Vehículos circulan por un tramo de la AP-9
El PP usa su mayoría en el Senado para modificar la ley para transferir la AP-9 a Galicia
El Partido Popular ha introducido siete enmiendas. El texto modificado será debatido el jueves en un pleno extraordinario antes de regresar al Congreso de los Diputados para que se apruebe de forma definitiva
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El Partido Popular ha hecho valer su mayoría absoluta en el Senado para introducir varios cambios en la ley de la AP-9. El acuerdo entre PSOE, Sumar y BNG para transferir la gestión y la titularidad de la vía sufre así modificaciones que buscan recuperar el "espíritu" de la norma aprobada en el Parlamento de Galicia, según ha defendido el PP.
El texto, en todo caso, será debatido este jueves en un pleno extraordinario antes de regresar al Congreso de los Diputados, que tiene la última palabra sobre estas enmiendas y su aprobación definitiva. La introducción de siete enmiendas ha sido aprobada este martes por la Comisión de Transportes del Senado.
El PP busca de esta forma "recuperar la literalidad del texto aprobado por unanimidad en el Parlamento de Galicia". Así lo ha defendido el senador 'popular' José Manuel Barreiro durante el debate, en el que ha celebrado volver al texto inicial "por una cuestión de coherencia, responsabilidad, compromiso y lealtad".
Los senadores del PSOE y BNG, por su parte, han cargado contra el PP por "vetar" y "boicotear" la transferencia de la AP-9 en legislaturas pasadas, sugiriendo que no se suman a apoyar esta ley en el Congreso porque, aseguran, nunca pensaron que se fuera a desbloquear.
¿Qué establece el acuerdo?
El texto pactado entre PSOE, Sumar y BNG establece "la transferencia a la Comunidad Autónoma de Galicia de la titularidad de la AP-9 y las competencias sobre el régimen jurídico de la concesión, así como las funciones y servicios de la autopista AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galicia".
La Administración General del Estado y la comunidad elevarán a la Comisión Mixta de Transferencia una propuesta de acuerdo que determine las condiciones y límites para la transmisión de competencias hasta ahora ejercidos por la Administración estatal en relación a la Autopista del Atlántico, lo que será aprobado por real decreto.
Esta propuesta de acuerdo deberá abordar las condiciones del traspaso de varias funciones, empezando por la autorización de la puesta en servicio de nuevos tramos, adaptaciones o reformas de los existentes, así como de enlaces y vías auxiliares de la autopista.
También concretará cómo se materializa la supervisión e inspección del correcto funcionamiento de la autopista, conforme a la normativa general de carreteras y a los pliegos que rigen la concesión; así como la potestad sancionadora respecto a incumplimientos de la concesionaria en la explotación de la AP-9.
El texto también abordará los términos para las modificaciones que afecten al régimen económico-financiero de la concesión, "singularmente en lo que atañe al establecimiento, actualización y supresión de las tarifas y peajes, así como la aplicación de programas de descuento, incluyendo la autorización de aquellos que sean voluntarios a instancia de la concesionaria"; y para la redacción y aprobación de convenios, o addendas a los actuales.
Repercusiones económicas y costes
El texto pactado establece que la Administración General del Estado conservará a su cargo, con respecto a la sociedad concesionaria de la autopista AP-9, las obligaciones con repercusiones económicas y financieras derivadas de la aplicación de la concesión en vigor que hayan sido motivadas por modificaciones adoptadas en el periodo en que ha tenido la competencia y con los límites económicos vigentes a la fecha de la aprobación del traspaso.
Las consecuencias de las decisiones tomadas por la Administración estatal previas a la transferencia recaerán sobre la misma. El acuerdo de la transferencia deberá establecer "la obligación de la aprobación de las revisiones ordinarias o extraordinarias de tarifas que dichas modificaciones hayan establecido, con el fin de que estos límites económicos sean respetados".
La Xunta, por su parte, asumirá a su cargo, con respecto a la sociedad concesionaria de la autopista AP-9, "todas las obligaciones con repercusiones económicas y financieras consecuencia de las modificaciones que sobre el régimen económico financiero de la concesión promueva una vez efectivo el traspaso".
Las modificaciones que sobre el régimen económico financiero de la concesión quiera promover Galicia no podrán afectar a los compromisos económicos previstos y "cualquier decisión que suponga un incremento de dichos compromisos deberá ser asumida íntegramente por la comunidad en la cuantía que este incremento suponga".
