Mónica García, ministra de Sanidad.
Una ley sin fundamentos que condena a los pacientes
Desde la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) aseveran que el anteproyecto de la Ley de Gestión Pública es una “criminalización” del sector.
Mientras cientos de miles de pacientes siguen mirando el calendario con resignación, esperando una consulta, una prueba diagnóstica o una cirugía que no llega, el Ministerio de Sanidad ha decidido que el problema que tienen los ciudadanos es otro.
No son las listas de espera ni la falta de especialistas. Ha levantado una cortina de humo dirigida contra el sector privado en el Sistema Nacional de Salud.
El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la llamada Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud. Una norma que restringe las fórmulas de colaboración público-privada y limita la capacidad de las comunidades autónomas para recurrir a modelos de gestión indirecta.
Todo ello con un tono de confrontación que presenta como casi delincuentes a un sector que sólo ha prestado su ayuda cuando se lo han solicitado.
Pero las listas de espera no se reducen con declaraciones ideológicas y leyes dogmáticas.
España arrastra un atasco estructural en su sistema sanitario, sobre todo tras la pandemia. Pacientes que esperan meses para una prótesis de cadera mientras el dolor les roba el sueño. Pruebas diagnósticas que se demoran más de lo clínicamente recomendable. Consultas externas con retrasos incompatibles con una medicina preventiva eficaz. No es un fenómeno puntual. Es una tendencia persistente.
Y frente a esa realidad, la ministra no ha presentado un plan integral con objetivos medibles, financiación específica y calendario verificable para reducir las demoras. No hay una Ley de Garantías reforzada. No hay un programa nacional coordinado de choque asistencial. No hay una estrategia legislativa que armonice criterios clínicos de priorización entre comunidades. Lo que sí hay es un ataque contra instrumentos de gestión que han demostrado su valía para aliviar las cargas del sistema público. Y siempre a demanda de la administración.
"El anteproyecto parte de una premisa ideológica falsa: que la gestión pública es, por definición, más íntegra y eficiente"
La pregunta es inevitable: ¿por qué esta ley ahora? Desde la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) aseveramos que el texto legal presentado es una “criminalización” del sector. El anteproyecto parte de una premisa ideológica falsa: que la gestión pública es, por definición, más íntegra y eficiente.
En esa visión, las fórmulas alternativas previstas en el modelo descentralizado se presentan como una amenaza para el erario público. Esa simplificación convierte un debate de eficacia asistencial en una confrontación ideológica. Pero las listas de espera no distinguen entre modelos jurídicos. Distinguen entre capacidad resolutiva o más bloqueo.
La sanidad española está descentralizada. Las comunidades autónomas gestionan recursos, infraestructuras y plantillas. Algunas han recurrido históricamente a conciertos, concesiones o colaboraciones para aliviar presión asistencial. Otras, no. El debate sobre qué modelo funciona mejor debería basarse en resultados comparables, indicadores de calidad, tiempos medios ajustados por complejidad y coste por proceso.
Sin embargo, la ley no nace de una evaluación independiente que demuestre que todas las fórmulas de colaboración son ineficientes o perjudiciales. Nace de una convicción política y toma base en supuestas conclusiones de informes y artículos internacionales que determinan que la sanidad privada mata, algo que ya se encargó la Universidad Complutense de enterrar en un completísimo informe transeuropeo de análisis de 500 artículos técnicos sobre colaboración público-privada, entre ellos también aquellos a los que desconcertante y repetidas veces acude la ministra. Y mientras se legisla contra un modelo, las demoras siguen creciendo.
![Fátima Matute, consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, durante un desayuno informativo este martes 9 de diciembre.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/12\/09\/actualidad\/1003744047756_260382701_320x180.jpg"])
El sistema necesita más quirófanos operativos por la tarde, más radiólogos formados, más enfermería especializada, más circuitos ágiles de derivación, más interoperabilidad digital y más evaluación de productividad clínica. Precisa de una gestión basada en datos e incentivos alineados con resultados en salud. No un marco de conflicto que reduzca la flexibilidad operativa.
La norma invade competencias autonómicas y restringe herramientas legales vigentes desde hace décadas. Más allá del debate jurídico, limita la capacidad de las comunidades para decidir cómo organizar su oferta asistencial.
En un país con realidades demográficas distintas —envejecimiento acusado en algunas regiones, presión turística en otras, dispersión rural—, la flexibilidad es una necesidad operativa.
La ministra ha construido su discurso sobre la idea de que la sanidad privada representa un riesgo sistémico. Sin embargo, el riesgo tangible hoy es el colapso progresivo de los tiempos de respuesta.
Criminalizar a un sector completo puede generar rédito político en determinados entornos ideológicos, pero no añade un quirófano, no acorta una resonancia magnética ni adelanta una consulta de oncología.
El debate sanitario exige reconocer que el Sistema Nacional de Salud es uno de los pilares del Estado de bienestar, pero también admitir que atraviesa una tensión estructural: envejecimiento poblacional, cronicidad creciente, innovación tecnológica costosa, déficit de profesionales y financiación limitada.
Ante ese escenario, cerrar puertas en lugar de evaluar resultados parece inoportuno.
La política sanitaria necesita pragmatismo, acuerdos amplios y evaluación independiente de resultados. Y debería ser prioritario un plan nacional serio, medible y financiado para reducir las listas de espera con objetivos públicos y rendición de cuentas periódica. Legislar contra un modelo sin presentar simultáneamente una estrategia robusta contra las demoras transmite una prioridad equivocada.
*** Herminia Rodríguez, presidenta de ASPE
