Reunión entre el Colegio de Abogados y la Valedora do Pobo.
Los abogados coruñeses denuncian la centralización de casos de violencia de género en Santiago
El Colegio de Abogados mantuvo una reunión con la Valedora do Pobo en la que afirmaron que esto supondrá un acceso desigual de las víctimas a la justicia
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El Colegio de Abogados de A Coruña con su decano, Augusto Pérez-Cepeda, miembros de la Junta de Gobierno y representantes de Ribeira, Muros y Noia han mantenido este jueves una reunión con María Dolores Fernández Galiño, Valedora do Pobo. En el encuentro, los abogados han denunciado los prejuicios que suponen para las víctimas de violencia de género la centralización de este tipo de casos en Santiago de Compostela.
Según exponen los letrados, esta centralización generará desigualdad en el acceso a la justicia para estas víctimas en lugar de mejorar su protección.
Los abogados afirman que esto supone un retroceso en sus derechos ya que se verán obligadas a desplazarse hasta Santiago para la instrucción de sus casos y la tramitación de medidas civiles como divorcios o adopción de medidas paterno-filiales; creando así barreras en su acceso a la justicia.
Por otra parte, los representantes colegiales destacaron ante la Valedora que los partidos judiciales de Ribeira, Muros y Noia han desarrollado durante años una infraestructura especializada y eficaz en la atención a víctimas de violencia de género, con servicios locales que garantizaban una respuesta rápida y cercana.
Así, la centralización desmantela esta red y genera un riesgo de colapso en el nuevo juzgado. La previsión es que atienda a más de 100.000 mujeres.
En la reunión, el Colegio dejó patente que considera fundamental que todas las instituciones gallegas con competencia en la defensa de los derechos ciudadanos conozcan las consecuencias reales de esta centralización y valoren las alternativas que permitan mantener una justicia de proximidad y especializada.
En un comunicado, la institución afirma que continuará "defendiendo el mantenimiento de la competencia territorial en materia de violencia de género en los partidos judiciales afectados, priorizando siempre la protección efectiva de las víctimas frente a políticas de centralización que las desamparan".
