Concentración de trabajadores del centro de menores Concepción Arenal, en A Coruña, en julio de 2023..
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Nadie se ofrece a llevar la nueva gestión del centro de menores Concepción Arenal de A Coruña
La falta de interés de entidades obliga a la Xunta, titular del centro, a declarar desierta por segunda vez la contratación de servicios mediante concierto social y no por convenio para la atención y educación de los menores privados de libertad, para la que consignaba 12 millones
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La intención de la Xunta de Galicia de cambiar la gestión y contratación de servicios del centro de menores Concepción Arenal de A Coruña ha vuelto a fracasar. Hace un año quedó desierta la licitación para asignar el concierto social para la selección de una entidad privada sin ánimo de lucro que se encargase de la atención residencial y la intervención educativa integral con los menores del centro. La Consellería de Política Social e Igualdade repitió el proceso, que ha vuelto a declararse desierto al no presentarse ninguna propuesta para firmar el concierto.
La resolución de Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, publicada hoy miércoles en el Diario Oficial de Galicia (DOG), pone fin a la vía administrativa del procedimiento de selección de entidades que prestarían el servicio en el centro Concepción Arenal mediante un concierto social y no por convenio, como hasta ahora se ha realizado.
La Xunta pretendía iniciar la nueva gestión del centro coruñés el pasado mes de septiembre, pero en agosto de 2024 comprobó la falta de interés de las entidades sin ánimo de lucro en el concurso. En marzo de este año Política Social publicó una nueva convocatoria mediante el procedimiento de asignación de concierto.
El expediente recogía que la consellería "no dispone de personal técnico cualificado disponible ni de medios adecuados para cubrir las necesidades que se tratan de satisfacer a través del citado concierto social" y "no consideraba conveniente ampliar medios personales y materiales". Un mes después se ha repetido la ausencia de propuestas.
"Sin afección al servicio"
"El hecho de que este procedimiento quedara desierto no afecta para nada al servicio, que se sigue prestando de manera ininterrumpida", aclara la Xunta en una consultada trasladada por Quincemil. La consellería añade que "ya se han iniciado los trámites para un nuevo procedimiento de asignación por concierto social" y matiza que esta modalidad de gestión "no supone ninguna variación en la prestación del servicio con respecto al actual convenio".
Con la fórmula de concierto social, la Xunta, titular de la instalación de Palavea, apuesta por darle prioridad a las entidades sociales privadas en la gestión del centro de menores, que no dejaría de ser público. La ganadora del concurso gestionaría la atención residencial y la educación integral de las personas menores de edad que tienen que cumplir las medidas judiciales privativas de libertad en el centro Concepción Arenal de A Coruña, que cuenta con 35 plazas.
Política Social consignó el año pasado un presupuesto de licitación para el cambio de modelo por importe de 11,4 millones de euros para un periodo de cuatro años, hasta 2028, que comenzaría el 1 de septiembre, con la posibilidad de aplicar una prórroga por otros cuatro años. El gasto previsto por Política Social en la segunda convocatoria ascendía a algo más de 12 millones, con siete meses de gestión correspondientes a este mismo año y cinco en el último año, 2029.
Descontento en la plantilla
Hace dos años, en el verano de 2023, el personal del Centro de Menores Concepción Arenal y del Centro de Intervención Educativa en Medio Abierto (Ciema), ambos titularidad de la Xunta y gestionados por la Fundación Camiña Social, se manifestó por distintas razones y convocó una jornada de huelga.
Entre sus reclamaciones estaban la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, que alegaban que estaban congelados desde 2014, la defensa del convenio colectivo propio y la mejora del servicio prestado a los menores. El personal denunciaba que la fundación no tenía "voluntad de negociar" y que el Gobierno gallego "se ponía de perfil" ante el conflicto.
Casi un año después, Política Social tomó la decisión de cambiar la contratación de servicios y regularla mediante concierto social, y no convenio, para conceder prioridad a las entidades sociales en la gestión del centro. Los dos procesos de licitación promovidos no han dado el resultado esperado.
