Imagen de la reunión.
La Xunta de Galicia irá a la justicia si el Gobierno no le entrega el expediente de la AP-9
La conselleira María Martínez Allegue critica que después de seis años, y siendo Galicia una parte implicada, no conozcan el texto. Insiste en que pidió hasta cinco reuniones con el ministro de Transporte, Óscar Puente
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La Xunta de Galicia ha advertido hoy al Gobierno central que exigirá el expediente abierto por la Comisión Europea sobre la gestión de la AP-9 y que, en caso de no recibir respuesta, recurrirá a la vía judicial.
Así lo anunció la conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María M. Allegue, que recordó que este expediente se tramita desde hace seis años y sobre el que "no sabemos absolutamente nada, a pesar de que Galicia es parte implicada".
La conselleira insistió en que la solución para la gestión de la AP-9 pasa por el rescate de la concesión y la eliminación de peajes: "Entendemos que es lo mejor para el interés público y que debe hacerse cuanto antes".
Además, anunció que la Xunta se dirigirá a los gobiernos autonómicos de Asturias y Castilla y León para estudiar posibles acciones conjuntas que reclamen la liberalización de las peajes.
Allegue criticó la falta de transparencia del Gobierno central ante el dictamen de la Comisión Europea sobre las irregularidades en las prórrogas de la concesión y denunció que, pese a haber solicitado hasta cinco reuniones con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, no ha obtenido respuesta.
Subrayó que la AP-9 vertebra el 60% del territorio gallego, con un tráfico medio de 26.000 vehículos diarios, que alcanza los 60.000 en algunos tramos, siendo vital tanto para el tráfico interurbano como metropolitano.
El estudio elaborado por la Xunta, actualizado en agosto de 2025, sitúa el coste del rescate en 2.356 millones de euros, incluyendo 65 millones más de lucro cesante para la concesionaria respecto a las cifras de 2024.
Allegue advirtió que cuanto más tiempo pase, más caro será el rescate para todos los españoles.
El informe señala que la gestión de la autopista por parte del Estado ha sido perjudicial para Galicia, con incrementos de peajes del 32% desde 2018, frente al 19% en el resto de autopistas estatales y el 6% en las autonómicas.
Entre 2021 y 2024, los ingresos de la concesionaria aumentaron un 39,7%, elevando sus beneficios un 78,1%.
Por su parte el director de la Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, destacó que la eliminación de peajes supondría beneficios en seguridad vial, calidad de vida, ahorro de tiempo y competitividad. Según el estudio de la Xunta, el transvase de tráfico desde carreteras convencionales hacia la AP-9 reduciría notablemente la congestión en tramos como la A-55 Puxeiros-Porriño, con descensos de hasta un tercio, y aumentaría hasta un 577% en otros tramos de la AP-9.
Menéndez puso como ejemplo la liberalización de la AP-7 en Alicante, cuya eliminación de peaje temporal, consolidada tras un estudio del Ministerio de Transportes, generó un beneficio social estimado en 16,8 millones de euros anuales.
Además, recordó que la liberalización permitiría al Estado evitar o abaratar infraestructuras de alto coste y con importantes afecciones sociales, como el tramo A Ermida–Pilarteiros de la A-57 en la circunvalación de Pontevedra.
La Xunta perdió la oportunidad "de pedir perdón"
El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, aseguró este jueves que la Xunta "perdió la oportunidad de pedirles perdón a los gallegos y gallegas". El representante del Ejecutivo central señaló que confiaba en que Allegue "pidiese perdón" por la decisión del PP de Aznar "de hipotecar" a Galicia durante décadas.
Blanco apeló a la Xunta a no "echar la culpa a quien trabaja por aliviar el peso de los peajes" y acusa al PP de callar "durante años", aceptando la prórroga. "Curiosamente, ahora reclaman con tanta contundencia al único Gobierno que puso soluciones encima de la mesa", agregó Blanco, que señaló que gracias a las bonificaciones los usuarios han ahorrado 375 millones de euros.
Pontón urge por carta a Puente que rescate la AP-9
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, remitió una carta al ministro de Transportes, Óscar Puente, instándolo a aprovechar la ocasión para rescatar la AP-9 "sen máis dilación". La nacionalista recuerda, además, que el dictamen incoado por la CE declara ilegal la ampliación de la concesión hasta 2048.
Una decisión, recalca Pontón, que tiene como consecuencia que la ciudadanía gallega siga pagando peajes abusivos cuando debería "estar circulando gratis" por la principal vía de comunicación. Y es que, añade la portavoz del BNG, existe una "discriminación inaceptable" respecto a otras autopistas de esa generación.
"Grazas ao acordo de investidura entre o PSOE e o BNG, conseguimos descontos históricos nas peaxes, certo, pero é insuficiente, porque o que Galiza merece é ter unha AP9 gratuíta e de xestión galega, para o que hai que rescatar a autoestrada", incide Pontón en su misiva al ministro de Transportes, al que indica que el rescate no solo es cuestión de justicia, sino que supondría "un aforro enorme para as arcas públicas".