"Igual que miro por mi presa, miro por la desertización que quieren hacer en España. Habría que buscar quién va a salir beneficiado con esto de tirar embalses. Llevan a la población a arruinarse para que tenga que verse obligada a comprar agua embotellada. ¡El agua ya está cotizando en bolsa!", espeta Pravos al otro lado del teléfono. "¿Quién quiere que se derriben? Si cada español tiene que gastar 40 o 50 euros para beber agua… hablamos de 3 billones al mes. Aquí hay un tomate que no sabemos de dónde viene. La noticia no es que me crucifique o que haga una huelga, sino lo que hay detrás de la propia noticia. Los intereses de unos pocos. ¿Cuáles? ¿Quién se va a beneficiar de esto?".

Las dudas son razonables, y más si se entiende el estacazo que supone una transformación de tal calibre en el paisaje de Valdecaballeros. Sin embargo, muchos de los interrogantes que lanzan quienes critican la destrucción de los embalses como este o el de Los Toranes, en Teruel, yerran al centrarse en las consecuencias emocionales de la destrucción, muchas intoxicadas por la letanía negacionista que infecta el debate político y social con desinformación y bulos en plena campaña electoral, y no en observar la realidad jurídica y medioambiental, que es la que explica las decisiones en las que se amparan las confederaciones hidrográficas y el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para acabar con esta y otras presas, represas y azudes. Por tanto, las preguntas que lanza Pravos están justificadas, pero las respuestas son más complejas. ¿Qué intereses hay detrás del derribo de las presas? ¿Es cierto que España es el país que más barreras fluviales ha dinamitado? ¿Y es lógico que se acabe con tantos embalses cuando sufrimos una de las peores sequías de la historia reciente?

David Pravos 'crucificado' en su cruz improvisada frente a la vieja central nuclear de Valdecaballeros, en Badajoz Imagen cedida

Para comprender este embrollo de números, fechas y leyes, primero hay que ir a los datos. Según Dam Removal Europe, una coalición de asociaciones en defensa de los ríos que cuantifica el número de barreras fluviales que hay activas en todos los países de la Unión Europea y cuántas se derriban cada año, España lidera la lista de naciones europeas que destruyen presas. En 2021, el Gobierno de Pedro Sánchez acabó con 108 estructuras, un dato infinitamente mayor que el de las 40 de Suecia, que quedó en segundo lugar, o las 39 de Francia, en tercero. En 2022 la cifra aumentó: 133 frente a las 69 de Suecia, las 45 de Francia o las 29 del Reino Unido. 

Los datos no son tan sorprendentes si se tiene en cuenta que España suma cerca de 30.000 barreras fluviales o transversales en sus ríos, de las cuales alrededor de 5.100 son presas y más de 17.000 azudes, y muchos de ellos no están ni siquiera inventariados. En esta lista también se contabilizan las grandes presas, aquellas de más 15 metros de altura, que ascienden a 1.254, según recoge la Sociedad Española de Presas y Embalses (SEPREM). Estas últimas son similares a las barreras que mantienen el embalse de la Almendra, en Salamanca, la más alta y extensa de España, o el de El Atazar, que suministra agua a buena parte de la Comunidad de Madrid. Son presas grandes; aquellos muros de hormigón ciclópeos que todo el mundo evoca al pensar en los "derribos indiscriminados".

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Los azudes, por el contrario, son muros más pequeños que los de las presas. Estos se construyen en un río y su objetivo es retener y reconducir el agua hacia un canal o una acequia, pero no acumularla, ya que el caudal puede rebasarlas, por lo que no sirven para crear embalses. Merece la pena hacer la distinción entre tipos de barreras fluviales porque muchas de las edificaciones que se están destruyendo en España no son grandes presas como la de Valdecaballeros o las de Los Toranes, que son derribos excepcionales, sino pequeños azudes envejecidos –a los que popularmente también se les llama presas– que suman decenas de años y de cuyo mantenimiento nadie se quiere hacer cargo. 

"Presas, lo que se dice presas, se han derribado muy pocas en los últimos veinte años", asegura César Rodríguez, secretario general de AEMS-Ríos Con Vida. Algunos ejemplos recientes son la de Yecla de Yeltes, en Salamanca, de 22 metros de altura, cuyo derribo comenzó en abril de 2018; la de Retuerta del Valle, en Ávila, de 14 metros, destruida en 2013; o la de Anllarinos, en León, de 13 metros, dinamitada en 2021 pero cuyo informe de impacto ambiental fue solicitado en 2017. Tres presas grandes cuya destrucción, por cierto, fue planteada mientras el Partido Popular de Mariano Rajoy aún ocupaba la Moncloa. Derribar embalses, empero, no es una obsesión de la "izquierda ecologista", tal y como señalan algunos sectores de la ultraderecha que replican la letanía negacionista en plena campaña electoral, sino, simplemente, hacer cumplir la ley.

Estadística de 2022 que indica la cantidad de barreras fluviales derribadas en los países de la Unión Europea (en verde, los países que las han derribado por primera vez) Dam Removal Europe

El laberinto legal que conduce al derribo

"La mayoría de estas destrucciones, más del 80%, han sido de azudes o de algunas estaciones de aforo [instalaciones que miden los caudales de los ríos]. ¿Por qué se están eliminando tantas ahora? Porque hemos estado décadas sin cumplir lo que la ley dictamina que hay que hacer cuando se abandonan, pierden su concesión asociada o ya no tienen derecho de uso de agua", continúa César Rodríguez. El experto hace referencia al Real Decreto Legislativo del 20 de julio de 2001, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Aguas, y a la Directiva Marco Europea del Agua (DMA) de la UE del año 2000, que unificó los criterios de actuación en materia de gestión del agua en todo el territorio comunitario.

A su argumento habría que sumarle que coincide que muchas de las concesiones dadas a empresas hace 25 o 50 años se están acabando. El reglamento del dominio público hidráulico especifica que cuando una concesión cedida a una empresa para explotar las aguas queda en desuso y se extingue, las infraestructuras no se pueden quedar en los ríos sin más, porque se deterioran y, en algunos casos (no en todos), pueden suponer un peligro. "La legislación es clara: hay que demoler esa infraestructura. No se puede dejar una ruina en un río", continúa el representante de AEMS-Ríos con Vida. 

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Sirva de ejemplo para entender la legislación el caso de Valdecaballeros. Su presa se comenzó a construir a principios de los años ochenta para servir a una central nuclear que nunca llegó a terminarse. "Una cucaracha de hormigón; una pirámide inútil del siglo XXI", como la define Pravos. El embalse fue una obra inacabada, olvidada, que no vio jamás su puesta en servicio. Pero tuvo una segunda vida: desde su construcción, suministró agua del río Guadalupejo a tres municipios colindantes, Valdecaballeros, Castilnueva y Alía.

No obstante, su concesión de derechos de explotación, que pertenecía de forma conjunta a Iberdrola y Endesa, no estaba destinada al suministro de agua potable, sino a la refrigeración de la central nuclear. "Los tres pueblos han estado captando el agua de la presa de forma irregular, porque se supone que no se puede tomar agua de un dominio público hidráulico sin una concesión específica que otorgue un derecho de uso de ese agua", afirma Rodríguez.

La Junta de Extremadura, tras conocer la decisión de acabar con la presa, reclamó al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que abortase su demolición. Este, a través de su cuenta de Twitter, respondió a la petición apelando a la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, iniciada en 2005. "Con arreglo a la normativa vigente, extinguida la concesión, corresponde demolerla, salvo que se identifique un nuevo uso y se garantice su funcionamiento". La vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, aseguró que ante la petición de la Junta, Moncloa "está estudiando" no derribarla.

Así, dejó la pelota en el tejado del presidente autonómico extremeño, el socialista Guillermo Fernández Vara, quien presuntamente conocía desde hace dos años el proyecto de demolición. "Es un disparate que hay que corregir cuanto antes; no se va a tirar y punto. Es una falta de despeto a la comarca y a Extremadura", aseveró el barón, uno de los más díscolos del PSOE. Lo que certifica que tras el derribo –se consolide o no– estarían sólo la burocracia española que emana de las directivas europeas y unas elecciones autonómicas mediante en las que todos temen que una decisión precipitada se vuelva en su contra.

César Rodríguez

A pesar de la polémica y de que la Junta haya recurrido la destrucción de la presa, técnicamente el procedimiento ha sido el adecuado, y es el que se debe seguir siempre para garantizar la legalidad de la destrucción de la mayoría de barreras fluviales de España. No existen, a priori, intereses ideológicos detrás ni una actuación oscurantista de una depravada Agenda 2030 que quiera establecer un Nuevo Orden Mundial, tal y como difunden profesionales de la 'bulometría' asociados a perfiles negacionistas y otros correligionarios de los conciliábulos de la conspiranoia.

"No es ni una decisión política, sino una obligación de la Ley de Aguas y una responsabilidad de las autoridades de las confederaciones hidrográficas. Nunca se ha tirado una gran presa, de aquellas que son imprescindibles para garantizar el abastecimiento. Lo que se destruye en un 99% son presas pequeñas y azudes que ya no tienen uso, están abandonadas o no merece la pena seguir explotando", añade Rafa Seiz, coordinador de política del agua en WWF España. 

"Se han eliminado muchas siguiendo un criterio de oportunidad. En nuestra Ley de Aguas existe una figura específica que explica que cuando uno tiene una concesión de agua, bien sea para regar o para producir electricidad o abastecerse, esa concesión tiene un plazo. Cuando se cumple, las confederaciones tienen tres opciones: quedarse con el derecho de explotar la infraestructura, volver a sacarla a oferta pública o extinguir la concesión. Cuando se llega a esa tercera conclusión, hay un artículo que especifica que hay que devolver al estado original aquello que se modificó para hacer una explotación. Hay que dejar el río como estaba".

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Muchas veces las empresas que tienen las concesiones no quieren pagar los costes de mantenimiento una vez se acaban los derechos de explotación. En caso de que quisieran mantenerla, probablemente tienen que hacer las reformas pertinentes en las infraestructuras que van a ser reutilizadas. A veces, los costes de mantenimiento son tan elevados que no merece la pena seguir adelante. Es lo que ocurrió con Endesa e Iberdrola con las presas de Valdecaballeros y Los Toranes, este último un gran embalse de 17 metros de altura dedicado a la producción de energía hidroeléctrica.

En el caso del embalse turolense, la Confederación Hidrográfica del Júcar inició en 2020 el procedimiento de extinción de la concesión de la presa. Hubo una fuerte oposición local. Los pueblos argüían que necesitaban el agua para cultivar huertos de pequeña entidad que, de seguir adelante con la demolición, no podrían seguir regando. La gente se lo quería quedar, pero los ayuntamientos locales tampoco podían pagar el coste. "El precio de mantener este tipo de infraestructuras a veces es el presupuesto de varios años", sugiere Seiz. Como no era de uso prioritario, la confederación siguió adelante con el plan. Escuchó a todas las partes, recogió las quejas y, al final, dictaminó que debía desaparecer.

Rafa Seiz, coordinador de política del agua en WWF España

"Cuando ocurre esto, la empresa concesionaria debe devolver las infraestructuras en buen estado", continúa Seiz. "Aplicando la Ley de Aguas, se exige al concesionario que elabore un estudio de eliminación de las barreras e infraestructuras construidas en dominio público. A veces, la demolición la paga la empresa y, otras, recibe ayuda de la administración a través de fondos públicos [en el caso de Los Toranes, la justicia obligó a Iberdrola a hacerse cargo de los costes]. ¿Qué ha pasado con todas las presas y azudes que se han derribado estos años? Que la mayoría no tenían ni concesionario al que reclamarle, porque son presas que se hicieron hace más de 50 años y ya no había personas jurídicas a las que reclamar. Por eso el Estado se ha hecho cargo de su eliminación". 

Además, es importante recordar que los derribos no dejan sin agua a nadie. Tal y como recuerda César Rodríguez, "no se va a dejar a los ayuntamientos sin abastecimiento urbano, porque es algo reconocido en el derecho de aguas y es de uso primordial. Hablamos de un derecho humano y ciudadano". En la propia extinción de la concesión de la presa de Valdecaballeros, si finalmente se ejecutara, la Dirección General del Agua del MITECO especifica que el informe de la Confederación Hidrográfica del Guadiana debe plantear una alternativa viable de abastecimiento, que, en este caso, sería captar el agua del pantano de García de Sola, a poco más de un kilómetro del de Valdecaballeros. 

"Si realmente esa presa se usa para algo tan importante como abastecer a los pueblos, debería ponerse de manifiesto en la tramitación de la puesta en fuera de servicio", explica Carlos Granell, presidente del Comité Nacional de Embalses y Presas (SPANCOLD). "Nadie había requerido la continuidad de la presa, y por eso se tramitó su demolición. Pero no es una decisión irreversible. Si la realmente tiene un uso, la Junta de Extremadura y del MITECO deberían ponerse de acuerdo para regularizar la situación". 

Guerra del agua en época de sequía

La decisión de eliminar barreras fluviales se enmarca dentro de la Estrategia de Biodiversidad de la UE 2030 de protección de la fauna y la flora y se rige por los principios de la Directiva Marco del Agua (DMA). El objetivo de la Comisión Europea es que España libere 3.000 kilómetros de caudal en los ríos para recuperar los ecosistemas de agua dulce y las funciones naturales de los cursos fluviales. 

Para bien o para mal, nuestro país tiene la obligación de cumplir con la DMA, lo que implica eliminar las barreras de los ríos que afectan al estado de salud de los cauces, siempre que estas no tengan ninguna utilidad o estén deterioradas y sean peligrosas. Desde 2005, se han demolido 634 barreras fluviales. No obstante, en las redes sociales se sigue replicando un peligroso discurso negacionista ("Sánchez quiere destruir 300 presas"; "se tiran embalses para beneficiar a Marruecos"; "la Dirección General del Agua ha dado orden de vaciar los pantanos"; "los ecologistas nos quieren arruinar") cuando la ejecución de estos derribos, simplemente, responde a una aplicación estricta de la legislación. 

Presa de Aldeadávila de la Ribera, en Salamanca iStock

No obstante, Francisco Javier Flores Montoya, doctor ingeniero de caminos, canales y puertos y vicepresidente de la Sociedad Española de Presas y Embalses (SEPREM), recuerda que España es un país geográficamente complejo y que toda presa es tan útil como necesaria a pesar del impacto medioambiental que puedan generar en los ecosistemas terrestres. Él no considera que la solución sea crear más presas, porque son costosas y requieren de lustros para su puesta en marcha, sino mejorar la calidad de depuración del agua y hacerlas más eficientes para que se pueda para garantizar el suministro hídrico a los seres humanos, los principales beneficiarios de los embalses. 

El embalse de los Toranes, en Teruel, construido hace 75 años, será demolido en los próximos meses Imagen cedida

"Una presa no es un obstáculo. Nunca hay que verlo así", asegura Flores Montoya. "Su finalidad es guardar el agua para poder beber, generar energía, dársela a los animales o crear actividades productivas, como la agricultura. ¿Por qué hay tantas? Porque España es el segundo país más montañoso de Europa. Eso quiere decir que el agua de nuestros ríos va más deprisa que en otros lugares. Muchos ríos europeos son navegables. Francia está unida por canales de navegación. Pero nuestra geografía es muy distinta y Europa debe tenerlo en cuenta [...] Si no hubiera presas, sólo podríamos vivir unos pocos millones. Muchos de los ríos 'retenidos' en embalses desaparecerían durante varios meses al año si no hubiera presas. Sin esas infraestructuras para retener el agua o frenar su velocidad, si dejase de llover, en 15 o 20 días nos quedaríamos sin agua".

"Las presas no las inventó Franco, como se suele decir, sino que ya estaban en España desde los romanos", recuerda el doctor. "Mérida, que es una ciudad conocida por sus grandes monumentos, se ha abastecido miles de años de las presas de Proserpina y Cornalvo. Es algo normal y necesario. Todas las naciones han construido embalses para guardar el agua. No es un capricho para romper la naturaleza; se hace para protegernos, para preservar la vida humana".

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Llegados a este punto, emerge de nuevo la gran pregunta. ¿Por qué se derriban presas en época de sequía? La respuesta, a tenor de los datos, es que no se están derribando presas en época de sequía, sino pequeñas construcciones fluviales, muchas de ellas inútiles, que no generan prácticamente ningún beneficio hídrico a los seres humanos y sí un impacto medioambiental notable. El objetivo del MITECO es paliar "los efectos negativos que producen las obras transversales sobre las especies piscícolas y los desequilibrios del régimen y transporte sedimentario", tal y como explica la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos.

"Los obstáculos y barreras fluviales que se han puesto fuera de servicio carecen de capacidad de almacenamiento apreciable", asegura Granell. "Son más bien obstáculos que elementos de almacenamiento. La eliminación de una presa o azud se tramita con arreglo a un procedimiento técnico y administrativo que analiza todas las alternativas. Un azud, aunque no tenga capacidad de almacenamiento, sí genera un entorno ambiental y social que siempre se debe valorar".

Carlos Granell, presidente del Comité Nacional de Presas y Embalses (SPANCOLD) Imagen cedida

El representante de SPANCOLD es tajante, al igual que el resto de fuentes consultadas: "No es verdad que se estén demoliendo embalses si entendemos como término 'embalse' aquel que es capaz de aumentar la garantía de suministro de agua. Es una polémica artificial. Las presas que se han puesto tirado ya no se usan y tampoco tienen capacidad de almacenamiento apreciable. No tiene una incidencia real sobre la sequía. Lo que pasa es que la política se mezcla con todo y se derivan este tipo de ideas".

No obstante, el vicepresidente del SEPREM, Flores Montoya, sí es crítico con algunas de las demoliciones amparadas en los informes de las confederaciones hidrográficas de algunos embalses y, por eso, considera que derribar presas como la de Valdecaballeros es una "barbaridad" contraproducente. "¿Es interesante demolerlas todas? No. Hay que ir caso por caso. La presa de Valdecaballeros ahora puede tener una función económica distinta a la de su origen. Tirar presas porque sí es hacer lo mismo que los talibanes con los monumentos milenarios. Por eso, siempre hay que justificar cada caso. Y, en este concreto, creo que es un error".

"La Directiva Marco del Agua ofrece capacidad de actuación a cada uno de los países", zanja el representante de SPANCOLD. "En la ingeniería hidráulica española existe una percepción de que no se entiende la particularidad española en Europa, por lo que hay que hacer un enorme esfuerzo para explicar cuál es nuestra idiosincrasia". Eso exige un esfuerzo adicional de pedagogía en la UE y una capacidad de escucha por parte de los legisladores a nivel europeo para que podamos mantener nuestros niveles de calidad de vida y bienestar sin necesidad de practicar derribos innecesarios.

No obstante, una cosa es perfeccionar la legislación para hacerle más eficaz y, otra muy diferente, promover bulos. España no está tirando embalses para beneficiar a las embotelladoras. Tampoco para satisfacer unos intereses perversos que no se sabe muy bien a quién benefician. Las pocas barreras fluviales que se han derribado hasta ahora –la mayoría azudes– no han generado un impacto negativo en los recursos hídricos del país. Por tanto, decir que la sequía es un deseo del Gobierno de tal o cual color o, en su defecto, de las administraciones públicas, supone una grave irresponsabilidad, pues tal desinformación sólo azuza el fantasma del miedo, da alas a las teorías de la conspiración y, en última instancia, erosiona la convivencia.