Vista de la costa gallega
La Xunta pide al Gobierno transparencia y rigor legislativo para modificar la Ley estatal de costas
El gobierno gallego rechaza la reforma del Reglamento General de Costas y señala que se está limitando la participación de las comunidades y de los sectores afectados
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La Xunta exige al Gobierno central transparencia, máxima participación y rigor legislativo en el proceso de modificación de la Ley estatal de costas y rechaza la reforma del Reglamento General de Costas que se está promoviendo utilizando como pretexto que es una exigencia de Bruselas.
En esta línea, la Administración autonómica cuestiona la opacidad que rodea todo el proceso, ya que el Ejecutivo central inició el pasado 4 de febrero la consulta pública previa sin informar antes ni a las comunidades ni al sector afectado, estableciendo además el plazo mínimo legal –que es de 15 días– para realizar aportaciones.
El Consello da Xunta analizó este lunes un informe sobre esta cuestión que aboga por la máxima transparencia, participación y busca en todo momento el equilibrio entre los aspectos medioambientales y socioeconómicos en la gestión de la costa. El gobierno autonómico apuesta por tomar como modelo la rigurosa tramitación que se realizó en Galicia con la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral (LOXILGA), que contó con una gran participación de toda la sociedad gallega y es un ejemplo para otras comunidades que quieren replicarla adaptándola a las necesidades de sus territorios.
En esta línea, el Ejecutivo gallego defiende que la ciudadanía tiene mucho que decir en la definición de la normativa estatal para ajustarla a la realidad actual y que debe tener en cuenta la triple perspectiva ambiental, económica y social, ya que es compatible tener una costa protegida con la generación de empleos de calidad.
Desde la Xunta lamentan que esta sea la tercera ocasión en que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico intenta modificar el Reglamento General de Costas "por la puerta de atrás", dificultando el derecho de la sociedad a realizar aportaciones y sin ofrecer la mínima información sobre lo que pretende hacer, con un documento muy genérico que únicamente hace referencia a la necesidad de modificar la normativa para cumplir con los requisitos de Europa.
Posibles restricciones
La Xunta defiende la necesidad de actuar para frenar posibles visiones restrictivas de la costa, como las planteadas en los dos intentos anteriores de modificación del Reglamento General de Costas.
En este sentido, el informe señala que el Ejecutivo central pretende eliminar cualquier vestigio de presencia humana en el litoral antes de 2050, y que para ello ha intentado limitar las concesiones de las prórrogas en dominio público marítimo-terrestre (DPMT) a 30 años –frente a los 75 actuales–, endurecer los requisitos para instalar un negocio en el litoral y ampliar el DPMT –limitando la propiedad privada, económica e industrial– llevando la línea de deslinde tierra adentro.
Ante esta situación, la Xunta mantendrá hoy mismo un encuentro con la cadena mar-industria, ayuntamientos y otras entidades afectadas para crear un frente común y presentar alegaciones con el fin de salvaguardar sus intereses y las actividades que se desarrollan en Galicia vinculadas al mar. El objetivo es enviar aportaciones antes del próximo 19 de febrero, reclamando un procedimiento más transparente, riguroso, participativo y acorde con una reforma de este tipo.
