Taxis de Culleredo en la parada del aeropuerto de Alvedro.
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Arteixo (A Coruña) aprueba integrarse en el área metropolitana del taxi tras el respaldo del sector
El Ayuntamiento paraliza la aprobación de una nueva ordenanza municipal mientras la Xunta avanza en la creación de un sistema conjunto para varios municipios del área coruñesa
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Arteixo se incorporará al futuro Área de Prestación Conjunta del servicio de taxi impulsada por la Xunta de Galicia después de alcanzar un acuerdo con los profesionales del sector en el municipio. La decisión fue trasladada tras una reunión celebrada este lunes entre responsables municipales y representantes de los taxistas locales, en la que la propuesta recibió una acogida favorable.
El proyecto permitirá que los vehículos autorizados puedan prestar servicio en distintos municipios integrados en el sistema sin las limitaciones territoriales actuales, facilitando la recogida de viajeros en toda el área incluida en la iniciativa.
Como consecuencia de este nuevo escenario, el Ayuntamiento de Arteixo ha decidido detener la tramitación definitiva de la nueva ordenanza municipal del taxi en la que venía trabajando, ya que será la administración autonómica la encargada de establecer la regulación común para los municipios adheridos.
La propuesta forma parte de una iniciativa presentada recientemente por la Xunta a los ayuntamientos de A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros, con el objetivo de crear una red coordinada que mejore la prestación del servicio en toda la comarca.
El modelo contempla un sistema de licencias compartidas que permitirá a los taxistas operar en todo el ámbito territorial integrado en el área conjunta, además de establecer tarifas unificadas, una organización coordinada de turnos y el uso de paradas comunes.
Desde la administración autonómica se prevé además la creación de un registro único de licencias permanentemente actualizado, con el fin de optimizar la gestión del servicio y garantizar una mayor cobertura durante todo el día.
La Xunta continuará ahora con la tramitación del procedimiento, que incluirá consultas a organizaciones profesionales, representantes empresariales, sindicatos y asociaciones de consumidores antes de su aprobación definitiva.