Desahucio en A Coruña
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CSIF exige proteger a los funcionarios ante incidentes como el del desahucio ocurrido en A Coruña
El sindicato denuncia insultos y amenazas por parte del abogado Xaime da Pena y exige protección policial en las diligencias conflictivas
Más información: Los funcionarios del lanzamiento de la inquiokupa en A Coruña denunciarán al abogado de la dueña del piso
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido a la Dirección Xeral de Xustiza que adopte medidas urgentes para garantizar la seguridad de los trabajadores del Servicio Común de Actos de Comunicación y Embargos (SCACE), tras el "grave" incidente ocurrido el pasado 9 de julio durante lo que consideran una diligencia en el desahucio de la inquilina de Pilar Pérez, en el barrio de Os Mallos de A Coruña.
Según ha informado el sindicato, la intervención judicial no pudo llevarse a cabo debido a la ausencia del cerrajero, cuya presencia debía haber sido gestionada por el abogado de la parte demandante, el letrado Xaime da Pena, que representaba a la propietaria del inmueble.
La funcionaria encargada de ejecutar la diligencia, al no poder acceder a la vivienda, se vio obligada a cancelar la actuación.
Lo que debía ser un procedimiento administrativo más se tornó en una situación de tensión cuando, según denuncia CSIF, el abogado mostró una actitud "hostil y amenazante" hacia los funcionarios presentes.
Además, dicen, convocó a medios de comunicación al lugar, cuestionando públicamente la labor de los empleados públicos, proporcionando una versión distorsionada de los hechos y exponiéndolos sin su consentimiento.
Ante la gravedad del episodio, los funcionarios afectados presentaron una denuncia en el juzgado de guardia y trasladaron una queja formal al Ilustre Colegio de Abogados de A Coruña.
El sindicato también ha solicitado al Colegio que abra un expediente y depure responsabilidades, para evitar la repetición de este tipo de conductas que "ponen en peligro la integridad profesional y personal" de los trabajadores de justicia.
"Este tipo de situaciones no sólo vulneran su derecho a desempeñar su trabajo con seguridad, sino que también ponen en riesgo su salud física, mental y social, generando estrés, ansiedad y un clima de desprotección inadmisible en el entorno laboral", ha declarado Auri Fernández, presidenta de CSIF Justicia en Galicia.
Petición de refuerzo policial en diligencias sensibles
CSIF ha trasladado también a la Dirección Xeral de Xustiza una petición formal para que, en todas las diligencias de lanzamiento o desahucio que puedan suponer algún grado de conflictividad, se establezca la presencia obligatoria de al menos un agente de la Policía Local que acompañe a los funcionarios del SCACE.
El sindicato recalca que los empleados públicos están cumpliendo con su deber bajo mandato judicial, y que cualquier obstáculo o agresión contra ellos representa un ataque a la función pública.
Asimismo, critica la manipulación mediática de algunos hechos que, según afirman, han culpabilizado injustamente a los funcionarios.
"Desde CSIF no vamos a tolerar que se repitan este tipo de episodios. La administración tiene la responsabilidad de garantizar la integridad y el respeto hacia sus trabajadores. Exigimos, por tanto, que se actúe con determinación para evitar nuevos incidentes y proteger de forma efectiva a los empleados públicos del SCACE", concluyen desde la organización sindical.
