El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado sábado.
Esperando a los bárbaros
Aquí no se habla ya el lenguaje del Derecho. Se habla el lenguaje del poder. De un poder que llega hasta donde llegue su fuerza con la espada (Venezuela) o con la cartera (Groenlandia).
El Estado se inventó para sacar a los seres humanos del estado de naturaleza en el que el hombre es un lobo para el hombre. Y para evitar que los Estados se comporten como manadas de lobos la humanidad ha ido diseñando lentamente una sociedad de naciones basada en el Derecho.
Es así como, para evitar el salvajismo y la fuerza, desde la paz de Westfalia (1624) y hasta bien entrado el siglo XX, se ha ido construyendo un orden internacional sustentado en reglas.
El último momento estelar de este genial proyecto fue cuando, en el siglo XX y tras la destrucción provocada por la Segunda Guerra Mundial, los Estados firmantes aprobaron aquella trilogía constituida por la Carta de Naciones Unidas (1946), la Declaración de Derechos Humanos (1948) y los Pactos Internacionales de derechos civiles, económicos, sociales y culturales (1966).
Con la Carta de Naciones Unidas se constituyeron las nuevas bases de la sociedad internacional.
Mediante el artículo 2.4 de aquella Carta se prohibió tajantemente a los Estados recurrir al uso de la fuerza contra la integridad territorial de otro Estado.
Años más tarde, la Resolución 2625 consagró en 1970 el derecho de todos los pueblos a determinar libremente, sin injerencia interna, su condición política y de procurar su desarrollo económico, social y cultural.
La asamblea de la ONU. EFE
Desde entonces las vigas maestras del orden internacional se pueden expresar apretadamente en estas seis proposiciones (M. Walzer):
1) Existe una sociedad internacional compuesta por Estados soberanos e independientes,
2) La sociedad internacional posee un orden legal que establece los derechos y obligaciones de sus miembros,
3) Cualquier uso de fuerza contra la soberanía e integridad territorial de otro Estado representa un acto criminal,
4) La agresión de un Estado justifica la autodefensa de la víctima,
5) Todo Estado agresor puede ser castigado y
6) Sólo por razones extremas de humanidad y con la aprobación del Consejo de Seguridad se puede intervenir en los asuntos de otro Estado.
Es verdad que el Derecho internacional, como todo orden legal, expresa un deber ser, que no siempre alcanza a realizarse.
Pero aquella Carta sigue ahí vigente.
Y, aun con sus insuficiencias, la seguimos utilizando para calificar como legítimas o ilegítimas las intervenciones de los Estados en la antigua Yugoslavia, en Afganistán, en Irak, en Irán, en Gaza, en Ucrania o en Venezuela.
El Derecho internacional opera como razones para guiar la acción de los gobiernos y para que los ciudadanos valoremos la admisibilidad de su comportamiento en el concierto internacional.
Y porque sigue vigente aquella Carta de Naciones Unidas, debemos calificar como ilegal tanto la invasión de Ucrania por parte de Rusia como la “extracción” o secuestro por parte de los Estados Unidos del jefe del Estado de Venezuela, sea cual sea nuestra opinión sobre este régimen.
"Solo la polarización tóxica de nuestras sociedades hace posible esa hemiplejía moral de la que hablaba Ortega y Gasset y que aqueja a veces a los partidos"
Son unas intervenciones ilegales que, además, tienen una especial gravedad al menos por tres motivos.
En primer lugar, porque los Estados que están violando el orden internacional son miembros de pleno derecho del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y como tales tienen una mayor responsabilidad en el mantenimiento de la paz.
En segundo lugar, ambas intervenciones son especialmente graves por la brutalidad con que están siendo ejecutadas.
Y en tercer lugar son particularmente repulsivas por la obscenidad de sus pretendidas “justificaciones” o, mejor dicho, por su falta absoluta de justificación en Derecho.
Solo la polarización tóxica de nuestras sociedades hace posible esa hemiplejía moral de la que hablaba Ortega y Gasset y que aqueja a veces a los partidos.
Es lo que ocurre con una parte de la izquierda que no quiere ver las violaciones del orden internacional que está cometiendo Rusia en Ucrania.
Y es también el caso de una parte de la derecha que se niega a condenar la actuación del presidente Trump en Venezuela.
Son violaciones del orden internacional diferentes, por supuesto.
Pero hay también en ambas algunas semejanzas de fondo que permitirían añadir la pareja Putin y Trump a las Vidas paralelas de Plutarco.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, escoltados por agentes de la DEA hasta un tribunal de Nueva York tras su captura el 3 de enero. Europa Press
Lo que está ocurriendo es tan grave que nos retrotrae al viejo debate sobre si los Estados pueden o no y con qué condiciones recurrir al uso de la fuerza para perseguir sus objetivos.
Es como si no hubiera existido aquel 26 de junio de 1945 en el que cincuenta Estados firmaron en San Francisco la Carta de Naciones Unidas y tuviéramos que comenzar de nuevo a justificar lo que creíamos ya asumido por todas las naciones.
No faltan ahora quienes justifican, exculpan o prefieren pasar de largo ante estas violaciones del orden internacional y optan por centrar en el debate en los eventuales resultados positivos que podrían tal vez derivarse de las mismas.
Pero unos y otros deberían imaginar cómo serán las relaciones entre los Estados y por tanto la vida de miles de millones de personas si por la vía de los hechos quedara ya sin vigencia el orden jurídico internacional con todas sus garantías, controles y limitaciones.
Deberían también pensar qué dirán si en el futuro otros grandes países, como China, se sienten también liberados de la Carta de Naciones Unidas.
![Imagen de Nicolás Maduro compartida por la DEA.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/01\/04\/actualidad\/1003744077739_260763185_320x180.jpg"])
Sería la vuelta al estado de naturaleza en el que los Estados, como manadas de lobos, persiguen sus objetivos sin ningún control. Ausente el Derecho, que es quien fija los límites a la fuerza bruta, la única ley de la naturaleza es la de la propia supervivencia e interés.
Es la misma ley que impulsa a Putin a arrasar un Estado independiente para, dice, garantizar su seguridad.
Es la misma ley que le lleva a Trump a asaltar a un país para quedarse con su petróleo de Venezuela o las riquezas de Groenlandia.
Porque ¿qué otra justificación se ha alegado hasta ahora para utilizar la fuerza contra otro Estado?
El presidente de los Estados Unidos acaba de hacer una afirmación tan sincera como auténticamente escandalosa: "Yo no necesito el Derecho internacional".
Y efectivamente sus actuaciones no se hacen en nombre del Derecho. Son intervenciones cuya justificación pública hay que buscarlas en las teorías del espacio vital.
Es en el fondo la doctrina revisitada del Destino manifiesto de los Estados Unidos, basada en la creencia de ser el pueblo elegido para “ocupar en su plenitud el continente que la Providencia nos ha concedido” (John O´Sullivan).
Es la doctrina en Europa de Friedrich Ratzel sobre el espacio vital que necesitan los Estados para poder subsistir y que terminó germinando en el siniestro Lebensraum de los nazis.
Son las teorías de Aleksander Dugin e Ivan Ilyin justificando invasiones rusas en la necesidad de este país de asegurar recursos para su supervivencia y seguridad.
Aquí no se habla ya el lenguaje del Derecho. Se habla el lenguaje del poder. De un poder que, en ausencia de reglas, llega hasta donde llegue su fuerza con la espada (Venezuela) o con la cartera (Groenlandia).
Es la vuelta al estado salvaje.
Esperando a los bárbaros es el título de la intrigante e inquietante novela de J. M. Goetzee. Cuenta cómo un innominado magistrado es enviado a las fronteras del Imperio ante la amenaza de una invasión de los bárbaros.
En su misión oficial, el magistrado termina conociendo tanto el comportamiento de los oficiales del Imperio como el de los nómadas del desierto. Y finaliza anotando en su diario: “He tenido delante de los ojos algo que salta a la vista y todavía no lo veo”.
Y es que el magistrado ya no sabía muy bien quiénes eran realmente los bárbaros: los nómadas del desierto o los oficiales del Imperio.
*** Virgilio Zapatero es rector emérito de la Universidad de Alcalá.
