Cuidadora atendiendo a una anciana.
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A Coruña actualiza su normativa del Servicio de Ayuda en el Hogar
La nueva ordenanza modifica las modalidades de servicio y acceso, las horas prestadas o el sistema de copago
Más información: A Coruña da luz verde al proyecto de la nueva ordenanza del Servicio de Ayuda en el Hogar
A Coruña cuenta con una nueva ordenanza del Servizo de Axuda no Fogar. El pleno municipal ha aprobado esta mañana en sesión ordinaria el texto, con votos a favor del PSOE y BNG y en contra del PP. La modificación actualiza la normativa del servicio, vigente desde el 2010, siguiendo los cambios legislativos de los últimos años.
Entre los objetivos recogidos en la norma están la mejora de la calidad del servicio para las personas usuarias y favorecer su permanencia en sus domicilios y fomentar su autonomía. También se contempla la prevención de situaciones de dependencia y exclusión social y complementar el trabajo de las familias de personas dependientes, entre otras cuestiones.
Durante la sesión plenaria, la concelleira de Benestar Social, Nereida Canosa, fue la encargada de dar los detalles del texto que, en sus palabras, "moderniza e ordea o SAF" con un "marco máis seguro, equitativo e coherente co marco actual que redundará no benestar das persoas maiores, en situación de vulnerabilidade ou de dependencia".
Así, la nueva ordenanza incluye nuevas modalidades de acceso según el tipo de necesidad entre Dependencia, Básico y Básico por urgencia social. También se establecen criterios de acceso y prioridad "máis transparentes" y se amplía la cobertura del servicio según la gravedad o necesidad de apoyo.
Respecto a las horas, se modifican los rangos de intensidad horaria pasando de 20 horas a 37 para personas en grado de dependencia 1, de 38 horas a 64 para personas en grado 2 y de 65 a 94 horas para personas en grado 3, unos cambios que la concelleira calificó como "esenciais".
Por otra parte, Canosa resaltó que la nueva normativa "reforza as garantías de dignidade, confidencialidade e un plan de satisfacción do servizo reforzando o caracter preventivo e comunitario do servizo". En ella se establece la obligatoriedad de la comunicación institucional con servicios especializados y con la red sanitaria.
A todo ello se suma unos "procedementos administrativos máis claros, desde a tramitación ata a valoración técnica ou a resolución da concesión e cun seguimento periódico e unha avaliación da calidade" y se regulan los supuestos de suspensión y extinción del servicio para dotar de seguridad jurídica al servicio.
Sistema de copago
La actualización del sistema de copago es uno de los principales cambios de la nueva norma del SAF.
En este sentido, Canosa indicó que se actualiza siguiendo las directrices autonómicas calculando la capacidad económica de los usuarios en base a los baremos establecidos por la Xunta de Galicia. El resultado es una nueva tabla de participación económica "garantindo o copago proporcional aos ingresos para compatibilizar a sostenibildiade financeira coa protección das persoas con menor recursos".
Desde la entrada en vigor de esta norma, habrá un plazo de seis meses para determinar la capacidad económica y de participación en el coste de los servicios de las personas usuarias que estuvieran en el régimen de libre concurrencia.
De manera complementaria, se está trabajando en la aprobación de la modificación de la ordenanza fiscal que regula la tasa —aprobada inicialmente en el 2010 y cuya última actualización fue en el 2023— y el pasado mes de noviembre se aprobó en el pleno la actualización de los baremos de este servicio, con el correspondiente aumento de las tasas.
Este nuevo texto será la base para los pliegos de la nueva licitación del servicio con unos "estándares elevados e contratación a tempo e por varios anos para dar seguridade ao persoal, ás persoas usuarias e ás entidades".
El PP critica la actualización de pagos
El aspecto económico de la nueva norma fue lo más criticado en el pleno desde la bancada del grupo popular. Rosalía López, vicesecretaria de acción social del PP de A Coruña, criticó que se proponga una modificación "para que as persoas teñan que pagar máis por este servizo, que é un servizo comunitario básico".
La popular reclamó una prestación "fundamental e necesaria para que as persoas leven unha vida digna e autónoma nos seus domicilios" y señaló que gran parte de los usuarios del SAF cuentan con pensiones bajas o no disponen de los suficientes ingresos, con problemas para llegar a final de mes. Para López, el problema en el SAF no es económico, sino de gestión, como falta de formación para las trabajadoras, fallos en la coordinación y supervisión, falta de control de la calidad del servicio y fallos en la aplicación informática que derivaron en la solicitud de más pagos.
"O Concello ten que aportar unha persoa de referencia por cada cen usuarios ou por cada 200 se se incrementa o número. Creen que alguén pode facer o seu traballo con 200 persoas a cargo? É imposible", espetó al gobierno local.
En su respuesta, la concelleira Nereida Canosa subrayó que las nuevas tablas de copago son "as que marca específicamente a Xunta de Galicia. Non é un invento do Concello".
Además, afirmó que esta medida forma parte de una "estratexia integral de reforzo á atención das persoas que o necesiten" y una planificación presente y futura con una memoria económica reflejada en los presupuestos de este año para asegurar "a suficiencia orzamentaria" y que pasa de 8,6 millones de euros a 12,4 millones para el primer año.
El BNG demanda mejores condiciones para las trabajadoras
El BNG, que votó a favor de la norma, puso el foco en su intervención en la situación de las trabajadoras del SAF y en un problema de infrafinanciación por parte de la Xunta de Galicia.
En este sentido, el edil David Soto instó al gobierno municipal a demandar a la Xunta "que asuma as súas competencias" y haga frente a los problemas de infrafinanciación del servicio. "A Fegamp está pedindo 22 euros por hora e a Xunta financia con 12. Pregúntome onde mete eses cartos. Hai que priorizar a atención e os dereitos de quenes máis o necesitan", subrayó, responsabilizando al gobierno autonómico de los pagos del SAF.
Además, denunció la situación laboral de las trabajadoras, muchas de ellas "con baixas laborais por doenzas físicas e psicolóxicas e unha retribución moi moi escasa por servizo". Por eso, pidió mayor vigilancia por parte de las empresas sobre los riesgos laborales y formación en este sentido para el personal además de la redacción de un protocolo antiacoso.
