Imagen del estado de la construcción de una de las promociones de VPO del sector Universidad en Málaga.
Una plaza, diez viviendas
Cada puesto administrativo que la IA permita no reponer libera dinero para unas diez viviendas protegidas.
En mi anterior tribuna conté una factura: la de un empleo público que ha sumado más de medio millón de personas desde 2018, casi todas en las comunidades autónomas. Y la de una ola de jubilaciones, más de un millón en diez años, que ofrece una oportunidad única para modernizar la Administración sin despidos.
Hoy quiero ponerle a esa oportunidad una unidad de medida que cualquiera entiende: viviendas.
Lo que cuesta una plaza
Empecemos por el gasto. La nómina pública, 181.494 millones en 2025, repartida entre unos 3,5 millones de asalariados públicos, da un coste laboral medio de unos 52.000 euros al año, cotizaciones incluidas.
Para un puesto administrativo, el perfil que más expone la IA generativa, ronda los 45.000.
Una carrera típica dura algo más de treinta años. Después llega la jubilación: la pensión media de jubilación del Régimen General es hoy de 1.735 euros al mes, y la de Clases Pasivas, el régimen de muchos funcionarios del Estado, es claramente superior.
A los 65 años, la esperanza de vida en España ronda los 21 años más.
Puerta del Sol.
Sumando carrera y pensión en euros constantes, una plaza pública cuesta al contribuyente entre 2,0 y 2,3 millones de euros a lo largo de su vida.
Y aunque se descuente que ese dinero se paga poco a poco durante más de medio siglo, su valor actual sigue estando entre 1,3 y 1,5 millones.
Lo que cuesta una vivienda
Del otro lado, la vivienda protegida.
La Comunitat Valenciana ha fijado para 2026 un precio máximo de 2.568 euros por metro cuadrado útil: una vivienda de 60 metros cuesta 154.080 euros.
Si la construye la Administración sobre suelo propio, el coste es menor. Una referencia prudente para 2027 son 150.000 euros por vivienda.
La división es sencilla. Una plaza administrativa que no se repone equivale, a valor actual, a unas diez viviendas protegidas. Sin descontar, a unas catorce.
La escala
Una plaza es una anécdota. Decenas de miles son una política de vivienda. Si se dejara de reponer entre el 10 % y el 20 % de los puestos administrativos que quedarán libres por jubilación en los próximos diez a quince años, el ahorro anual en régimen estaría entre 3.300 y 6.700 millones.
Eso da para entre 22.000 y 45.000 viviendas protegidas cada año. En una década, entre 220.000 y 450.000.
"Sumando carrera y pensión en euros constantes, una plaza pública cuesta al contribuyente entre 2,0 y 2,3 millones de euros a lo largo de su vida"
Para situarlo: el PP acaba de proponer crear las condiciones para construir un millón de viviendas en cuatro años, unas 250.000 al año, sin detallar cómo financiar la parte pública. El ahorro de la no reposición cubriría por sí solo entre el 9 % y el 18 % de ese ritmo.
Tampoco el Gobierno ha vinculado nunca su política de vivienda con la planificación de plantillas. Es una conexión que nadie ha hecho.
Hay además una diferencia de naturaleza.
La nómina es gasto corriente: se paga y desaparece. Una vivienda pública en alquiler es un activo: genera rentas, conserva su valor y sirve a varias generaciones de inquilinos. Convertir gasto corriente en patrimonio es exactamente lo que haría cualquier empresa sensata.
Lo que no digo, y lo que sí
Conviene ser preciso para que el argumento no se preste a caricatura. Nadie propone cambiar una plaza de personal sanitario fundamental por diez pisos. La cuenta solo vale para plazas administrativas cuyo trabajo la IA y el rediseño de procesos permitan absorber sin empeorar el servicio.
Y es una aproximación: parte de la pensión se financia con las cotizaciones que ya incluye la nómina, y construir no cuesta lo mismo en Cáceres que en Madrid. Pero el orden de magnitud aguanta: aunque se ajusten los supuestos a la baja, cada plaza que no se repone libera recursos para varias viviendas.
Lo que sí digo es esto: los jóvenes que hoy no pueden emanciparse son los mismos que pagarán durante cuarenta años las plazas que se repongan sin preguntarse si hacen falta. Que el dinero de esa decisión acabe en viviendas para ellos, y no en inercia, es una cuestión de justicia entre generaciones.
Una plaza, diez viviendas. Esta factura, al menos, sí se puede firmar.
*** Santiago Rodríguez Agúndez es ingeniero civil, empresario e inversor, fundador de Ingenostrum y presidente ejecutivo de Nostrum Group.
