La dermatóloga Elisa Pinto.
Cuando la justicia se retrasa, la difamación se acelera
Elisa Pinto no sólo ha tenido que enfrentarse al acoso. Ha soportado el cuestionamiento constante de su palabra, el desgaste profesional, el aislamiento social y la muerte civil.
Como abogada de Elisa Pinto, he aprendido que la violencia no siempre se manifiesta de forma visible ni inmediata.
A veces adopta la forma de silencios prolongados, de aplazamientos reiterados, de procedimientos que nunca llegan a celebrarse.
Otras veces, se disfraza de titulares, de notas de prensa interesadas y de relatos que pretenden convertir a la víctima en sospechosa.
Lo ocurrido en las últimas semanas reúne ambas formas de violencia.
La suspensión por segunda vez del juicio penal contra Javier López Madrid y el excomisario Villarejo, señalado para febrero de 2026, no es un mero contratiempo administrativo. Es un nuevo episodio de una dilación que se prolonga desde hace más de quince años y que ha colocado a mi defendida en una situación de auténtica indefensión.
Cuando un procedimiento de esta gravedad queda paralizado sin fecha, el mensaje que recibe la víctima es devastador: su derecho a la tutela judicial efectiva puede seguir esperando.
López Madrid, este lunes, en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional.
La justicia tardía no es justicia. Cada suspensión supone un nuevo golpe emocional, un desgaste psicológico añadido y una prolongación innecesaria del daño.
En casos de acoso y violencia, el tiempo no es neutro: juega siempre en contra de quien denuncia.
La espera indefinida se convierte, de facto, en una forma de castigo para la víctima, que ve cómo su vida queda congelada en un proceso interminable.
Pero a esta parálisis judicial se ha sumado un fenómeno especialmente preocupante. La utilización de la comunicación como herramienta de presión y descrédito.
Coincidiendo con la suspensión del juicio, se ha difundido una nota de prensa que no se limita a informar.
La nota construye un relato acusatorio contra la víctima y su defensa, trasladando al espacio mediático alegaciones interesadas formuladas en sala, de donde nunca debieron haber salido según la ética y práctica responsable de la abogacía.
Y presentándolas como verdades consolidadas, sin más veredicto que la opinión propia.
Esta forma de actuar no es casual. Cuando los tribunales callan (porque el juicio no se celebra), se intenta ocupar ese silencio con titulares.
Se desacredita a la víctima, se cuestiona su testimonio, se insinúan motivaciones espurias y se pretende invertir los roles. Quien denuncia pasa a ser señalada. Quien está acusado se presenta como perjudicado.
Es una estrategia conocida y profundamente injusta, que contribuye a la revictimización y al linchamiento público.
"Cuando un procedimiento de esta gravedad queda paralizado, el mensaje que recibe la víctima es devastador: su derecho a la tutela judicial efectiva puede seguir esperando."
La comunicación no puede convertirse en un sustituto del proceso judicial ni en un arma para condicionar la percepción social de un caso pendiente de enjuiciamiento.
Defender una posición procesal es legítimo. Convertir esa defensa en una campaña de difamación no lo es.
Cuando se extraen frases de su contexto, se manipula el contenido de las actuaciones y se lanzan acusaciones graves fuera del marco judicial, se cruza una línea ética que daña no sólo a la víctima, sino al propio sistema de garantías.
Elisa Pinto no sólo ha tenido que enfrentarse al presunto acoso que denunció. Ha soportado durante años el cuestionamiento constante de su palabra, el desgaste profesional, el aislamiento social y lo que ella misma ha definido como una auténtica "muerte civil".
Ahora, además, se le exige resistir una batalla mediática mientras se le niega, una vez más, el espacio natural donde deberían resolverse los hechos: un juicio con todas las garantías.
Como abogada, seguiré defendiendo a mi cliente donde corresponde. En los tribunales.
Pero como jurista, como acusación popular y como ciudadana, no puedo dejar de señalar una realidad incómoda. Cuando la justicia se retrasa de forma reiterada y la difamación se acelera, el equilibrio se rompe.
Y cuando ese desequilibrio se normaliza, el mensaje que se lanza a las víctimas es desolador.
Elisa Pinto no pide trato de favor. Pide algo mucho más básico y mucho más urgente. Que se celebre el juicio, que se la escuche y que su derecho a una respuesta judicial efectiva deje de aplazarse indefinidamente.
Todo lo demás (el ruido, los titulares, las campañas) no es defensa. Es una forma más de violencia.
*** Ana Blanco Vázquez de Prada es abogada penalista.
