Imagen de archivo de una huelga organizada por CCOO
El Supremo confirma la condena a CCOO Galicia por vulnerar el derecho de huelga de sus trabajadores
El tribunal mantiene la infracción a 15 letrados del sindicato, pero reduce la indemnización de 25.000 a 7.501 euros por persona.
Puede interesarte: Colas para firmar por un convenio digno de la hostelería en A Coruña: 1.100 en la primera jornada
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena aComisiones Obreras de Galicia por vulnerar el derecho de huelga de quince abogados y graduados sociales de su departamento jurídico, aunque ha reducido la cuantía de las indemnizaciones fijadas en instancia.
La sentencia, dictada por el Pleno de la Sala de lo Social, ratifica que los burofaxes enviados el 24 de enero de 2023 a los trabajadores en huelga supusieron una vulneración del derecho fundamental reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución.
En ellos, el sindicato exigía a los profesionales que, pese a secundar la huelga, continuaran presentando escritos, solicitando suspensiones de vistas o incluso compareciendo en juicios, bajo amenaza de responsabilidades laborales y civiles.
Para el Supremo, esos requerimientos "no tenían como cometido garantizar la reanudación de la actividad... sino que lo que perseguían era no alterar, en la medida de lo posible, el funcionamiento normal del departamento jurídico", lo que vaciaba de contenido el derecho de huelga.
La Sala subraya que "el contenido esencial del derecho de huelga es el cese en el trabajo" y que en este no cabe el imponer tareas que limiten o impidan a sus trabajadores ejercer plenamente el paro.
El tribunal desestima así el recurso del sindicato al fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que defendía que se trataba de servicios de seguridad y mantenimiento, y también rechaza el de los trabajadores, que reclamaban indemnizaciones de 120.000 euros por persona y la declaración de vulneración de otros derechos fundamentales.
Finalmente, los magistrados fijan una compensación de 7.501 euros para cada uno de los quince demandantes, frente a los 25.000 que estableció el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, al entender que esta cifra resulta más proporcionada al daño moral sufrido.
