Reunión de propietarios de viviendas de uso turístico de A Coruña en el Circo de Artesanos.
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Los dueños de pisos turísticos de A Coruña alegan contra su regulación: "Agravará los problemas"
Aviturga alerta de inseguridad jurídica y estima que si se aprueba la ordenanza los edificios específicos de uso turístico aumentarán más allá del centro de la ciudad
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La asociación que agrupa a los propietarios de viviendas de uso turístico de Galicia, Aviturga, ha formulado alegaciones contra la ordenanza reguladora de este tipo de alojamientos promovida por el Ayuntamiento de A Coruña, aprobada de forma inicial en el Pleno del pasado mes de febrero y a la espera del visto bueno definitivo. El grupo municipal del PP, que optó por la abstención en la primera votación, también ha alegado; el BNG apoyó la iniciativa del Gobierno municipal.
En las alegaciones de Aviturga los afectados advierten de que el texto regulador, "lejos de resolver los problemas" relacionados con la escasez de vivienda de alquiler en la ciudad, los "va a agravar". Consideran que la ordenanza permitirá que cualquier edificio de la ciudad, tanto en el centro histórico como en los barrios residenciales, pueda destinarse íntegra y específicamente al uso turístico.
"Esta circunstancia incentivará a inversores y propietarios a transformar inmuebles actualmente dedicados al alquiler convencional en bloques exclusivos para turistas, tensionando aún más el mercado inmobiliario local", alerta Aviturga, que augura que esta situación "perjudicará especialmente a los inquilinos más vulnerables".
Los propietarios alegan sobre otros aspectos nocivos para sus intereses así como para la oferta residencial de la ciudad. Denuncian que la prohibición de usos mixtos supondrá una "restricción injustificada e incomprensible de la capacidad alojativa de A Coruña en temporada estival", debido al hecho de impedir que viviendas alquiladas a estudiantes durante el curso académico puedan destinarse a turistas en verano. De este modo, añaden, "se limitan las posibilidades de que familias enteras visiten A Coruña".
Inseguridad jurídica y competencias
La principal preocupación de la que alerta Aviturga es "la inseguridad jurídica" que creen que generará la aprobación definitiva de la ordenanza municipal. Por un lado, señala que contiene "graves vicios de nulidad al invadir competencias que no son propias del Consistorio". "El Ayuntamiento se atribuye competencias estatales en materia de propiedad horizontal e intenta innovar en la ordenación de actividades turísticas, cuya regulación corresponde exclusivamente a la Xunta de Galicia".
"Inversores y propietarios transformarán inmuebles actualmente dedicados al alquiler convencional en bloques exclusivos para turistas"
Aviturga
El sector apunta, por otra parte, que el texto regulador aprobado de forma inicial reproduce literalmente párrafos enteros de otras disposiciones de rango superior, "vulnerando el principio de jerarquía normativa". Se queja, por ello, de que la nueva regulación ignore los derechos adquiridos de quienes cuentan con el registro turístico oficial desde 2017 "y cumplen con todas las normativas vigentes, tanto estatales (Agencia Tributaria y Ministerio del Interior) como autonómicas".
Una realidad residencial distinta
Aviturga ha calculado que, de acuerdo con la ordenanza impulsada por el Gobierno de A Coruña, aproximadamente el 80% de las viviendas turísticas actuales no cumplirían con los requisitos. "Es una de las más restrictivas de España", asegura la asociación, que añade que ciudades como Cádiz, San Sebastián, Bilbao o Toledo están aprobando normativas "que respetan el principio básico de irretroactividad y adaptan sus planes urbanísticos a la realidad actual".
Los propietarios coinciden con el PP en que antes de aprobar la ordenanza se debe llevar a cabo una modificación del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), de 2013, y del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) de Ciudad Vieja y Pescadería, de 2015, años en los que la realidad residencial de la ciudad era diferente a la actual.
Aviturga expresa el deseo de que el Ayuntamiento "reconsidere su postura antes de la aprobación definitiva de la ordenanza y establezca un diálogo constructivo con los propietarios para encontrar soluciones que garanticen la seguridad jurídica y el desarrollo sostenible del sector turístico en la ciudad".
