Instante de la firma.
Cómo será la retirada de efectivo en gasolineras de pequeños municipios gallegos: solo con TPV
Esta iniciativa está destinada a municipios del entorno con menos de 20.000 habitantes
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La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, firmó hoy un convenio de colaboración con Abanca y la Federación Gallega de Estaciones de Servicio (Fegaes) que permitirá que, en aquellos municipios del rural gallego con menos de 20.000 habitantes, sea posible retirar dinero en efectivo en las estaciones de servicio.
Abanca se convierte así en la primera entidad financiera en adherirse a esta iniciativa pionera en España, que la Xunta de Galicia pone en marcha con el objetivo de ampliar el catálogo de servicios de estos establecimientos en el ámbito rural y, al mismo tiempo, como medida para hacer frente al despoblamiento.
En virtud de este convenio, explicó Lorenzana, Abanca se compromete a dotar a estos establecimientos de terminales de puntos de venta (TPV) de última generación, habilitados para permitir pequeñas retiradas de efectivo de forma gratuita a los clientes con tarjetas de débito emitidas por la entidad bancaria.
Se estima que la implantación de esta medida en los 290 municipios gallegos con menos de 20.000 habitantes alcance durante esta legislatura a unos 200 establecimientos, la mitad de los que actualmente están adheridos a la Federación Gallega de Estaciones de Servicio (Fegaes).
En camino la orden de ayudas
La firma de este convenio irá acompañada, además, de una orden de ayudas que se publicará mañana en el Diario Oficial de Galicia (DOG), con una dotación económica de 800.000 euros, y que incidirá en el mismo objetivo de modernizar los servicios de los que disponen las gasolineras situadas en municipios rurales.
Además de subvencionar la adquisición del equipamiento necesario para poder ofrecer la retirada de efectivo, también podrán solicitarse apoyos para mejorar los sistemas de pago, la gestión operativa del local a través de plataformas digitales o la instalación de grupos electrógenos y sistemas de seguridad. Las ayudas podrán alcanzar hasta los 30.000 euros por beneficiario.
