Fachada del Colegio de Abogados de A Coruña.
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El Colegio de Abogados de A Coruña desmiente que se hayan abierto expedientes por hacer huelga
Sí que confirma que "la desatención a mujeres víctimas de violencia, causas con preso, menores o, en general, asuntos urgentes susceptibles de generar perjuicios irreparables a los justiciables o bien la utilización de la huelga con motivos espurios, sí puede dar lugar a responsabilidad disciplinaria"
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El Colegio de Abogados de A Coruña ha hecho público un comunicado para matizar algunos aspectos en relación con la apertura de expedientes a colegiados.
Con respecto a la apertura de expedientes por huelga, el Colegio no ha abierto ningún expediente disciplinario por el hecho de ejercer el derecho de huelga. No obstante, sobre la responsabilidad disciplinaria por desatención de servicios esenciales, la desatención a mujeres víctimas de violencia, causas con preso, menores o, en general, asuntos urgentes susceptibles de generar perjuicios irreparables a los justiciables o bien la utilización de la huelga con motivos espurios, sí puede dar lugar a responsabilidad disciplinaria.
Precisamente, por la importancia y magnitud que tienen los asuntos referidos, son señalados por los convocantes como servicios mínimos.
En A Coruña, insisten en el comunicado, se reciben al año más de 11.000 solicitudes de Justicia Gratuita de las que se admiten cerca de 10.000. Desde el 21 de noviembre de 2023, fecha en la que se inició la huelga del Turno de Oficio, la institución colegial no niega a los compañeros el derecho fundamental de huelga y respeta plenamente el ejercicio del mismo.
Además, la Junta de Gobierno insiste en que ha reclamado y reivindicado desde siempre mejoras para los abogados que prestan el servicio público de asistencia jurídica gratuita. Alcanzar las legítimas reivindicaciones para mejorar la situación de los abogados de oficio constituye uno de nuestros principales objetivos.
El Colegio, por su parte, no puede facilitar información sobre actuaciones disciplinarias, respetando en todo momento el secreto profesional y la normativa sobre protección de datos personales. No obstante, los interesados sí pueden proporcionar dicha información dentro del marco legal establecido.
Por ello, según su comunicado, la Junta de Gobierno debe cumplir con la obligación legal que tienen las Juntas de Gobierno de garantizar, en todo caso, la prestación continuada de los servicios públicos obligatorios de asistencia jurídica gratuita. "Este servicio está sujeto a los mismos principios de responsabilidad patrimonial establecidos para las Administraciones públicas e incluso puede dar lugar a responsabilidad penal".
