitución del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que se encuentra de viaje institucional en Bruselas.
Según ha explicado Calvo, el Ejecutivo autonómico pretende que Galicia se convierta en la primera comunidad en incorporar una protección específica de la autoridad docente mediante esta reforma legislativa.
Las modificaciones se incluirán en la próxima ley de medidas que acompañará a los presupuestos autonómicos de 2027, por lo que las nuevas sanciones todavía no están en vigor.
Una oficina para asesorar a los profesores ante agresiones
Una de las principales novedades será la creación de la Oficina de Apoio ao Profesorado, un organismo destinado a prestar asistencia a los docentes que sufran situaciones de violencia o conflictos graves en el ejercicio de su trabajo.
Este servicio ofrecerá asesoramiento jurídico, acompañamiento en caso de presentar una denuncia y apoyo psicológico cuando las circunstancias lo requieran.
La Xunta plantea que las posibles sanciones económicas se tramiten a través de este nuevo organismo y que su cuantía se determine en función de las circunstancias de cada incidente.
"La respuesta, como es obvio, se adaptará a la gravedad de cada situación", ha señalado Diego Calvo, quien ha precisado que los casos se estudiarán individualmente antes de adoptar las medidas correspondientes.
De este modo, las multas podrán alcanzar los 15.000 euros en los supuestos de mayor gravedad, aunque no todas las agresiones implicarán necesariamente la sanción máxima.
Amenazas, acoso y violencia machista entre las conductas más graves
La reforma también modificará la clasificación de los comportamientos contrarios a la convivencia escolar.
En concreto, el Gobierno gallego prevé incorporar una categoría intermedia entre las conductas leves y las muy graves, además de revisar la definición de las infracciones de mayor gravedad.
Dentro de estas últimas se incluirán expresamente las amenazas, las vejaciones, la violencia machista y el acoso, con el objetivo de establecer una respuesta más concreta ante este tipo de situaciones en los centros educativos.
Cuando se produzcan comportamientos considerados especialmente graves, la normativa permitirá aplicar medidas como la expulsión del centro educativo.
En el caso del alumnado que curse enseñanzas obligatorias, la Xunta contempla la posibilidad de imponer un cambio forzoso de centro, de acuerdo con la gravedad de los hechos.
Sanciones con una finalidad educativa
Más allá del endurecimiento de las consecuencias ante las agresiones y otros comportamientos graves, el Ejecutivo autonómico quiere reforzar el carácter educativo de las medidas disciplinarias.
La intención es que las sanciones no se limiten a castigar una conducta, sino que también contribuyan a que los estudiantes comprendan las consecuencias de sus actos y asuman su responsabilidad.
En este sentido, la reforma pondrá el foco en que el alumnado acepte las consecuencias de sus comportamientos y repare el daño causado.